Para ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a que, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia, creada en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2025-023, identifiquen un ahorro de cinco por ciento (5%) en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, a los fines de identificar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva que beneficie a los contribuyentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para asignar la cantidad de ciento cincuenta millones (150,000,000) de dólares, con cargo aI Fondo General del Tesoro Estatal, para cubrir las necesidades de servicios esenciales de los gobiernos municipales para que puedan ser utilizados por los municipios de Puerto Rico de acuerdo con sus necesidades económicas y tomando en consideración las necesidades de cada municipio; disponer sobre la distribución de los fondos; y para otros fines.

Esta medida propone asignar la cantidad de ciento cincuenta millones de dólares ($150,000,000) del Fondo General del Tesoro Estatal. Estos fondos se destinarán a cubrir necesidades de servicios esenciales de los gobiernos municipales de Puerto Rico. La distribución se basará en las necesidades económicas y específicas de cada municipio.

Para enmendar la Resolución Conjunta del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026, aumentando el presupuesto de trece mil noventa y cinco millones trescientos quince mil dólares ($13,095,315,000) a trece mil setecientos treinta millones ochocientos setenta y tres mil dólares ($13,730,873,000), mediante la asignación de fondos del Fondo General del Tesoro Estatal para sufragar gastos del Gobierno de Puerto Rico correspondientes al año fiscal que termina el 30 de junio de 2026; y para incluir, además, como parte del Presupuesto General para el Año Fiscal 2026, una asignación de quinientos cincuenta y ocho mil dólares ($558,000), provenientes de sobrantes de años anteriores del Fondo General del Tesoro Estatal, para reponer la asignación destinada al pago del Instrumento de Valor Contingente del Arbitrio del Ron, y para otros fines.

Esta Resolución Conjunta (RCS 194) enmienda la Resolución Conjunta del Fondo General para el Año Fiscal 2026 para aumentar el presupuesto total de $13,095,315,000 a $13,730,873,000. Asigna fondos adicionales para cubrir gastos gubernamentales, incluyendo $558,000 de sobrantes para reponer la asignación del pago del Instrumento de Valor Contingente del Arbitrio del Ron. Detalla asignaciones específicas para la Reserva para el Fondo de Estabilización Presupuestaria ($222.9M), deudas del Departamento de Educación ($90.4M), compensación a la Policía ($80.6M), primas de seguros adeudadas a la CFSE/ASEM ($8M), el Fideicomiso de Conservación ($11.4M), programas de reciclaje y manejo de desperdicios ($6.5M), y el pago del Instrumento de Valor Contingente del Arbitrio del Ron ($3.5M).

Para ordenar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la nueva política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump; profundizar en cuanto al impacto que tiene en la economía de Puerto Rico la imposición de los aranceles a diferentes países; indagar cómo afecta en los precios de la canasta básica de Puerto Rico; evaluar alternativas para la potencial congelación de subvenciones federales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación exhaustiva. La investigación se centrará en la política fiscal federal del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, analizando su impacto en la economía de Puerto Rico, los precios de la canasta básica, y evaluando alternativas ante una posible congelación de subvenciones federales. La Comisión deberá presentar un primer informe en 60 días y uno final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa. Afecta directamente a la Comisión de Hacienda, que deberá dedicar recursos a esta labor, y de forma indirecta a la ciudadanía, que podría beneficiarse de futuras recomendaciones basadas en los hallazgos.