Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.
Qué propone
La R. del S. 135 no crea ni una ley: ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado investigar la gentrificación en comunidades urbanas y costeras. El estudio debe examinar, entre otros asuntos, el acceso a vivienda asequible, el desplazamiento de residentes, la presión sobre servicios públicos y los cambios socioeconómicos y culturales de los vecindarios. La Comisión puede celebrar vistas, citar testigos y funcionarios, requerir documentos y realizar inspecciones; debe entregar hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 120 días de la aprobación. No crea protecciones directas para residentes ni asigna fondos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en un debate histórico sobre la vivienda en Puerto Rico, que incluye la escasez de inventario, el alza en los costos habitacionales, y la proliferación de alquileres a corto plazo que desplazan a residentes tradicionales. La investigación propuesta busca abordar las consecuencias de estos fenómenos, que han sido exacerbados por factores como la Ley 60-2019 y la falta de regulación efectiva.
En qué va
El Senado aprobó la resolución el 28 de junio de 2025. El informe final de comisión se rindió el 30 de octubre de 2025 y el Senado aprobó ese informe el 18 de noviembre de 2025.
Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.
Última acción · 18 de noviembre de 2025
Cuerpo aprueba informe final rendido
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (27)
Ausente (1)
Ausente (1)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 131 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico investigar cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos utilizan las exacciones por impacto que cobran. Estas exacciones se supone que sufragan gastos de infraestructura pública (carreteras, acueductos, etc.) directamente relacionados con nuevos proyectos de desarrollo. La investigación debe determinar si estos fondos se destinan adecuadamente a mejoras o reparaciones de las facilidades públicas afectadas por dichos proyectos, en lugar de gastos recurrentes.
Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en coordinación con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y los municipios, la realización de un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo (incluyendo plataformas como Airbnb, VRBO y similares) en las comunidades residenciales de Puerto Rico; evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales; y presentar recomendaciones para políticas públicas equilibradas que protejan tanto el desarrollo turístico como los derechos de los residentes, sin incurrir en gastos adicionales significativos al erario; y para otros fines relacionados.
La Resolución Conjunta del Senado 134 (RCS 134) proponía ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en coordinación con los Departamentos de la Vivienda y Justicia, la Compañía de Turismo (CTPR) y los municipios, a realizar un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo en las comunidades residenciales. El estudio debía evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales, para presentar recomendaciones de políticas públicas equilibradas. La medida especificaba que este esfuerzo no debía incurrir en gastos adicionales significativos al erario público.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto en el mercado inmobiliario, compradores y comunidades por las ventas de propiedades residenciales exclusivamente en efectivo; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 312 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las ventas de propiedades residenciales realizadas exclusivamente en efectivo. Busca analizar cómo estas transacciones afectan el mercado inmobiliario, a los compradores y a las comunidades. La medida se enfoca en preocupaciones sobre el aumento de precios, la dificultad de acceso a vivienda para quienes dependen de financiamiento hipotecario, y posibles riesgos de evasión contributiva o lavado de dinero.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de accesibilidad en los residenciales públicos de Puerto Rico para personas de tercera edad y residentes encamados, con énfasis en la asignación de unidades en primeros pisos; disponer la participación de la Administración de Vivienda Pública (AVP), el Departamento de la Vivienda y otras entidades relevantes; requerir un informe con hallazgos, estadísticas de incidentes y recomendaciones para posibles medidas legislativas futuras; celebrar audiencias públicas si fuere necesario; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 462 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación sobre el estado de accesibilidad en los residenciales públicos, con un enfoque particular en la asignación de unidades en primeros pisos para personas de tercera edad y residentes encamados. Se disponía la participación de la Administración de Vivienda Pública (AVP), el Departamento de la Vivienda y otras entidades relevantes. La medida requería un informe con hallazgos, estadísticas de incidentes y recomendaciones para futuras medidas legislativas, y permitía la celebración de audiencias públicas.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 129, según aprobada el 30 de junio de 2025, a los fines de extender el término de tiempo de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, para rendir su informe final.
Esta Resolución (RS 315) enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 129 (RS 129), aprobada el 30 de junio de 2025. Su propósito es extender el plazo para que la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico rinda su informe final sobre el uso de exacciones por impacto. El nuevo plazo vence al cierre de la Segunda (2da) Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa.
Entra con tu correo para opinar, comentar y seguir esta medida. La primera vez se crea tu cuenta, gratis.
Aún no hay comentarios. Comparte tu opinión sobre esta medida.