Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a el Número 49 de 2012 para crear una nueva clasificación presupuestaria específica para gastos en servicios relacionados con tecnología y comunicaciones. Esto aplicará a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, asegurando que estos gastos no se subsuman bajo categorías genéricas como 'servicios profesionales' u 'otros gastos'. El Departamento de Hacienda tiene 30 días para iniciar el proceso de enmienda, y la nueva clasificación será efectiva a partir del año fiscal 2025-2026.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue de Puerto Rico el 22 de septiembre de 2025 y enviada a la Cámara de Representantes para su consideración.
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Última acción · 2 de octubre de 2025
Referido a Comisión(es)
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar al Departamento de Hacienda enmendar el inciso (6) del Artículo 5 del Reglamento Número 49 de 2012, a los fines de incluir una nueva asignación sobre servicios relacionados con la tecnología, de manera que los gastos incurridos por las agencias del Gobierno de Puerto Rico en contratos de dicha naturaleza tengan su propia clasificación y no queden subsumidos dentro de otras asignaciones; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a enmendar el Reglamento Número 49 de 2012 para crear una clasificación presupuestaria específica para gastos en servicios relacionados con tecnología y comunicaciones. Esto aplicará a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Hacienda tiene 30 días para iniciar el proceso de enmienda, y la nueva clasificación de gastos entrará en vigor para el año fiscal 2025-2026.
Para ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a que, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia, creada en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2025-023, identifiquen un ahorro de cinco por ciento (5%) en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, a los fines de identificar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva que beneficie a los contribuyentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 119 (RCS 119) buscaba ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico, a identificar un ahorro del cinco por ciento (5%) en su presupuesto para el Año Fiscal 2026-2027. El propósito era allegar aproximadamente quinientos millones de dólares ($500,000,000) para financiar una reforma contributiva. Se exigía que los ahorros no provinieran de despidos, reducción de beneficios laborales o eliminación de servicios esenciales, y que las entidades rindieran un informe detallando las partidas identificadas antes del 30 de abril de 2026.
Para ordenar al Departamento de Hacienda la realización de un estudio integral sobre modelos de loterías digitales voluntarias con premios no monetarios, tales como experiencias culturales, vacaciones y estancias; evaluar el uso de infraestructura tecnológica existente para captar fondos vía juegos en línea; presentar recomendaciones para su implementación sin impacto presupuestario adicional al erario; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a realizar un estudio integral sobre la viabilidad de implementar loterías digitales voluntarias. El estudio debe evaluar modelos que ofrezcan premios no monetarios (como experiencias culturales o vacaciones), el uso de infraestructura tecnológica gubernamental existente para captar fondos en línea, y proponer recomendaciones para su implementación sin generar un gasto adicional al erario público. El informe deberá completarse en 120 días.
Para ordenar al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico la preparación y publicación anual de un Informe de Gasto Tributario Municipal comenzando con el año 2025, que incluya el examen del impacto que las distintas excepciones, exenciones, créditos, deducciones, exclusiones y tasas preferenciales creadas por legislación del Gobierno Central y municipal tienen sobre los recaudos municipales, su base imponible, su estabilidad fiscal y sobre su capacidad para prestar servicios esenciales; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda de Puerto Rico a preparar y publicar anualmente, a partir del año 2025, un Informe de Gasto Tributario Municipal. Este informe examinará el impacto de las exenciones, créditos y otras disposiciones fiscales (tanto del gobierno central como municipales) sobre los recaudos, la base imponible, la estabilidad fiscal y la capacidad de los municipios para prestar servicios esenciales. El estudio deberá incluir recomendaciones y proyecciones a cinco años, y se realizará en colaboración con el CRIM y las asociaciones de alcaldes.
Para ordenar a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico a que, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Coordinadora de Eficiencia, creada en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2025-023, identifiquen un ahorro de cinco por ciento (5%) en el presupuesto del Año Fiscal 2026-2027, a los fines de identificar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva que beneficie a los contribuyentes de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena a todas las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con excepción de la Universidad de Puerto Rico, a identificar un ahorro del cinco por ciento (5%) en su presupuesto para el Año Fiscal 2026-2027. El objetivo es generar quinientos (500) millones de dólares para financiar una reforma contributiva. Las agencias deberán rendir un informe detallando las partidas de ahorro propuestas antes del 30 de abril de 2026. Los ahorros no podrán provenir del despido de empleados ni de la eliminación de servicios esenciales.
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