Para añadir el inciso (aa) a la Sección 1.018 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de establecer que el Alcalde podrá nombrar un consejero de la comunidad de base de fe en la Legislatura Municipal; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 4, de la Ley Núm. 37 de 18 de enero de 2024, a los fines de aclarar las disposiciones sobre la vigencia de dicha Ley, que enmendó varias disposiciones de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Esta medida buscaba enmendar la Sección 4 de la Ley 37 de 2024 para clarificar la vigencia y retroactividad de dicha ley, la cual a su vez enmendó el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). El objetivo declarado era resolver problemas administrativos y de implementación de programas, especialmente aquellos relacionados con vivienda asequible bajo el Programa de Sección 8, que se vieron afectados por la retroactividad original de la Ley 37-2024. Afecta directamente a los municipios, agencias gubernamentales y a las aproximadamente 50,000 familias que se benefician de programas de vivienda subsidiada.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2.004, de la Ley Núm. 107 de 13 de agosto de 2020, según enmendada conocida como “Código Municipal de Puerto Rico, a los fines de proveer mayores protecciones a los municipios en el proceso de los nombramientos de los funcionarios municipales; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa, Proyecto de la Cámara 372, proponía enmendar el Artículo 2.004(a) del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). El cambio principal era extender el plazo que tiene un alcalde para someter a la Legislatura Municipal el nombramiento de directores de unidades administrativas de 120 días a 180 días. El objetivo declarado era dar mayor protección y tiempo a los municipios en estos procesos de nombramiento.

Para enmendar el Artículo 1.039 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”; y enmendar los artículos 31, 32 y 34-A del Código Político de 1902, con el fin de reafirmar la autoridad de las Legislatura Municipales en Puerto Rico para requerir la comparecencia, cooperación y Testimonio de testigos en procesos de investigación y evaluación de ordenanzas municipales; y para otros fines relacionados.

La medida busca reafirmar y fortalecer la autoridad de las Legislaturas Municipales de Puerto Rico para llevar a cabo investigaciones y evaluaciones. Esto se lograría enmendando el Código Municipal (Ley 107-2020) y el Código Político de 1902, específicamente los artículos 31, 32 y 34-A. El objetivo es asegurar que las legislaturas municipales puedan requerir la comparecencia, cooperación y testimonio de testigos de manera efectiva en sus procesos de investigación y evaluación de ordenanzas, alineándose con la jurisprudencia sobre poderes investigativos legislativos.