Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto en el mercado inmobiliario, compradores y comunidades por las ventas de propiedades residenciales exclusivamente en efectivo; y para otros fines relacionados.
Qué propone
La Resolución del Senado 312 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las ventas de propiedades residenciales realizadas exclusivamente en efectivo. Busca analizar cómo estas transacciones afectan el mercado inmobiliario, a los compradores y a las comunidades. La medida se enfoca en preocupaciones sobre el aumento de precios, la dificultad de acceso a vivienda para quienes dependen de financiamiento hipotecario, y posibles riesgos de evasión contributiva o lavado de dinero.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la preocupación histórica por el acceso a la vivienda y el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario, un tema que los fragmentos abordan desde la escasez de inventario y el alza de costos tras el huracán María, exacerbado por la Ley 60-2019 y la proliferación de alquileres a corto plazo. La investigación propuesta sobre las ventas en efectivo busca entender un factor adicional que podría estar contribuyendo a la dificultad de acceso a vivienda para las familias de ingresos bajos y moderados.
En qué va
La Resolución del Senado 312 fue el 22 de septiembre de 2025 y referida a comisión. La Comisión de Asuntos Internos del Senado emitió un el 19 de mayo de 2026, no recomendando su aprobación.
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Última acción · 19 de mayo de 2026
Comisión no recomienda aprobación de la medida
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.
La R. del S. 135 no crea ni enmienda una ley: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar la gentrificación en comunidades urbanas y costeras. El estudio debe examinar, entre otros asuntos, el acceso a vivienda asequible, el desplazamiento de residentes, la presión sobre servicios públicos y los cambios socioeconómicos y culturales de los vecindarios. La Comisión puede celebrar vistas, citar testigos y funcionarios, requerir documentos y realizar inspecciones; debe entregar hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 120 días de la aprobación. No crea protecciones directas para residentes ni asigna fondos.
“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 131 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico investigar cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos utilizan las exacciones por impacto que cobran. Estas exacciones se supone que sufragan gastos de infraestructura pública (carreteras, acueductos, etc.) directamente relacionados con nuevos proyectos de desarrollo. La investigación debe determinar si estos fondos se destinan adecuadamente a mejoras o reparaciones de las facilidades públicas afectadas por dichos proyectos, en lugar de gastos recurrentes.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.
La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, en conjunto con la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico a llevar a cabo una investigación sobre el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las agencias concernidas y la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico con las disposiciones de la Ley Núm. 84-2021, conocida como la “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social”; evaluar el estado actual de la Comisión creada por dicha Ley; examinar la composición, nombramientos, reuniones, plan de trabajo, informes, uso de fondos, cumplimiento de metas, coordinación interagencial, creación de subcomités, recomendaciones de política pública y demás deberes impuestos por dicha Ley; autorizar la citación de funcionarios, requerimiento de documentos, celebración de vistas públicas, vistas ejecutivas, inspecciones oculares, referidos a agencias con jurisdicción y cualquier otro trámite necesario para cumplir con esta investigación; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 512 ordena a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado a investigar el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social con la Ley 84-2021. La investigación abarcaría la composición, nombramientos, reuniones, plan de trabajo, uso de fondos y metas de dicha Comisión, autorizando la citación de funcionarios y requerimiento de documentos. La medida fue radicada en el Senado en mayo de 2026 y recibió un informe negativo de la Comisión de Asuntos Internos en junio de 2026, siendo rechazada.
Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y la de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la eficacia de los servicios, programas y capacidades que brinda el Gobierno de Puerto Rico para atender el sinhogarismo y su impacto en la salud mental de esta población, con el propósito de elaborar un plan estructurado que defina metas concretas orientadas a la prevención, el cuidado permanente y la reinserción social de las personas sin hogar.
La Resolución del Senado 453 propone ordenar a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y la de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la eficacia de los servicios, programas y capacidades gubernamentales para atender el sinhogarismo y su impacto en la salud mental. El propósito es elaborar un plan estructurado con metas concretas para prevención, cuidado permanente y reinserción social de personas sin hogar.
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