Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en la que identifique si existe en la Rama Ejecutiva un mecanismo uniforme establecido para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas que no se desprenda de los procedimientos formales de reconsideración y apelación; exponga los mecanismos informales que pudieran haberse adoptado en las agencias para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas de no haberse establecido un procedimiento uniforme, y la fuente jurídica al amparo de la cual se reclama la autoridad para modificar, reducir o condonar la cuantía o severidad de multas administrativas; evalúe si las agencias o algún funcionario de la Rama Ejecutiva han actuado de forma arbitraria o caprichosa, en exceso de las prerrogativas delegadas por la Asamblea Legislativa, para modificar, reducir o condonar las multas impuestas por jueces administrativos u otros funcionarios autorizados mediante legislación especial; y examine si el Capítulo VII de la Ley 38-2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, que versa sobre sobre penalidades administrativas, se adhiere al principio constitucional de proporcionalidad.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación en la que identifique si existe en la Rama Ejecutiva un mecanismo uniforme establecido para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas que no se desprenda de los procedimientos formales de reconsideración y apelación; exponga los mecanismos informales que pudieran haberse adoptado en las agencias para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas de no haberse establecido un procedimiento uniforme, y la fuente jurídica al amparo de la cual se reclama la autoridad para modificar, reducir o condonar la cuantía o severidad de multas administrativas; evalúe si las agencias o algún funcionario de la Rama Ejecutiva han actuado de forma arbitraria o caprichosa, en exceso de las prerrogativas delegadas por la Asamblea Legislativa, para modificar, reducir o condonar las multas impuestas por jueces administrativos u otros funcionarios autorizados mediante legislación especial; y examine si el Capítulo VII de la Ley 38-2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, que versa sobre sobre penalidades administrativas, se adhiere al principio constitucional de proporcionalidad.

La Resolución de la Cámara 654 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes investigar si la Rama Ejecutiva tiene un mecanismo uniforme para modificar, reducir o condonar multas administrativas fuera de los procedimientos formales. La investigación debe identificar mecanismos informales utilizados, su base legal, evaluar si ha habido acciones arbitrarias o caprichosas en la condonación de multas, y examinar la proporcionalidad de las penalidades administrativas bajo la Ley 38-2017. Afecta directamente a la Rama Ejecutiva y a la ciudadanía en cuanto a la aplicación y equidad de las multas administrativas.

Para ordenar a las Comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación legislativa en coordinación con organizaciones que representen al sector empresarial en Puerto Rico, como el Centro Unido de Detallistas, con el propósito de identificar y evaluar posibles enmiendas, derogaciones y nueva legislación dirigidas a fortalecer el clima de negocios y promover la eficiencia gubernamental en la Isla; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 456 ordena a las Comisiones de Reorganización, Eficiencia y Diligencia; y de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara de Representantes realizar una investigación legislativa. El propósito es identificar y evaluar enmiendas, derogaciones o nueva legislación para fortalecer el clima de negocios y promover la eficiencia gubernamental en Puerto Rico, en coordinación con organizaciones empresariales como el Centro Unido de Detallistas. Esta medida no crea derechos ni obligaciones, sino que encarga un estudio y la formulación de recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en aras de mejorar los servicios que brinda dicha Agencia; conocer sus programas, necesidades y dificultades.

La Resolución del Senado 93 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la situación fiscal, administrativa y operacional de todos los componentes del Departamento de Justicia. El objetivo es identificar áreas de mejora para optimizar los servicios que brinda la agencia, así como conocer sus programas, necesidades y dificultades actuales. Esta medida no crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que solicita un informe detallado para informar futuras acciones legislativas o administrativas.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, funcionamiento y operación de las Salas Especializadas en Asuntos Hipotecarios, creadas en virtud de la Ley 139-2018; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 245 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, funcionamiento y operación de las Salas Especializadas en Asuntos Hipotecarios, creadas por la Ley 139-2018. La investigación debe evaluar la efectividad de la ley, el número de salas y personal, el manejo de casos, los recursos presupuestarios y las mejores prácticas internacionales. La Comisión deberá presentar un informe con recomendaciones legislativas en un plazo de noventa (90) días.

Para ordenar a la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las condiciones de infraestructura y mantenimiento en que se encuentran los cuarteles de la Policía de Puerto Rico en el Distrito de Humacao, incluyendo las condiciones laborales y necesidades del Cuartel Estatal de la Policía de Puerto Rico del Municipio de Yabucoa.

La Resolución del Senado 436 ordena a la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de infraestructura, mantenimiento, laborales y de recursos de los cuarteles de la Policía de Puerto Rico en el Distrito de Humacao, con un enfoque particular en el Cuartel Estatal de Yabucoa. La Comisión deberá presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de noventa (90) días a partir de su aprobación. Esta medida afecta directamente a los miembros de la Policía de Puerto Rico en el área de Humacao y Yabucoa, así como a la ciudadanía que depende de estos servicios.