Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.

“Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 131 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico investigar cómo los municipios, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos utilizan las exacciones por impacto que cobran. Estas exacciones se supone que sufragan gastos de infraestructura pública (carreteras, acueductos, etc.) directamente relacionados con nuevos proyectos de desarrollo. La investigación debe determinar si estos fondos se destinan adecuadamente a mejoras o reparaciones de las facilidades públicas afectadas por dichos proyectos, en lugar de gastos recurrentes.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la infraestructura, el desarrollo urbano, la restructuración de facilidades, las vías públicas, las facilidades de salud, las instalaciones deportivas y recreativas, así como, cualquier otra infraestructura que reciba fondos del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América en el Distrito Senatorial de Arecibo, con el propósito de identificar las necesidades, deficiencias y oportunidades de mejora en estas áreas, y recomendar acciones necesarias y apropiadas, tanto de carácter legislativo como administrativo, para fomentar el desarrollo integral de este distrito; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 67 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado de diversas infraestructuras (incluyendo desarrollo urbano, vías públicas, facilidades de salud, deportivas y recreativas) que reciben fondos públicos en el Distrito Senatorial de Arecibo. El propósito es identificar necesidades, deficiencias y oportunidades de mejora, y recomendar acciones legislativas y administrativas para fomentar el desarrollo integral de dicho distrito. La investigación debe incluir la facultad de celebrar vistas públicas, realizar inspecciones oculares, citar funcionarios y requerir documentos.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de accesibilidad en los residenciales públicos de Puerto Rico para personas de tercera edad y residentes encamados, con énfasis en la asignación de unidades en primeros pisos; disponer la participación de la Administración de Vivienda Pública (AVP), el Departamento de la Vivienda y otras entidades relevantes; requerir un informe con hallazgos, estadísticas de incidentes y recomendaciones para posibles medidas legislativas futuras; celebrar audiencias públicas si fuere necesario; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 462 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que realizara una investigación sobre el estado de accesibilidad en los residenciales públicos, con un enfoque particular en la asignación de unidades en primeros pisos para personas de tercera edad y residentes encamados. Se disponía la participación de la Administración de Vivienda Pública (AVP), el Departamento de la Vivienda y otras entidades relevantes. La medida requería un informe con hallazgos, estadísticas de incidentes y recomendaciones para futuras medidas legislativas, y permitía la celebración de audiencias públicas.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones físicas, sociales y de seguridad de los residenciales públicos ubicados en el del Distrito Senatorial de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas; evaluar el estado de mantenimiento de las estructuras, servicios esenciales, vacantes, programas comunitarios y planes de rehabilitación; el uso y manejo de fondos; cumplimiento de las agencias y entidades que operan y administran los residenciales con sus responsabilidades administrativas; evaluar los planes de trabajo; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 287 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones físicas, sociales y de seguridad de los residenciales públicos en el Distrito Senatorial de San Juan, que incluye partes de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. La investigación debe evaluar el mantenimiento de estructuras, servicios esenciales, vacantes, programas comunitarios, planes de rehabilitación, el uso de fondos, y el cumplimiento de las agencias administradoras. La Comisión tiene facultades para celebrar vistas, requerir comparecencias y documentos, y realizar inspecciones.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.

La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.