Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación para conocer el estado actual de los hogares de envejecientes de Puerto Rico, a los fines de auscultar el cumplimiento con la política pública establecida y el nivel de cumplimiento con ésta en aquellas instituciones autorizadas a prestar servicios a dicha comunidad, así como a las organizaciones que atienden las necesidades de esta población.
Qué propone
La Resolución del Senado 5 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los hogares de envejecientes en la isla. El objetivo es evaluar el cumplimiento de estas instituciones y las organizaciones de apoyo con la política pública y los procesos de licenciamiento y regulación establecidos por el Departamento de la Familia. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la creciente preocupación por el bienestar de los adultos mayores en Puerto Rico, un tema que ha cobrado urgencia debido al rápido envejecimiento poblacional y la vulnerabilidad de esta población. La investigación propuesta por el Senado busca fiscalizar el cumplimiento de la política pública y las regulaciones en hogares de envejecientes, un aspecto crítico del marco legal de protección que, como señalan los fragmentos, ha sido objeto de escrutinio por denuncias de falta de personal y condiciones deficientes, a pesar de la existencia de leyes como la Carta de Derechos del Adulto Mayor.
En qué va
La Resolución del Senado 5 fue el 10 de enero de 2025, el 27 de enero de 2025, y un Informe Final fue rendido y aprobado por el cuerpo legislativo el 6 de octubre de 2025.
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Última acción · 6 de octubre de 2025
Cuerpo aprueba informe final rendido
La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.
A favor (27)
En contra (1)
A favor (28)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta en la que evalúen si el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024, promulgado por la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral, cumple cabalmente con la política pública establecida en la Ley 121-2019, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”; examinen la implementación y nivel de cumplimiento del Departamento de Salud con el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024; y desarrollen propuestas legislativas y administrativas para la revisión del plan, a los fines de hacerlo compatible con los parámetros del Plan para el Decenio de Envejecimiento Saludable 2021-2030 de la Organización Mundial de la Salud, incorporar objetivos científicamente ejecutables y medibles, y establecer responsabilidades concretas para su cumplimiento.
La Resolución del Senado 576 ordena a las comisiones de Salud y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico realizar una investigación conjunta. El objetivo es evaluar el cumplimiento del Plan Decenal de Envejecimiento Saludable para Puerto Rico de 2024 con la Ley 121-2019, examinar su implementación y nivel de cumplimiento por parte del Departamento de Salud, y desarrollar propuestas para revisar dicho plan y hacerlo compatible con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incorporar objetivos medibles y establecer responsabilidades concretas. Afecta directamente a las comisiones senatoriales designadas y, en última instancia, a la política pública y los servicios dirigidos a la población de adultos mayores en Puerto Rico.
“Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la política pública existente y necesaria referente al cuido continuo y a las instituciones de cuido de larga duración en Puerto Rico, en todas sus modalidades incluyendo instituciones de cuido diurno e instituciones residenciales; y para otros fines relacionados.”
La Resolución del Senado 217 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la política pública actual y futura relacionada con el cuidado continuo y las instituciones de cuidado de larga duración en todas sus modalidades (diurno y residencial). Para ello, la Comisión integrará un Grupo Especial de Trabajo con representantes de agencias clave como Familia, ASSMCA, OPPEA, y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. La Comisión tiene facultad para celebrar vistas, citar testigos y requerir información, y deberá rendir un informe final con hallazgos y recomendaciones antes del cierre de la 3ra Sesión Ordinaria de la 20ma Asamblea Legislativa (junio de 2026).
Para ordenar a las Comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos; y de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales, cantidad de casos, zonas o municipios más impactados, las razones y su impacto en la industria hospitalaria, así como que brinden posibles alternativas y protocolos que se deben implementar para eliminar esta práctica; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 334 ordena a las Comisiones de Familia y Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el abandono de adultos mayores en hospitales. La investigación debe determinar la cantidad de casos, las zonas más impactadas, las razones subyacentes, y el impacto en la industria hospitalaria. Además, se les instruye a proponer alternativas y protocolos para eliminar esta práctica, con un plazo de 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas o administrativas.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la operación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, con particular atención al manejo y resolución de querellas; disponibilidad de personal y recursos para el manejo efectivo de casos; la accesibilidad a los servicios que ofrece la agencia; así como el cumplimiento con los demás deberes y funciones delegados en la Ley 76-2013, según enmendada; y para otros fines relacionados.
La R. del S. 620 no enmienda la Ley 76-2013: ordena a una comisión del Senado investigar la operación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. La Sección 1 destaca el manejo y resolución de querellas, el personal y los recursos, el acceso a los servicios y el cumplimiento de los deberes de la Oficina bajo esa ley. La Sección 2 permite celebrar vistas, citar personas y requerir información y documentos; la Sección 3 exige un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas dentro de 90 días de aprobarse la resolución. En la práctica, el mandato recae sobre la comisión y requiere que la Oficina responda a las gestiones de investigación.
Para ordenar a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la participación de las personas de la tercera edad en los programas de nutrición y alimentos para adultos mayores, incluyendo el Programa de Alimentos para Centros de Envejecimiento y servicios similares administrados por el Departamento de la Familia y otras agencias; requerir notificación detallada por municipio, barrio y sector sobre los envejecientes que no participan en dichos programas; identificar barreras de acceso tales como la falta de centros de envejecimiento, deficiencias en transporte, limitaciones geográficas, problemas de movilidad, desconocimiento del programa y otras limitaciones; ordenar la presentación de un informe con recomendaciones legislativas y administrativas para maximizar la cobertura y garantizar la seguridad alimentaria de esta población vulnerable; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 399 ordena a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la participación de personas de la tercera edad en programas de nutrición y alimentos. Busca identificar barreras de acceso y requerir notificación detallada sobre quienes no participan, para luego presentar un informe con recomendaciones legislativas y administrativas. Afecta directamente a la población de adultos mayores y a las agencias que administran estos programas.
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