Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, denominada “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”.
Qué propone
La Resolución del Senado 123 (R. del S. 123) ordenaba a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, la cual establece la política pública para la protección, seguridad, integración, bienestar y desarrollo integral de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La medida buscaba fiscalizar la implementación de dicha ley y las responsabilidades de las agencias gubernamentales.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución del Senado 123 fue el 1 de abril de 2025 y referida a comisión el 3 de abril de 2025. Tras su análisis, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un el 5 de abril de 2026, no recomendando su aprobación por considerarla duplicativa de esfuerzos legislativos.
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Última acción · 5 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico; evaluar los procesos de transición desde la niñez a la adultez; examinar la coordinación interagencial y la inversión pública destinada a esta población; identificar deficiencias en áreas de salud, educación postsecundaria, empleo, vivienda, transportación y apoyo comunitario; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 623 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico. La investigación debe evaluar la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de estos servicios, así como los procesos de transición de la niñez a la adultez, la coordinación interagencial y la inversión pública. Afecta indirectamente a adultos con TEA, sus familias y cuidadores, al buscar identificar deficiencias y formular recomendaciones para mejorar su calidad de vida e inclusión.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, denominada “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”.
Esta Resolución ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes investigar el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, que protege a las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 120 días tras la aprobación de la medida. Afecta directamente a la Comisión y, de forma indirecta, a la población con TEA y sus familias al buscar asegurar la implementación de sus derechos.
Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, identificar recursos que permitan ampliar sus servicios; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 12 ordena a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios educativos disponibles para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico. El objetivo es identificar soluciones legislativas y recursos para ampliar estos servicios. Las comisiones tienen un plazo de 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida afecta a menores con discapacidades, sus familias, las entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro que proveen estos servicios educativos.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la carga administrativa impuesta por el Departamento de Educación sobre las docentes especializadas en Educación Especial y los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad y calidad de los servicios educativos que ofrece el Programa de Educación Especial por disposición de la Constitución de Puerto Rico, las leyes locales y federales y las determinaciones judiciales que las interpretan.
La Resolución del Senado 405 proponía ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación sobre la carga administrativa que el Departamento de Educación impone a las docentes especializadas en Educación Especial. El objetivo era identificar mecanismos para asegurar la continuidad y calidad de los servicios educativos en dicho programa, conforme a leyes y determinaciones judiciales.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación con el derecho del estudiantado del Programa de Educación Especial a que se revise el Programa Educativo Individualizado cuando resulte necesario y con el derecho a ser reubicado en el ambiente menos restrictivo tras la revisión del Programa Educativo Individualizado.
La Resolución del Senado 406 ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Educación con los derechos de los estudiantes del Programa de Educación Especial. Específicamente, busca determinar si el Departamento está cumpliendo con la revisión necesaria de los Programas Educativos Individualizados (PEI) y con el derecho de los estudiantes a ser reubicados en el ambiente menos restrictivo tras dicha revisión. Esta medida no crea derechos ni obligaciones directas, sino que encarga un estudio legislativo.
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