Qué propone
La Resolución del Senado 176 buscaba ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación exhaustiva sobre el costo-beneficio, legalidad y efectividad del proceso de escaneo de contenedores en el Puerto de San Juan, así como sobre el proceso de contratación relacionado con dicho sistema. Su objetivo era evaluar el impacto en la seguridad y la economía.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución del Senado 176 fue el 9 de mayo de 2025 y referida a comisión. El 22 de abril de 2026, la Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un , no recomendando su aprobación, por considerar que la investigación propuesta resultaba académica ante eventos recientes y procesos judiciales en curso.
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Última acción · 22 de abril de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva en torno a las condiciones de infraestructura de las Estaciones de Bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en el distrito senatorial de Arecibo, así como la disponibilidad y asignación de personal, camiones y materiales en dichas instalaciones; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 177 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de infraestructura, disponibilidad de personal, camiones y materiales en las Estaciones de Bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico dentro del Distrito Senatorial de Arecibo. La medida busca evaluar el estado actual de estas instalaciones y recursos para informar posibles acciones futuras.
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora, a los fines de identificar si la Autoridad de los Puertos ha cumplido el mandato establecido en la Ley Núm. 12-2008, para desarrollar y mantener un sistema de seguridad portuaria más efectivo o si las medidas implementadas por dicha entidad relacionadas con la inspección del 100% de los contenedores ha redundado exclusivamente en un incremento al costo de hacer negocios en Puerto Rico o un impuesto adicional para el consumidor puertorriqueño, sin los resultados esperados para detener el tráfico de drogas y armas ilegales a través de los muelles, así como la evasión contributiva; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 361 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes realizar una investigación abarcadora sobre si la Autoridad de los Puertos ha cumplido la Ley 12-2008 en cuanto a seguridad portuaria efectiva, o si la inspección del 100% de los contenedores ha aumentado los costos de hacer negocios y el precio para el consumidor sin detener el tráfico ilícito o la evasión contributiva. Afecta directamente a la Autoridad de los Puertos, a las empresas que operan en los muelles y a los consumidores.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el procedimiento y la tecnología utilizada por el Gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo la inspección de contenedores o furgones en la Isla; evaluar su efectividad, identificar los mecanismos empleados, su cobertura en las zonas portuarias, y las tecnologías disponibles, incluyendo aquellas implementadas en los Estados Unidos e internacionalmente; así como, recomendar las medidas administrativas y legislativas necesarias para optimizar este proceso clave en la seguridad y la economía de la Isla; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 242 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre los procedimientos y tecnologías actuales del Gobierno de Puerto Rico para la inspección de contenedores y furgones. El objetivo es evaluar su efectividad, identificar mecanismos y cobertura en zonas portuarias, y explorar tecnologías disponibles a nivel nacional e internacional. Finalmente, la Comisión deberá recomendar medidas administrativas y legislativas para optimizar este proceso, que se considera clave para la seguridad y la economía de la Isla.
Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación del estado actual y el detalle de todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 66 ordena a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todos los programas e iniciativas de rehabilitación dirigidos a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La investigación deberá detallar el estado actual de estos programas, su disponibilidad, accesibilidad, impacto y continuidad, y se espera que culmine con informes parciales y finales para la Vigésima Asamblea Legislativa.
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la integración, uso y efectividad de las nuevas tecnologías implementadas por las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico en la lucha contra la criminalidad; evaluar el impacto de dichas tecnologías en la prevención, investigación y solución de delitos; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 138 ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de nuevas tecnologías por las agencias de seguridad pública en la lucha contra la criminalidad. La investigación debe evaluar la efectividad de estas tecnologías, su impacto en la prevención e investigación de delitos, y los mecanismos de protección de la privacidad ciudadana. La Comisión tiene un plazo de noventa (90) días para rendir un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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