Para ordenar al Departamento de Hacienda la realización de un estudio integral sobre modelos de loterías digitales voluntarias con premios no monetarios, tales como experiencias culturales, vacaciones y estancias; evaluar el uso de infraestructura tecnológica existente para captar fondos vía juegos en línea; presentar recomendaciones para su implementación sin impacto presupuestario adicional al erario; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que operen, desarrollen o utilicen sistemas de Inteligencia Artificial en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordenaba al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) realizar un estudio sobre las brechas en las leyes de privacidad de datos existentes en Puerto Rico, con el fin de proponer reglas para el uso de Inteligencia Artificial (IA) que protejan a los ciudadanos y la competitividad económica. El estudio debía incluir el diseño de un marco de mejores prácticas para el uso ético de la IA, basado en principios como alfabetización tecnológica, acceso, educación, protección de propiedad intelectual, colaboración multisectorial y equidad. PRITS debía rendir informes semestrales a la Asamblea Legislativa sobre sus gestiones, conclusiones, gastos y legislación relevante.

Para ordenar al Departamento de Hacienda enmendar el inciso (6) del Artículo 5 del Reglamento Número 49 de 2012, a los fines de incluir una nueva asignación sobre servicios relacionados con la tecnología, de manera que los gastos incurridos por las agencias del Gobierno de Puerto Rico en contratos de dicha naturaleza tengan su propia clasificación y no queden subsumidos dentro de otras asignaciones; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a enmendar el Reglamento Número 49 de 2012 para crear una nueva clasificación presupuestaria específica para gastos en servicios relacionados con tecnología y comunicaciones. Esto aplicará a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, asegurando que estos gastos no se subsuman bajo categorías genéricas como 'servicios profesionales' u 'otros gastos'. El Departamento de Hacienda tiene 30 días para iniciar el proceso de enmienda, y la nueva clasificación será efectiva a partir del año fiscal 2025-2026.

“Para ordenar al Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico a digitalizar todos los expedientes originales ubicados en sus oficinas regionales, particularmente aquellos relacionados con propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización; así como la digitalización de planos y documentos técnicos, a los fines de preservar la información en caso de desastres naturales, incendios, inundaciones u otras emergencias.”

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a digitalizar sistemáticamente todos los expedientes físicos y documentos técnicos de sus oficinas regionales, con énfasis en propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización. La medida exige establecer un protocolo de respaldo seguro para los archivos digitales, incluyendo almacenamiento en la nube y sistemas redundantes. Además, el Departamento debe presentar un informe detallado a la Asamblea Legislativa en un plazo de 120 días sobre el inventario, plan de trabajo, recursos necesarios y recomendaciones para la implementación, afectando directamente la gestión documental y la preservación de información crítica del Departamento.

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en coordinación con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y los municipios, la realización de un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo (incluyendo plataformas como Airbnb, VRBO y similares) en las comunidades residenciales de Puerto Rico; evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales; y presentar recomendaciones para políticas públicas equilibradas que protejan tanto el desarrollo turístico como los derechos de los residentes, sin incurrir en gastos adicionales significativos al erario; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta del Senado 134 (RCS 134) proponía ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en coordinación con los Departamentos de la Vivienda y Justicia, la Compañía de Turismo (CTPR) y los municipios, a realizar un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo en las comunidades residenciales. El estudio debía evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales, para presentar recomendaciones de políticas públicas equilibradas. La medida especificaba que este esfuerzo no debía incurrir en gastos adicionales significativos al erario público.

“Para ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) la elaboración de un estudio sobre alianzas bancarias con fintech para remesas internacionales y transparencia en las tarifas de transferencias internacionales, utilizando recursos actuales sin impacto fiscal; y para otros fines relacionados.”

La Resolución Conjunta del Senado 148 (RCS 148) ordenaba a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) realizar un estudio sobre alianzas entre bancos y empresas fintech para remesas internacionales y la transparencia en las tarifas de transferencias internacionales. El estudio debía utilizar los recursos existentes de la OCIF y no generar impacto fiscal adicional. La medida buscaba analizar el potencial de estas alianzas para reducir costos, acelerar tiempos y aumentar la inclusión financiera para las familias en Puerto Rico que dependen de remesas.