Qué propone
La Resolución Concurrente de la Cámara 17 solicita formalmente a la Administradora de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) federal, Stephanie Carlton, que atienda la disparidad en la del programa Medicare Advantage (MA) para Puerto Rico. Busca que se adopten medidas administrativas y correctivas para garantizar la continuidad de los servicios de salud y un trato igualitario para los ciudadanos americanos residentes en la Isla, quienes reciben menos fondos que en los estados continentales.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
La medida aborda la disparidad de fondos en Medicare Advantage, lo cual se alinea con la preocupación histórica sobre la falta de paridad en las asignaciones federales de Medicaid (Fuente 4) y las bajas tarifas de reembolso de Medicare que impulsan la emigración de profesionales de la salud (Fuente 3). Esta disparidad en el financiamiento federal es un tema recurrente que afecta la sostenibilidad del sistema de salud en Puerto Rico y el acceso a servicios para sus ciudadanos.
En qué va
Esta Resolución Concurrente de la Cámara (R. Conc. de la C. 17) fue el 31 de marzo de 2025, pasó por primera lectura y fue referida a comisión. El 6 de octubre de 2025, la Comisión de Asuntos Internos rindió un con y la medida fue entirillada y remitida a la Comisión de Calendarios de la Cámara.
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Última acción · 6 de octubre de 2025
Remitido a Comisión de Calendarios de la Cámara
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para requerir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que respondan diligentemente, y actúen para garantizar que Puerto Rico reciba un trato equitativo en la asignación de fondos federales para el sistema de salud; que se termine con las disparidades históricas en la distribución de dichos fondos; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución Concurrente solicita al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que garanticen un trato equitativo para Puerto Rico en la asignación de fondos federales para el sistema de salud. Específicamente, pide la paridad en los reembolsos médicos bajo Medicare, la igualdad en la asignación de fondos de Medicaid eliminando límites globales y aplicando el mismo porcentaje de financiamiento que los estados, y la asignación de recursos adicionales para la modernización de la infraestructura médica. El Departamento de Estado de Puerto Rico debe remitir esta resolución al Congreso de EE.UU. en inglés.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre los efectos de la puesta en vigor del Medicare Transaction Facilitator (establecido por los Centers for Medicare & Medicaid Services como componente operativo del Medicare Drug Price Negotiation Program, creado bajo la Inflation Reduction Act de 2022) sobre el precio y accesibilidad de los medicamentos para las farmacias y pacientes en Puerto Rico.
La Resolución de la Cámara 519 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre los efectos de la implementación del Medicare Transaction Facilitator (MTF), un componente del programa federal de negociación de precios de medicamentos (Inflation Reduction Act de 2022), en el costo y la accesibilidad de medicamentos para farmacias y pacientes en Puerto Rico. La investigación debe evaluar el impacto en la cadena de suministro farmacéutica, la inscripción de farmacias, el intercambio de datos, los sistemas de pago y reembolsos, y las consecuencias para quienes no se adhieran al programa.
“Para ordenar a la Administración de Servicios de Salud (ASES) la creación de un Comité de Estudio sobre las tarifas de pago a médicos bajo Medicaid en Puerto Rico, a los fines de evaluar la disparidad existente en comparación con las tarifas federales, analizar su impacto en la retención de profesionales de la salud y la calidad de los servicios médicos, y presentar recomendaciones para garantizar pagos equitativos a los proveedores de salud en la Isla.; y para otros fines relacionados.”
La medida ordena a la Administración de Servicios de Salud (ASES) la creación de un Comité de Estudio para evaluar las tarifas de pago a médicos bajo Medicaid en Puerto Rico. Este comité analizará la disparidad con las tarifas federales, su impacto en la retención de profesionales y la calidad de los servicios, y presentará recomendaciones para pagos equitativos. Afecta directamente a los beneficiarios de Medicaid, a los proveedores de salud (médicos) y a las agencias gubernamentales involucradas en la administración y supervisión del programa.
Para crear la Comisión Especial para la Integración de Puerto Rico al SNAP como una comisión especial de la Cámara de Representantes que tendrá el propósito de supervisar y dar seguimiento a los procesos de preparación administrativa y operacional necesarios para encaminar a Puerto Rico hacia una eventual integración al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La Resolución de la Cámara 617 propone la creación de una Comisión Especial para la Integración de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta comisión, compuesta por cinco representantes designados por el Presidente de la Cámara, tendrá la facultad de supervisar y dar seguimiento a los procesos administrativos y operacionales para la eventual transición de Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP. La comisión deberá rendir un informe preliminar en 60 días y un informe final con recomendaciones en 180 días.
Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico una abarcadora investigación exhaustiva y detallada sobre las necesidades y deficiencias presentes en las distintas áreas del sistema de salud de Puerto Rico con el propósito de dirigir de manera más eficiente los esfuerzos y recursos del Gobierno a los asuntos de mayor prioridad.
Esta Resolución Conjunta ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las necesidades y deficiencias del sistema de salud de la isla. La investigación deberá cubrir la distribución de servicios, barreras geográficas y económicas, infraestructura, personal, sostenibilidad financiera, cobertura del plan Vital y las principales condiciones de salud. El Instituto deberá entregar un informe con hallazgos y recomendaciones a la Cámara y el Senado dentro de 180 días tras su aprobación. Afecta directamente al Instituto de Estadísticas y, de forma indirecta, a todo el sistema de salud y a la ciudadanía que depende de él.
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