RCS 224

Para ordenar al Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico a realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad jurídica, administrativa, operacional y fiscal de la descentralización, regionalización y/o transferencia a los gobiernos municipales, individualmente o mediante estructuras de colaboración intermunicipal o regional, determinados servicios, funciones y competencias que actualmente ofrece o ejerce el Gobierno Central; examinar los estudios, informes, propuestas e iniciativas que se han desarrollado a través de los años sobre esta materia; identificar los servicios susceptibles de ser administrados por los municipios o mediante estructuras regionales; evaluar los mecanismos legales, administrativos y fiscales necesarios para su implantación; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La R. C. del S. 224 ordenaría al Departamento de Estado estudiar qué servicios, programas y competencias del Gobierno Central podrían pasar a municipios o administrarse mediante colaboración intermunicipal o regional. El análisis debe cubrir, entre otros asuntos, la legalidad, capacidad municipal, costos, personal, activos, fuentes de financiamiento y efectos sobre comunidades vulnerables; también debe revisar estudios e iniciativas del periodo 2013-2024. Dentro de los 180 días siguientes a su aprobación, el Departamento tendría que entregar un informe a la Gobernadora, al Senado y a la Cámara con recomendaciones, estimaciones y un plan de implantación por etapas. La medida no transfiere servicios ni poderes a los municipios, no obliga a implantar las recomendaciones y no asigna una partida de fondos.

Pros

•Exige evaluar cada servicio por separado, incluyendo si conviene administrarlo por un municipio o mediante una estructura regional, y calcular costos de personal, infraestructura, tecnología, mantenimiento y continuidad operacional. Eso daría a la Legislatura y a los municipios información concreta para considerar transferencias sin presumir que todos los ayuntamientos tienen la misma capacidad.
•Obliga a considerar en el análisis los derechos laborales aplicables y los efectos sobre comunidades rurales, personas vulnerables y quienes enfrentan barreras geográficas, económicas o tecnológicas. Así, esos factores tendrían que formar parte de las recomendaciones que se entreguen a la Gobernadora y a la Legislatura, aunque la resolución no los convierte por sí sola en garantías de servicios.

Contras

•Encarga al Departamento de Estado un estudio amplio, con análisis individualizados y un informe final en 180 días, pero no identifica fondos ni personal adicional para realizarlo. La carga de recopilar y evaluar información de numerosas entidades podría dificultar completar el trabajo con el detalle requerido dentro del plazo.

Intereses en juego

Beneficia a:: La Gobernadora y la Legislatura recibirían un informe para considerar cambios futuros; los municipios obtendrían un análisis de posibles funciones, costos y capacidades. No reciben nuevas facultades ni fondos por esta resolución.
Preocupa a:: El Departamento de Estado asumiría la coordinación y preparación del estudio, y las agencias y municipios concernidos tendrían que colaborar y aportar información. El texto no les asigna recursos adicionales para esas tareas.
Quién paga o decide:: El Departamento de Estado queda a cargo del estudio, pero la resolución no especifica una partida ni una fuente de fondos. Tampoco decide quién sufragará la operación de servicios transferidos: solo ordena estimar costos y posibles fuentes de financiamiento. Cualquier transferencia requeriría acciones posteriores, como legislación o medidas administrativas; el informe no las implanta.

En qué va

Fue el 15 de octubre de 2026 y el trámite indica que fue referida a una comisión, pero no identifica cuál. No consta en la información provista que haya sido aprobada.

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Trámite legislativo

Última acción · 15 de octubre de 2026

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Para ordenar al Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico a realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad jurídica, administrativa, operacional y fiscal de la descentralización, regionalización y/o transferencia a los gobiernos municipales, individualmente o mediante estructuras de colaboración intermunicipal o regional, determinados servicios, funciones y competencias que actualmente ofrece o ejerce el Gobierno Central; examinar los estudios, informes, propuestas e iniciativas que se han desarrollado a través de los años sobre esta materia; identificar los servicios susceptibles de ser administrados por los municipios o mediante estructuras regionales; evaluar los mecanismos legales, administrativos y fiscales necesarios para su implantación; y para otros fines relacionados.