Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.

“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 131 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico a investigar el uso actual de las exacciones por impacto. Estas son contribuciones cobradas a nuevos desarrollos para sufragar gastos en infraestructura pública (carreteras, acueductos, etc.) que se ven afectados por dichos proyectos. La investigación se centrará en cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos aplican estos fondos, y si se destinan correctamente a las mejoras necesarias o si se desvían para otros fines. Afecta directamente a las agencias recaudadoras y a los desarrolladores que pagan estas exacciones, así como a la ciudadanía que espera la mejora de la infraestructura pública.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.

Esta resolución ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a investigar el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de vivienda pública y subsidiada. Busca determinar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planea mitigar estos efectos y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa para proteger el derecho a la vivienda de los afectados.

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en coordinación con el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Justicia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y los municipios, la realización de un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo (incluyendo plataformas como Airbnb, VRBO y similares) en las comunidades residenciales de Puerto Rico; evaluar aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga en servicios municipales; y presentar recomendaciones para políticas públicas equilibradas que protejan tanto el desarrollo turístico como los derechos de los residentes, sin incurrir en gastos adicionales significativos al erario; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta del Senado 134 ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), en coordinación con los Departamentos de la Vivienda y Justicia, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y los municipios, a realizar un estudio integral sobre el impacto de los alquileres a corto plazo. El estudio evaluará aspectos socioeconómicos, de vivienda asequible, calidad de vida, gentrificación, desplazamiento poblacional y sobrecarga de servicios municipales, con el fin de presentar recomendaciones para políticas públicas equilibradas. La medida estipula que este estudio no debe incurrir en gastos adicionales significativos al erario.