Para instarle a la Gobernadora Jenniffer González Colón a gestionar medidas de mitigación y protección para los empleados federales despedidos en Puerto Rico, incluyendo asistencia económica y programas de reempleo. Asimismo, se le exhorta a desarrollar un plan de acción a nivel estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos en la isla.; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta Resolución Concurrente insta a la Gobernadora de Puerto Rico a gestionar medidas de mitigación y protección para empleados federales despedidos en la isla, solicitando asistencia económica y programas de reempleo. Asimismo, le exhorta a desarrollar un plan de acción estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos. La medida no crea derechos ni obligaciones legales, sino que es un llamado a la acción ejecutiva.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
Esta Resolución Concurrente fue el 27 de febrero de 2025, tuvo su primera lectura en la Cámara de Representantes el mismo día y fue referida a la Comisión de Asuntos Internos para su consideración.
Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.
Última acción · 27 de febrero de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para instarle a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón a gestionar medidas de mitigación y protección para los empleados despedidos en Puerto Rico, incluyendo asistencia económica y programas de reempleo; exhortarle a desarrollar un plan de acción a nivel estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos en la isla; y para otros fines relacionados.”
La Resolución Concurrente del Senado 6 insta a la Gobernadora de Puerto Rico a gestionar medidas de mitigación y protección para empleados federales despedidos en la isla, incluyendo asistencia económica y programas de reempleo. También le exhorta a desarrollar un plan de acción estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos.
Para expresar preocupación por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el método utilizado y falta de atención, en el cálculo del Locality Pay realizado por United States Office of Personnel Management (OPM), en la jurisdicción de Puerto Rico y solicitar al Presidente Donald Trump, al Congreso de los Estados Unidos, así como a las agencias federales concernidas asistencia adicional, y garantizar los beneficios de los empleados federales en la Isla; y para otros fines relacionados.
La R. Conc. de la C. 6 no enmienda leyes ni aumenta salarios: expresa preocupación por el cálculo del Locality Pay y solicita al Presidente de Estados Unidos, al Congreso y a agencias federales medidas correctivas y asistencia para empleados federales en Puerto Rico. La Exposición de Motivos indica que más de 10,000 empleados federales trabajan en la Isla; la resolución no fija un aumento, una fórmula salarial ni una cantidad de fondos. La sección 2 ordena enviar una copia certificada y traducida al inglés al Presidente, al liderato de ambas cámaras del Congreso y al director de OPM. La sección 3 dispone que la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y la Oficina del Comisionado Residente, junto con los presidentes de la Cámara y el Senado, impulsen un aumento; entra en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Para solicitar a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer N. González Colón, que declare un estado de emergencia sobre la infraestructura de energía eléctrica en los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja, a los fines de facilitar medidas urgentes, asignar los recursos necesarios y agilizar los proyectos prioritarios que garanticen la estabilidad del sistema a las comunidades afectadas dado a los recientes acontecimientos en el área.
Esta medida es una Resolución Concurrente que solicita a la Gobernadora de Puerto Rico que declare un estado de emergencia para la infraestructura de energía eléctrica en los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja. Busca facilitar medidas urgentes, asignar recursos y agilizar proyectos prioritarios. Adicionalmente, solicita que se autorice a las agencias ejecutivas a identificar y otorgar incentivos económicos para familias y comercios afectados por interrupciones recientes en el servicio, específicamente desde el 8 de agosto de 2025.
Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.
La Resolución Concurrente del Senado 13 (R. Conc. del S. 13) exige al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos la cancelación inmediata de ejercicios militares en Puerto Rico y aguas cercanas, así como detener planes de remilitarización o reapertura de bases. También reclama la limpieza de terrenos contaminados por ejercicios bélicos y el inicio de un proceso de descolonización para que el pueblo escoja alternativas no coloniales y no territoriales. La medida se dirige a las ramas ejecutiva y legislativa federal de Estados Unidos, y a la comunidad internacional a través de la difusión de sus reclamos.
Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico exprese el más enfático rechazo a la carta y borrador de Orden Ejecutiva presentada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump; solicitando la implementación de un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico; y para otros fines.
La Resolución Concurrente de la Cámara 16 (R. Conc. de la C. 16) es una medida de opinión que busca expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una carta y borrador de Orden Ejecutiva dirigidos al entonces Presidente Donald J. Trump, solicitando un proceso de autodeterminación e independencia para Puerto Rico. La medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, sino que fija una postura política del cuerpo legislativo.
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