Qué propone
La Resolución del Senado 123 (R. del S. 123) ordenaba a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, la cual establece la política pública para la protección, seguridad, integración, bienestar y desarrollo integral de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La medida buscaba fiscalizar la implementación de dicha ley y las responsabilidades de las agencias gubernamentales.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución del Senado 123 fue el 1 de abril de 2025 y referida a comisión el 3 de abril de 2025. Tras su análisis, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un el 5 de abril de 2026, no recomendando su aprobación por considerarla duplicativa de esfuerzos legislativos.
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Última acción · 5 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y la asistencia gubernamental que recibe la población con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en etapa temprana, de cero (0) a cinco (5) años de edad, por parte de las agencias del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo la coordinación interagencial, con la participación del Departamento de Educación de Puerto Rico, así como los acuerdos colaborativos con los programas Head Start y Early Head Start; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 423 ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y asistencia gubernamental que reciben los niños de cero (0) a cinco (5) años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La investigación debe evaluar la coordinación interagencial, la participación del Departamento de Educación y los acuerdos con programas Head Start y Early Head Start. La Comisión tiene un plazo de noventa (90) días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida no crea derechos ni obligaciones, ni asigna fondos, siendo un encargo de estudio para la legislatura.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el nivel de cumplimiento por parte de las diferentes agencias del gobierno, con el mandato impuesto en la Ley 163-2024, conocida como: “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 201 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre el nivel de cumplimiento de las agencias gubernamentales con la Ley 163-2024. Esta ley, aprobada en 2024, establece la política pública y el ordenamiento legal para la protección, seguridad, integración, bienestar y desarrollo integral de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La investigación busca evaluar si las agencias están implementando los mandatos de dicha ley. Afecta directamente a las agencias gubernamentales responsables de proveer servicios a esta población y, de forma indirecta, a las personas con TEA y sus familias.
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico; evaluar los procesos de transición desde la niñez a la adultez; examinar la coordinación interagencial y la inversión pública destinada a esta población; identificar deficiencias en áreas de salud, educación postsecundaria, empleo, vivienda, transportación y apoyo comunitario; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 623 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre los programas, servicios y ayudas dirigidos a adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Puerto Rico. La investigación debe evaluar la disponibilidad, accesibilidad, efectividad y suficiencia de estos servicios, así como los procesos de transición de la niñez a la adultez, la coordinación interagencial y la inversión pública. Afecta indirectamente a adultos con TEA, sus familias y cuidadores, al buscar identificar deficiencias y formular recomendaciones para mejorar su calidad de vida e inclusión.
Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de cumplimiento de la Ley 163-2024, denominada “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”.
La Resolución de la Cámara 246 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 163-2024, la cual protege, asegura, integra y promueve el desarrollo integral de personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). Afecta directamente a esta población, sus familias y a las agencias gubernamentales encargadas de implementar la ley.
Para ordenar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre los servicios educativos disponibles a través de entidades públicas y de organizaciones sin fines de lucro para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico, con el fin de promover soluciones legislativas, identificar recursos que permitan ampliar sus servicios; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 12 ordena a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios educativos disponibles para menores con discapacidades moderadas a severas en Puerto Rico. El objetivo es identificar soluciones legislativas y recursos para ampliar estos servicios. Las comisiones tienen un plazo de 180 días para presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Esta medida afecta a menores con discapacidades, sus familias, las entidades públicas y organizaciones sin fines de lucro que proveen estos servicios educativos.
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