“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras, tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto.

La Resolución del Senado 129 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos utilizan las exacciones por impacto que cobran. El propósito es determinar si estos fondos, destinados a sufragar gastos de infraestructura y usos dotacionales públicos derivados de nuevos desarrollos, se emplean adecuadamente o si existen irregularidades en su uso. La investigación debe concluir con un informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 129, según aprobada el 30 de junio de 2025, a los fines de extender el término de tiempo de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final.

Esta Resolución (RS 315) enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 129 (RS 129), aprobada el 30 de junio de 2025. Su propósito es extender el plazo para que la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico rinda su informe final sobre el uso de exacciones por impacto. El nuevo plazo vence al cierre de la Segunda (2da) Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la infraestructura, el desarrollo urbano, la restructuración de facilidades, las vías públicas, las facilidades de salud, las instalaciones deportivas y recreativas, así como, cualquier otra infraestructura que reciba fondos del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América en el Distrito Senatorial de Arecibo, con el propósito de identificar las necesidades, deficiencias y oportunidades de mejora en estas áreas, y recomendar acciones necesarias y apropiadas, tanto de carácter legislativo como administrativo, para fomentar el desarrollo integral de este distrito; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 67 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de diversas infraestructuras (incluyendo desarrollo urbano, vías públicas, facilidades de salud, deportivas y recreativas) que reciben fondos públicos en el Distrito Senatorial de Arecibo. El propósito es identificar necesidades, deficiencias y oportunidades de mejora, y recomendar acciones legislativas y administrativas para fomentar el desarrollo integral de dicho distrito. La investigación debe incluir la facultad de celebrar vistas públicas, realizar inspecciones oculares, citar funcionarios y requerir documentos.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo el uso y desembolso de fondos asignados para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, a los fines de evaluar el cumplimiento con, sus funciones administrativas y operacionales, identificar los retos existentes y proponer soluciones que permitan optimizar los recursos y mejorar la ejecución de los proyectos de rehabilitación y reacondicionamiento de instalaciones públicas en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 92 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La investigación se centrará en el uso y desembolso de fondos para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, con el fin de evaluar el cumplimiento de sus funciones, identificar retos y proponer soluciones para optimizar recursos y mejorar la ejecución de proyectos de rehabilitación. Afecta directamente a la AEP y a la Comisión senatorial encargada de la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.

La Resolución del Senado 135 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de Puerto Rico. El propósito es evaluar sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre servicios públicos y cambios socioeconómicos/culturales, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar dichos efectos adversos.