Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado investigar la participación de los municipios en el programa del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo establecido en la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, durante los pasados cinco (5) años, incluyendo el número de participantes, las posturas municipales adoptadas y los reembolsos otorgados, a fin de generar estadísticas y recomendaciones para su optimización.

Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 308 que ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento y las labores que actualmente realiza la Oficina de Gerencia Municipal (OGM), adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en atención a las funciones que en su origen fueron encomendadas a la extinta Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), incluyendo los servicios de asesoría legal, técnica y de capacitación a los municipios de Puerto Rico.

La Resolución del Senado 486 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 308 para modificar el plazo en que la Comisión de Asuntos Municipales del Senado debe rendir su informe. El plazo original de ciento veinte (120) días se extiende hasta el final de la 3ra. Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (actualmente en curso, hasta junio de 2026). La medida afecta a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, que es la encargada de realizar la investigación sobre la Oficina de Gerencia Municipal (OGM).

Para ordenar a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, administración, cumplimiento y fiscalización de los fondos federales asignados a Puerto Rico bajo el Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) y el Temporary Assistance for Needy Families (TANF), incluyendo su impacto real en el desarrollo laboral, la autosuficiencia económica de las familias y la reducción de la pobreza, la identificación de deficiencias en su manejo, ejecución y resultados; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 487 ordena a la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la administración, uso, cumplimiento y fiscalización de los fondos federales asignados bajo el Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) y el Temporary Assistance for Needy Families (TANF). La investigación debe evaluar el impacto real de estos fondos en el desarrollo laboral, la autosuficiencia económica y la reducción de la pobreza, identificando deficiencias en su manejo y ejecución. La Comisión está facultada para requerir información y citar comparecencias, y deberá rendir un informe con hallazgos y recomendaciones en un plazo de noventa (90) días.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar investigaciones continuas sobre la administración, organización y funcionamiento de los gobiernos municipales de Puerto Rico, a los fines de identificar y determinar las medidas administrativas, fiscales y legislativas que sean necesarias recomendar para garantizar y mejorar su funcionamiento.

La Resolución del Senado 38 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico llevar a cabo investigaciones continuas sobre la administración, organización y funcionamiento de los gobiernos municipales. El objetivo es identificar y recomendar medidas administrativas, fiscales y legislativas para mejorar su funcionamiento. La Comisión tiene la facultad de celebrar vistas públicas, citar testigos y requerir información. Se establece un plazo de 180 días para rendir informes parciales.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla; examinar el marco legal aplicable, incluyendo la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, y cualquier legislación relacionada, con el propósito de evaluar su efectividad, pertinencia o necesidad de enmiendas; investigar el estado y sostenibilidad del financiamiento de los municipios, la prestación de servicios esenciales, el desarrollo de obras públicas, y otros asuntos fiscales y administrativos; analizar la interrelación entre el Gobierno Estatal, sus agencias y los gobiernos municipales; identificar mecanismos que fortalezcan la autonomía municipal, promuevan la eficiencia administrativa y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación amplia, continua y exhaustiva sobre los principales retos, desafíos emergentes y situaciones apremiantes que afectan a los gobiernos municipales en la Isla. El mandato incluye examinar el marco legal aplicable (como la Ley 107-2020), el financiamiento, la prestación de servicios esenciales, obras públicas, la interrelación Estado-municipio, y mecanismos para fortalecer la autonomía y eficiencia municipal. La Comisión tendrá poderes para citar y requerir información, y deberá rendir informes parciales y finales dentro de plazos específicos establecidos para la Vigésima Asamblea Legislativa.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la efectividad, implementación y cumplimiento de los Códigos de Orden Público adoptados por los municipios; evaluar el impacto de estos códigos en la seguridad pública, el desarrollo económico local, el turismo y la calidad de vida comunitaria.

La Resolución del Senado 136 ordena a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre los Códigos de Orden Público municipales. La investigación evaluará su efectividad, implementación, cumplimiento y el impacto en la seguridad pública, el desarrollo económico, el turismo y la calidad de vida. La Comisión tiene 120 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y puede convocar audiencias y solicitar información.