Para solicitar a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, la destitución inmediata del ingeniero Josué A. Colón Ortiz de su designación como Zar de Energía; solicitar a la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas su destitución inmediata como director ejecutivo de dicha Autoridad; y expresar la pérdida de confianza de esta Asamblea Legislativa en su gestión a raíz de los hechos relacionados con la contratación de Power Expectations.
Qué propone
La R. Conc. del S. 24 no ninguna ley: solicita a la Gobernadora que destituya a Josué A. Colón Ortiz como Zar de Energía y revoque las delegaciones que le hizo en ese cargo, y solicita a la Junta de Directores de la AAPP que lo destituya como director ejecutivo. También expresa la pérdida de confianza del Senado en su gestión, sin prejuzgar lo que determinen los organismos investigativos o los tribunales. La Exposición de Motivos vincula esa postura con el contrato de Power Expectations, descrito allí como de aproximadamente $5,887 millones, por diez años y para 400 megavatios; esas cifras son parte de la explicación de la medida, no obligaciones que esta cree. La resolución no dispone por sí misma la destitución: plantea solicitudes a las autoridades que deciden sobre esos cargos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se enmarca en la historia de la política energética de Puerto Rico, que ha pasado de un monopolio público con la AEE a la privatización de la transmisión y distribución con LUMA Energy y la generación con Genera PR. La controversia sobre la contratación de Power Expectations se suma a las preocupaciones históricas sobre la gestión y fiscalización de los contratos en el sector energético, un tema que ha generado debate público y demandas legales.
En qué va
Fue el 9 de noviembre de 2026. El encabezado deja sin identificar la comisión a la que fue referida y la medida no aparece aprobada.
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Última acción · 9 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para exigir a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, la destitución inmediata del ingeniero Josué A. Colón Ortiz de su designación como Zar de Energía; exigir a la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas PúblicoPrivadas su destitución inmediata como director ejecutivo de dicha Autoridad; y expresar la pérdida de confianza de esta Asamblea Legislativa en su gestión, a raíz de los hechos relacionados con la contratación de Power Expectations.
La Resolución Concurrente no enmienda la Ley 29-2009 ni crea nuevas facultades legales: expresa la pérdida de confianza de la Asamblea Legislativa en Josué A. Colón Ortiz y exige su destitución de dos cargos. En la Oficina del Zar de Energía, pide a la Gobernadora que lo remueva y revoque las encomiendas y delegaciones que le haya conferido; en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, pide a su Junta de Directores que lo destituya como director ejecutivo. La Exposición de Motivos vincula el reclamo con un contrato que describe como de aproximadamente $5,887 millones, por diez años y para 400 megavatios, pero esos datos son el fundamento alegado, no una nueva obligación creada por la resolución. También dispone que se envíe copia a la Gobernadora y a cada integrante de la Junta, y que entre en vigor tras su aprobación.
Para exhortar a la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón a enmendar las órdenes ejecutivas de emergencia energética vigentes para incluir expresamente en ellas el impacto tarifario de los ajustes trimestrales por combustible y compra de energía para lograr un alivio en la factura de la luz de los puertorriqueños; y para otros fines relacionados.
La resolución concurrente no enmienda leyes ni autoriza por sí misma desembolsos: exhorta a la Gobernadora a enmendar las órdenes ejecutivas de emergencia energética para incluir expresamente el impacto tarifario de los ajustes trimestrales por combustible y compra de energía. También la insta a tomar medidas administrativas, conforme al ordenamiento vigente, para solicitar acceso al Fondo de Reserva de Emergencia y mitigar esos aumentos. La Exposición de Motivos cifra ese fondo en $1,300 millones, pero el articulado no fija cuánto se usaría, por cuánto tiempo ni cómo se distribuiría el alivio entre abonados. Ordena enviar copia certificada a la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera y a los medios; entraría en vigor tras su aprobación.
Para expresar el reclamo formal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos para que revise y enmiende la Ley Pública 114-187, conocida como “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” o “PROMESA”, a los fines de acelerar y completar la terminación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico mediante un Plan Federal de Terminación con criterios objetivos, fechas, métricas, validación independiente y una fase obligatoria de reducción progresiva de funciones y costos; requerir determinaciones oportunas sobre el cumplimiento de los requisitos de la Sección 209, incluyendo el tratamiento de los Años Fiscales 2026 y 2027; establecer una fecha objetivo de terminación y mecanismos que impidan la continuación indefinida de la supervisión; disponer una transición ordenada para cualquier asunto residual bajo PROMESA; solicitar que, de determinarse necesaria la permanencia de la Junta durante cualquier período adicional, sus gastos sean sufragados con fondos federales y no con recursos del erario de Puerto Rico; requerir rendición final de cuentas, devolución de balances territoriales no comprometidos y transferencia de conocimientos, datos y herramientas fiscales; reafirmar el compromiso de Puerto Rico con la responsabilidad fiscal, la transparencia presupuestaria y el acceso responsable a los mercados de capital; y para otros fines relacionados.
La R. Conc. del S. 20 no enmienda PROMESA ni termina la Junta: solicita al Congreso que cambie, entre otras, sus secciones 106(e), 107, 208, 209 y 315. Pide un Plan Federal de Terminación publicado dentro de 90 días de entrar en vigor la legislación federal correspondiente, con el estado de cada requisito de la sección 209, evidencia, responsables, hitos y una fecha objetivo; también solicita determinaciones sobre los años fiscales 2026 y 2027 y un mecanismo sustituto si la Junta no certifica la terminación dentro de 30 días de acreditarse el cumplimiento. Además, solicita una reducción progresiva de operaciones, que el Gobierno federal pague los gastos de la Junta si esta permanece después del período establecido, la devolución de balances territoriales no comprometidos, una auditoría de costos por la GAO y la transferencia de herramientas fiscales al Gobierno de Puerto Rico. Como resolución concurrente, expresa una petición política: por sí sola no obliga al Congreso ni a la Junta a realizar esos cambios.
Para exigir a la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón, la separación inmediata del cargo de la Secretaria del Departamento de la Familia, Sra. Suzanne Roig Fuertes.
La Resolución Concurrente del Senado no crea ni enmienda una ley. Su Sección 1 exige a la Gobernadora la separación inmediata de Suzanne Roig Fuertes como Secretaria del Departamento de la Familia; la Sección 2 dispone que entre en vigor inmediatamente después de aprobarse. La medida expresa una demanda de la Asamblea Legislativa, pero no establece un mecanismo para destituir a la Secretaria ni obliga legalmente a la Gobernadora a hacerlo.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de emergencia que se diseñó por 3PPO bajo el RFP 3PPO-0314-20-TPG para atendar la crisis en su capacidad generatriz, cómo fue el proceso de evaluación adjudicación y contratación del proponente, y si la entidad escogida para suplir la energía de emergencia tiene la capacidad tanto financiera como operacional para suplir la energía necesaria en un plazo de treinta (30) días.
La Resolución del Senado 256 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en el proceso de emergencia para suplir energía, iniciado bajo el RFP 3PPO-0314-20-TPG, incluyendo la evaluación, adjudicación y contratación del proponente. Además, se debe determinar si la entidad seleccionada, Power Expectations, posee la capacidad financiera y operacional para suministrar la energía requerida en un plazo de treinta (30) días. La medida afecta directamente a la Comisión de Gobierno del Senado, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), a la Oficina de Compras de Terceros Independientes (3PPO), a Genera, a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la empresa Power Expectations, así como a la ciudadanía en general por su impacto en el sistema eléctrico.
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