PC 1260

Para enmendar el Artículo 7.22 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer una nueva amnistía general por sesenta (60) días; autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a decretar administrativamente una extensión por un periodo adicional de treinta (30) días; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; establecer la responsabilidad investigativa de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF); y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

Establecer una nueva amnistía general de armas de fuego y municiones por un periodo de sesenta (60) días, con la posibilidad de una extensión administrativa de treinta (30) días por parte del Superintendente de la Policía. La medida busca que personas que posean armas ilegalmente puedan entregarlas sin enfrentar cargos criminales. Además, impone la obligación de recopilar, analizar y divulgar datos sobre el impacto de la amnistía en la seguridad pública, y asigna a la Policía y al Instituto de Ciencias Forenses la responsabilidad de investigar la procedencia de las armas recuperadas.

Pros

•Permite la recuperación de armas de fuego y municiones que se encuentran fuera del control legal, lo que podría disminuir el potencial de violencia y accidentes relacionados con su posesión irregular.
•Ofrece a los ciudadanos una vía para regularizar su situación o deshacerse de armamento sin temor a represalias penales, fomentando la colaboración ciudadana con las autoridades.
•Establece mecanismos obligatorios para la recopilación, análisis y divulgación de datos sobre las armas recuperadas y el impacto de la amnistía, lo cual es crucial para evaluar su efectividad y fundamentar futuras políticas de seguridad pública, abordando una deficiencia señalada en el pasado.
•Garantiza la confidencialidad de quienes se acojan a la amnistía al no requerir registro de su identidad, lo que puede incentivar una mayor participación y entrega de armamento.

Contras

•Aunque se investigará la procedencia de las armas, la amnistía en sí misma no distingue entre armas vinculadas a delitos graves y aquellas poseídas por otras razones (herencias, desuso), lo que podría permitir que armas potencialmente usadas en crímenes sean entregadas sin que su historial delictivo se vincule directamente a la persona que las entrega, dificultando la investigación criminal posterior si no se rastrea adecuadamente.
•La medida autoriza la extensión de la amnistía por 30 días a discreción del Superintendente de la Policía, lo que introduce un elemento de flexibilidad pero también de potencial incertidumbre sobre la duración total del programa y la planificación logística para su cierre.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos que poseen armas de fuego o municiones de forma ilegal o irregular y desean entregarlas sin enfrentar consecuencias penales.
Preocupa a:: Las agencias de seguridad pública, que deberán gestionar el proceso de amnistía, investigar la procedencia de las armas y analizar datos, asumiendo una carga de trabajo adicional.
Quién paga o decide:: El costo operativo de la amnistía, la campaña publicitaria y la investigación recae sobre el Negociado de la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses, entidades financiadas con fondos públicos. El Superintendente de la Policía es la figura clave en la implementación, y posible extensión de la amnistía.

📜 Perspectiva histórica

. La medida sobre amnistía de armas se relaciona con el tema de la seguridad pública y la criminalidad, abordado en los fragmentos históricos. Específicamente, el fragmento 4 destaca el flujo constante de armas ilegales como motor principal de la criminalidad organizada, lo que la amnistía busca mitigar. La medida también se alinea con la necesidad de recopilar datos para medir el impacto en la seguridad pública, un aspecto relevante en el contexto de la profesionalización de la Policía y la evaluación de la actividad criminal.

En qué va

La medida, el 7 de mayo de 2026, ha sido presentada en la Cámara de Representantes y referida a la Comisión de Seguridad Pública. Recientemente, el 27 de mayo de 2026, se celebró una sobre la misma.

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