Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el estado de accesibilidad en los residenciales públicos de Puerto Rico para personas de tercera edad y residentes encamados, con énfasis en la asignación de unidades en primeros pisos; disponer la participación de la Administración de Vivienda Pública (AVP), el Departamento de la Vivienda y otras entidades relevantes; requerir un informe con hallazgos, estadísticas de incidentes y recomendaciones para posibles medidas legislativas futuras; celebrar audiencias públicas si fuere necesario; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico investigar el impacto de las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) a las disposiciones del Código de Regulaciones Federales que reglamentan los programas de vivienda pública y de vivienda subsidiada; cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planifica mitigarlas; y qué mecanismos puede implementar la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para garantizar el derecho a la vivienda de las personas y comunidades afectadas.

La Resolución del Senado 460 buscaba ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico que investigara el impacto de enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) a las regulaciones de programas de vivienda pública y subsidiada. También pedía investigar cómo el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico planificaba mitigar dichos impactos y qué mecanismos podría implementar la Asamblea Legislativa para garantizar el derecho a la vivienda de los afectados.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones físicas, sociales y de seguridad de los residenciales públicos ubicados en el del Distrito Senatorial de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas; evaluar el estado de mantenimiento de las estructuras, servicios esenciales, vacantes, programas comunitarios y planes de rehabilitación; el uso y manejo de fondos; cumplimiento de las agencias y entidades que operan y administran los residenciales con sus responsabilidades administrativas; evaluar los planes de trabajo; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 287 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones físicas, sociales y de seguridad de los residenciales públicos en el Distrito Senatorial de San Juan, que incluye partes de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. La investigación debe evaluar el mantenimiento de estructuras, servicios esenciales, vacantes, programas comunitarios, planes de rehabilitación, el uso de fondos, y el cumplimiento de las agencias administradoras. La Comisión tiene facultades para celebrar vistas, requerir comparecencias y documentos, y realizar inspecciones.

Para ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo el uso y desembolso de fondos asignados para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, a los fines de evaluar el cumplimiento con, sus funciones administrativas y operacionales, identificar los retos existentes y proponer soluciones que permitan optimizar los recursos y mejorar la ejecución de los proyectos de rehabilitación y reacondicionamiento de instalaciones públicas en Puerto Rico.

La Resolución del Senado 92 ordena a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la gestión de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La investigación se centrará en el uso y desembolso de fondos para mantenimiento, mejoras de infraestructura y proyectos de capital, con el fin de evaluar el cumplimiento de sus funciones, identificar retos y proponer soluciones para optimizar recursos y mejorar la ejecución de proyectos de rehabilitación. Afecta directamente a la AEP y a la Comisión senatorial encargada de la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer el estado actual de los hogares de envejecientes de Puerto Rico, a los fines de auscultar el cumplimiento con la política pública establecida y el nivel de cumplimiento con ésta en aquellas instituciones autorizadas a prestar servicios a dicha comunidad, así como a las organizaciones que atienden las necesidades de esta población.

La Resolución del Senado 5 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los hogares de envejecientes en la isla. El objetivo es evaluar el cumplimiento de estas instituciones y las organizaciones de apoyo con la política pública vigente y los procesos de licenciamiento y regulación establecidos por el Departamento de la Familia. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.

Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de la Isla, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.

La Resolución del Senado 135 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de la gentrificación en comunidades urbanas y costeras de Puerto Rico. El propósito es evaluar sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre servicios públicos y cambios socioeconómicos/culturales, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar dichos efectos adversos.