Qué propone
La Resolución del Senado 312 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las ventas de propiedades residenciales realizadas exclusivamente en efectivo. Busca analizar cómo estas transacciones afectan el mercado inmobiliario, a los compradores y a las comunidades. La medida se enfoca en preocupaciones sobre el aumento de precios, la dificultad de acceso a vivienda para quienes dependen de financiamiento hipotecario, y posibles riesgos de evasión contributiva o lavado de dinero.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la preocupación histórica por el acceso a la vivienda y el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario, un tema que los fragmentos abordan desde la escasez de inventario y el alza de costos tras el huracán María, exacerbado por la Ley 60-2019 y la proliferación de alquileres a corto plazo. La investigación propuesta sobre las ventas en efectivo busca entender un factor adicional que podría estar contribuyendo a la dificultad de acceso a vivienda para las familias de ingresos bajos y moderados.
En qué va
La Resolución del Senado 312 fue el 22 de septiembre de 2025 y referida a comisión. La Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un el 19 de mayo de 2026, no recomendando su aprobación.
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Última acción · 19 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.
La Resolución del Senado 135 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de Puerto Rico. El propósito es evaluar sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre servicios públicos y cambios socioeconómicos/culturales, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar dichos efectos adversos.
“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 131 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico investigar cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos utilizan las exacciones por impacto que cobran. Estas exacciones se supone que sufragan gastos de infraestructura pública (carreteras, acueductos, etc.) directamente relacionados con nuevos proyectos de desarrollo. La investigación debe determinar si estos fondos se destinan adecuadamente a mejoras o reparaciones de las facilidades públicas afectadas por dichos proyectos, en lugar de gastos recurrentes.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública existente y necesaria referente a las personas sin hogar, incluyendo la Ley 130-2007, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar”, la Ley 199-2007, conocida como “Ley para la Prestación de Servicios a Personas sin Hogar”; así como las entidades del Gobierno de Puerto Rico que proveen programas o servicios dirigidos a personas sin hogar; y para otros fines relacionados.
Esta Resolución del Senado (RS 383) ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública actual y necesaria para atender a las personas sin hogar. La investigación debe examinar las leyes existentes (Ley 130-2007 y Ley 199-2007), los programas y servicios ofrecidos por las entidades gubernamentales, y las barreras que dificultan la ejecución de dichos programas. La medida busca identificar reformas necesarias para un sistema más justo y eficiente.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.
Para ordenar a las comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las propiedades abandonadas, el manejo de estorbos públicos y expropiaciones forzosas, el cumplimiento de la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, así como la evaluación de modelos exitosos en el manejo de propiedades abandonadas, incluyendo los implementados por organizaciones sin fines de lucro y municipios.
La Resolución del Senado 252 ordena a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es examinar el estado actual de las propiedades abandonadas, el manejo de estorbos públicos y expropiaciones forzosas. También se evaluará el cumplimiento de la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 del Código Municipal (Ley 107-2020), y se analizarán modelos exitosos de manejo de propiedades abandonadas implementados por municipios y organizaciones sin fines de lucro. La investigación busca identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones.
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