Para ordenar a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón, que realice dentro de un término de sesenta (60) días todas las gestiones y acciones necesarias, para que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica notifiquen a LUMA Energy el inicio de la cancelación del contrato conocido como el Operation and Maintenance Agreement del 17 de junio de 2020 y el Supplemental Agreement del 22 de junio de 2020, por incumplimiento con varias cláusulas contractuales por parte de LUMA Energy, LLC (en un momento conocida como LUMA ManageCo.) y LUMA ServCo., entre ambos los Operadores de GridCo; garantizar la continuidad del servicio durante la transición; y para otros fines.

Para ordenar al consorcio LUMA Energy a que, en un término de treinta (30) días, muestre causa por la cual no deba cancelarse su contrato con el Gobierno de Puerto Rico. De establecerse causa suficiente para la cancelación, y mediante el voto afirmativo de la Asamblea Legislativa, se procederá a solicitar formalmente al Gobierno de Puerto Rico la cancelación del contrato.

Esta Resolución Conjunta ordena al consorcio LUMA Energy a presentar ante la Asamblea Legislativa, en un plazo de treinta (30) días, argumentos y pruebas (con el peso de la prueba recayendo sobre LUMA) que justifiquen por qué su contrato con el Gobierno de Puerto Rico no debe ser cancelado. Si la Asamblea Legislativa determina que existe causa suficiente para la cancelación, votará afirmativamente para solicitar formalmente al Gobierno de Puerto Rico que proceda con la rescisión contractual, siempre y cuando exista una compañía competente para asumir las funciones en su sustitución.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes delGobierno de Puerto Rico, realizar una investigación e inmediata sobre las reiteradas fallas operacionales y la gestión del sistema eléctrico a cargo de LUMA Energy, LLC y GENERA PR, incluyendo los eventos ocurridos en la Unidad CT-1 de EcoEléctrica y las unidades de Costa Sur, así como cualquier otra interrupción o deficiencia en el servicio eléctrico que pueda estar relacionada con la gestión de dichas entidades.

Esta Resolución conjunta ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación inmediata sobre las fallas operacionales y la gestión del sistema eléctrico a cargo de LUMA Energy y GENERA PR. La investigación deberá examinar la capacidad de estimación de combustible, la programación de transiciones, planes de contingencia, responsabilidad en interrupciones, validez de comunicados de LUMA, y la posible negligencia o autosabotaje. Se faculta a la Comisión para citar personal y documentos, y deberá presentar un informe con hallazgos y recomendaciones en 90 días, incluyendo la posibilidad de rescindir contratos.

Para ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico a llevar a cabo todos los trámites correspondientes para que LUMA Energy anule y/o detenga todo cobro por “estudios complementarios” a clientes solares que tengan sistemas interconectados de hasta veinticinco (25) kilovatios de tamaño; disponer para que el Negociado de Energía en un periodo de sesenta (60) días lleve a cabo todas las gestiones para retomar la promulgación de un nuevo Reglamento de Interconexión en virtud de la Ley 17-2019, siguiendo las mejores prácticas de la industria eléctrica e incluyendo en el proceso de participación para la adopción y promulgación de dicho Reglamento a profesionales expertos; y exigir la rendición de cuentas del Negociado de Energía ante esta Asamblea Legislativa; y para otros fines.

La medida ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que instruya a LUMA Energy a anular y detener cobros por 'estudios complementarios' a clientes solares con sistemas interconectados de hasta 25 kilovatios (kW). Además, exige al NEPR que, en un plazo de 60 días, retome la promulgación de un nuevo Reglamento de Interconexión bajo la Ley 17-2019, incorporando mejores prácticas y participación de expertos. Finalmente, se busca exigir rendición de cuentas del NEPR ante la Asamblea Legislativa.