“Para ordenar al Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico a digitalizar todos los expedientes originales ubicados en sus oficinas regionales…

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue cómo se está integrando la información contenida en el Registro de la Propiedad con la del Catastro Digital.

La Resolución de la Cámara 682 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes investigar la integración de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Digital (CRIM). La investigación debe determinar el nivel de comunicación entre ambas agencias, la existencia de estrategias de integración y la frecuencia de actualización de datos de contacto. El objetivo es abordar problemas de propiedades abandonadas y estorbos públicos derivados de deficiencias en la titularidad y comunicación con propietarios.

“Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir al Municipio de Maricao los fondos necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María; para disponer la procedencia de los fondos; y para otros fines relacionados.”

La Resolución Conjunta del Senado 62 (RCS 62) proponía ordenar al Departamento de la Vivienda (DV) la transferencia de fondos federales CDBG-MIT al Municipio de Maricao. Estos fondos estarían destinados específicamente a la reparación de techos de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María, priorizando a familias que aún vivían bajo toldos azules. El texto especificaba que los fondos provendrían de balances no utilizados del Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM).

“Para ordenar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), establecer un registro público de organizaciones sin fines de lucro incorporadas en Puerto Rico; delegar el establecimiento de herramientas para la organización y búsqueda de datos, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, a los fines de facilitar la identificación de iniciativas a favor de distintas causas sociales, así como para el conocimiento y beneficio general de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.”

Esta Resolución Conjunta ordena a la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) a establecer un registro público de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) incorporadas y activas en Puerto Rico. El registro deberá incluir el nombre de la organización, sus causas, servicios y datos de contacto, y será actualizado anualmente. PRITS deberá desarrollar herramientas de búsqueda, incluyendo inteligencia artificial, para organizar y facilitar el acceso a esta información, la cual estará disponible en la página del Departamento de Estado. El cumplimiento debe darse en 180 días, con un informe de progreso a la Asamblea Legislativa a los 12 meses.

“Para ordenar al Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la entrega de las carpetas de información de inteligencia recopiladas por la Policía de Puerto Rico contra ciudadanos puertorriqueños; y para otros fines relacionados.”

La Resolución Conjunta del Senado 29 ordena al Archivo General de Puerto Rico entregar carpetas de información de inteligencia recopiladas por la Policía de Puerto Rico contra ciudadanos puertorriqueños. Se establece un plazo de 90 días para la entrega a los ciudadanos o sus herederos legales, y un proceso ágil y confidencial para reclamarlas. Los expedientes no reclamados en un año pasarán a ser de interés histórico bajo custodia del Archivo, disponibles para consulta pública protegiendo datos sensibles.

Para ordenar al Departamento de la Vivienda a realizar todas las gestiones necesarias para otorgar títulos de propiedad a los vecinos de la Comunidad Betances en el Barrio Quinto del Municipio de Ponce por el valor nominal de un dólar ($1.00); establecer ciertos requisitos y criterios para el otorgamiento de los títulos de propiedad; y para otros fines relacionados.

Ordena al Departamento de la Vivienda realizar las gestiones necesarias para otorgar títulos a residentes de la Comunidad Betances, en el Barrio Quinto de Ponce; no identifica cabida ni números de finca o catastro. El título de la medida fija el valor nominal en $1 por título, aunque las secciones dispositivas no repiten ese precio. La sección 1 permite acogerse a la Ley Núm. 132 de 1975 o a otro programa de Vivienda, mientras la sección 2 exige cumplir con la Ley Núm. 132; además, dispone que las propiedades se entreguen en las condiciones existentes, sin obligación de hacer mejoras. La Exposición de Motivos atribuye al programa de títulos de Vivienda una asignación de $40,000,000 en fondos CDBG-DR, pero no dice que esa cantidad se asigne a esta comunidad.