Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación en la que identifique si existe en la Rama Ejecutiva un mecanismo uniforme establecido para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas que no se desprenda de los procedimientos formales de reconsideración y apelación; exponga los mecanismos informales que pudieran haberse adoptado en las agencias para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas de no haberse establecido un procedimiento uniforme, y la fuente jurídica al amparo de la cual se reclama la autoridad para modificar, reducir o condonar la cuantía o severidad de multas administrativas; evalúe si las agencias o algún funcionario de la Rama Ejecutiva han actuado de forma arbitraria o caprichosa, en exceso de las prerrogativas delegadas por la Asamblea Legislativa, para modificar, reducir o condonar las multas impuestas por jueces administrativos u otros funcionarios autorizados mediante legislación especial; y examine si el Capítulo VII de la Ley 38-2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, que versa sobre sobre penalidades administrativas, se adhiere al principio constitucional de proporcionalidad.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación en la que identifique si existe en la Rama Ejecutiva un mecanismo uniforme establecido para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas que no se desprenda de los procedimientos formales de reconsideración y apelación; exponga los mecanismos informales que pudieran haberse adoptado en las agencias para la modificación, reducción o condonación de multas administrativas de no haberse establecido un procedimiento uniforme, y la fuente jurídica al amparo de la cual se reclama la autoridad para modificar, reducir o condonar la cuantía o severidad de multas administrativas; evalúe si las agencias o algún funcionario de la Rama Ejecutiva han actuado de forma arbitraria o caprichosa, en exceso de las prerrogativas delegadas por la Asamblea Legislativa, para modificar, reducir o condonar las multas impuestas por jueces administrativos u otros funcionarios autorizados mediante legislación especial; y examine si el Capítulo VII de la Ley 38-2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, que versa sobre sobre penalidades administrativas, se adhiere al principio constitucional de proporcionalidad.

La Resolución del Senado 456 ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado realizar una investigación sobre la existencia y uso de mecanismos uniformes (o la ausencia de ellos) para modificar, reducir o condonar multas administrativas en la Rama Ejecutiva, fuera de los procedimientos formales. Busca identificar la fuente jurídica de dicha autoridad, evaluar si se ha actuado de forma arbitraria o caprichosa, y examinar la adherencia al principio de proporcionalidad en el Capítulo VII de la Ley 38-2017.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.

La Resolución de la Cámara de Representantes 71 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno de Puerto Rico han implementado los Planes de Reorganización establecidos por la Ley 122-2017. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pudiendo emitir informes parciales. Esta medida afecta a todas las entidades de la Rama Ejecutiva sujetas a los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre, pero sin limitarse a, el desempeño de la Junta de Libertad Bajo Palabra; los procesos administrativos y el manejo del presupuesto de la Junta; el volumen de casos y el tiempo que transcurre para las resoluciones de estos; los reglamentos aprobados por la Junta; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 657 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el desempeño, procesos administrativos, manejo de presupuesto, volumen de casos, tiempos de resolución y reglamentos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). El objetivo es recomendar acciones legislativas o administrativas para optimizar su funcionamiento. La investigación debe completarse antes de que finalice la Vigésima Asamblea Legislativa (2025-2028).

Para ordenar a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre todo asunto relacionado con la política pública del salario mínimo en Puerto Rico; el funcionamiento y desempeño de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo; las implicaciones económicas y laborales de su posible eliminación o reorganización institucional; la interacción entre el sistema salarial estatal y las normas federales aplicables; la estructura salarial de empleados exentos, trabajadores agrícolas y trabajadores que reciben propinas; así como la necesidad de revisar el salario mínimo requerido para la clasificación de empleados exentos conforme a la legislación y reglamentación vigente; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 650 ordena a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública del salario mínimo en Puerto Rico. El estudio abarcará el funcionamiento de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, las implicaciones económicas de su posible eliminación o reorganización, la interacción con normas federales, y la estructura salarial de empleados exentos, trabajadores agrícolas y de propinas, incluyendo la revisión del umbral para empleados exentos.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados

La Resolución de la Cámara 358 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulgaron información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. El objetivo es determinar si estas acciones colaboraron con esfuerzos de arresto y deportación de personas con estatus migratorio irregular por parte de autoridades federales de inmigración (ICE). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.