Qué propone
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a digitalizar sistemáticamente todos los expedientes físicos y documentos técnicos de sus oficinas regionales, con énfasis en propiedades bajo , vacantes o en proceso de actualización. La medida exige establecer un protocolo de respaldo seguro para los archivos digitales, incluyendo almacenamiento en la nube y sistemas redundantes. Además, el Departamento debe presentar un informe detallado a la Asamblea Legislativa en un plazo de 120 días sobre el inventario, plan de trabajo, recursos necesarios y recomendaciones para la implementación, afectando directamente la gestión documental y la preservación de información crítica del Departamento.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida aborda la informalidad en la titularidad de viviendas, un problema histórico en Puerto Rico que se agudizó tras los huracanes Irma y María, cuando la falta de escrituras registradas impidió a miles de familias acceder a fondos de FEMA. La digitalización de expedientes del Departamento de la Vivienda, especialmente los relacionados con y propiedades vacantes, es un paso para mitigar esta vulnerabilidad y asegurar la preservación de información crítica para la titularidad y la asistencia en futuras emergencias.
En qué va
Esta Resolución Conjunta fue aprobada por ambas cámaras legislativas en 2025 y 2026, siendo el 2 de julio de 2026. Fue mediante el 2 de agosto de 2026.
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Última acción · 2 de agosto de 2026
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (24)
A favor (46)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario y depuración de solares y fincas vacantes, con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas y con propiedades enclavadas, así como su digitalización para garantizar acceso a empleados gubernamentales y al público en general.”
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a realizar un inventario completo y depuración de solares y fincas vacantes bajo su administración. Se requiere la categorización de estas propiedades (con usufructo en abandono, sin propiedades enclavadas, con propiedades enclavadas), su digitalización y acceso público a través de una plataforma en línea. El Departamento tendrá un plazo de seis meses para el inventario inicial y seis meses adicionales para la digitalización y acceso público, debiendo presentar informes trimestrales a la Asamblea Legislativa. Afecta directamente al Departamento de la Vivienda en su ejecución y a la ciudadanía que busca oportunidades de vivienda o desarrollo.
Para ordenar al Departamento de la Vivienda a realizar todas las gestiones necesarias para otorgar títulos de propiedad a los vecinos de la Comunidad Betances en el Barrio Quinto del Municipio de Ponce por el valor nominal de un dólar ($1.00); establecer ciertos requisitos y criterios para el otorgamiento de los títulos de propiedad; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de la Vivienda a realizar gestiones para otorgar títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Betances en Ponce. La concesión se basará en la Ley Núm. 132 de 1975 o programas existentes, sin que el Departamento de Vivienda tenga que realizar mejoras previas a las propiedades. El Departamento deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa hasta la entrega del último título.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investigue cómo se está integrando la información contenida en el Registro de la Propiedad con la del Catastro Digital.
La Resolución de la Cámara 682 ordena a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes investigar la integración de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Digital (CRIM). La investigación debe determinar el nivel de comunicación entre ambas agencias, la existencia de estrategias de integración y la frecuencia de actualización de datos de contacto. El objetivo es abordar problemas de propiedades abandonadas y estorbos públicos derivados de deficiencias en la titularidad y comunicación con propietarios.
Para ordenar al Departamento de la Vivienda a adquirir al precio nominal de un (1.00) dólar por parte de la Autoridad de Tierras, los terrenos donde enclavan las viviendas de los residentes de la Calle Esperanza, en el Sector las Acerolas, del Barrio Almirante Norte del Municipio de Vega Baja, y una vez adquirida la titularidad, segregarlos y cederlos; otorgándole títulos de propiedad a los vecinos de la antes mencionada comunidad; disponiéndose que estas personas estarán exentos del cumplimiento del requisito de ingresos establecido en la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada.
Esta Resolución Conjunta ordena a la Autoridad de Tierras transferir terrenos específicos en Vega Baja al Departamento de la Vivienda, para que este último los segregue y otorgue títulos de propiedad a los residentes de la Calle Esperanza, Sector Las Acerolas. Se exime a estos residentes del requisito de ingresos de la Ley 132 de 1975. La transferencia por parte de la Autoridad de Tierras deberá completarse en 60 días laborables tras la aprobación.
“Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir al Municipio de Maricao los fondos necesarios para la reparación de techos afectados por los huracanes Irma y María; para disponer la procedencia de los fondos; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Conjunta del Senado 62 ordena al Departamento de la Vivienda transferir fondos federales del programa CDBG-MIT al Municipio de Maricao. Estos fondos se destinarían específicamente a la reparación de techos de residencias afectadas por los huracanes Irma y María. La medida busca agilizar la asignación de estos recursos para atender a familias que aún viven en condiciones precarias.
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