“Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir al Municipio de Maricao los fondos necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María; para disponer la procedencia de los fondos; y para otros fines relacionados.”
Qué propone
La Resolución Conjunta del Senado 62 (RCS 62) proponía ordenar al Departamento de la Vivienda (DV) la transferencia de fondos federales CDBG-MIT al Municipio de Maricao. Estos fondos estarían destinados específicamente a la reparación de techos de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, priorizando a familias que aún vivían bajo toldos azules. El texto especificaba que los fondos provendrían de balances no utilizados del Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM).
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el contexto de los fondos federales de recuperación habitacional tras los huracanes Irma y María, un proceso que ha enfrentado retrasos administrativos prolongados en la ejecución de programas como R3, a pesar de los miles de millones de dólares asignados. La lentitud en la entrega de ayudas ha mantenido a cientos de familias desamparadas por años, lo que esta medida busca mitigar al ordenar la transferencia de fondos para la reparación de techos.
En qué va
La Resolución Conjunta del Senado 62 fue el 12 de mayo de 2025 y referida a comisión en el Senado. El 20 de febrero de 2026, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA emitió un , recomendando no aprobar la medida por considerarla inviable debido a las regulaciones federales sobre la administración de fondos CDBG-MIT.
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Última acción · 20 de febrero de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, el uso, la efectividad y la fiscalización de los fondos federales CDBG-DR, incluyendo el Programa R3 de Reparación, Reconstrucción o Reubicación de Viviendas, y CDBG-MIT sobre mitigación, asignados a Puerto Rico para la recuperación de desastres y la resiliencia ante futuros eventos catastróficos.
La Resolución de la Cámara 722 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, uso, efectividad y fiscalización de fondos federales CDBG-DR y CDBG-MIT asignados a Puerto Rico para recuperación y resiliencia ante desastres. Afecta directamente a la Comisión de Vivienda, al Departamento de la Vivienda (como entidad fiscalizada) y, de forma indirecta, a las familias y comunidades que dependen de estos fondos para reparación, reconstrucción o mitigación de sus hogares e infraestructura.
“Para ordenar al Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico a digitalizar todos los expedientes originales ubicados en sus oficinas regionales, particularmente aquellos relacionados con propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización; así como la digitalización de planos y documentos técnicos, a los fines de preservar la información en caso de desastres naturales, incendios, inundaciones u otras emergencias.”
La Resolución Conjunta del Senado 43 ordena al Departamento de la Vivienda (DV) a digitalizar todos los expedientes físicos originales en sus oficinas regionales, priorizando aquellos relacionados con propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización. También ordena la digitalización de planos y documentos técnicos. El objetivo es preservar esta información ante desastres naturales u otras emergencias, y facilitar su acceso. El DV deberá establecer un protocolo de respaldo seguro y presentar un informe a la Asamblea Legislativa en 120 días detallando el inventario, plan de trabajo, recursos y posibles colaboraciones.
Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Hacienda a asignar la cantidad de un millón ($1,000,000.00) de dólares a cada uno de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, para el Año Fiscal 2026-2027, provenientes del sobrante del Fondo General correspondiente al Año Fiscal 2025-2026, con el propósito de apoyar la preparación y mitigación de daños ante el inicio de la temporada de huracanes; y para otros fines relacionados
Esta Resolución Conjunta ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Departamento de Hacienda a asignar $1,000,000.00 a cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico para el Año Fiscal 2026-2027. Los fondos provendrán de un sobrante proyectado del Fondo General del Año Fiscal 2025-2026. El propósito es apoyar la preparación y mitigación de daños ante la temporada de huracanes, permitiendo su uso en obras de mitigación, mantenimiento, mejoras permanentes, y gastos operacionales municipales relacionados con emergencias.
Para reasignar al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la cantidad de un millón trescientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y un dólares ($1,352,861.00), provenientes de los balances correspondientes a las Resoluciones Conjuntas de los años fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020, certificados por la Autoridad de Tierras el 1ro de mayo de 2026, para ser distribuidos entre los gobiernos municipales para sufragar obras y mejoras permanentes; mejoras de capital; proyectos de desarrollo económico; mantenimiento de infraestructura crítica; la salud y la seguridad pública de los municipios del Gobierno de Puerto Rico; autorizar el pareo de fondos a ser reasignados; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 196 reasigna $1,352,861.00 de balances de resoluciones conjuntas de los años fiscales 2017 al 2020. Estos fondos se destinarán al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, para ser distribuidos entre cinco municipios específicos (Manatí, Villalba, Utuado, Añasco y Cayey) para sufragar obras y mejoras permanentes, proyectos de desarrollo económico, mantenimiento de infraestructura crítica, y para la salud y seguridad pública municipal. Se autoriza a la Autoridad de Tierras a suscribir acuerdos con los municipios y se permite el pareo de estos fondos con otras fuentes (federales, estatales o municipales).
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implantación, administración, cumplimiento y resultados de la Ley 202-2018, conocida como la “Ley para Conceder el Título de Propiedad a las Personas Beneficiarias del Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo”; determinar la cantidad de familias que han recibido sus títulos de propiedad; identificar las solicitudes pendientes y las razones que han impedido o retrasado su otorgamiento; evaluar los procedimientos establecidos por el Departamento de la Vivienda para cumplir con dicha Ley; identificar las comunidades y municipios donde permanecen propiedades sin titular; evaluar la situación de beneficiarios originales, herederos y demás ocupantes contemplados por la Ley; y para otros fines relacionados.
La R. de la C. 822 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano investigar la implantación de la Ley 202-2018; no enmienda esa ley ni concede títulos de propiedad. La investigación enumera 20 asuntos, entre ellos cuántas propiedades y solicitudes hay, cuántos títulos se otorgaron o inscribieron, cuánto llevan pendientes los casos y qué obstáculos enfrentan beneficiarios, herederos y otros ocupantes autorizados. La Comisión podrá pedir documentos y datos, celebrar vistas e inspecciones y citar personas; deberá entregar a la Cámara un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La resolución no fija una fecha para entregar ese informe.
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