Para crear la “Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de Partos en Puerto Rico”.

Para enmendar el Articulo 6 de la Ley Núm. 194 - 2000, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente ; enmendar la Sección 8, del Artículo VI, de la Ley Núm. 72 -1993, según enmendada, conocida como "Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico"; enmendar los Artículos 30.020,31.020 y 31.031 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada/ conocida como Código de Seguros de Puerto Rico ; a los fines de garantizar el derecho de toda mujer a seleccionar y recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra, en adición a su médico primario, bajo el plan de cuidado de salud al que este acogida, hasta un (1) año después del parto; para disponer que las aseguradoras autoricen al obstetra a diagnosticar, manejar y tratar las condiciones de las pacientes durante el embarazo y el posparto, sin requerir un referido o autorización previa del médico primario; atemperar las disposiciones legales pertinentes; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente (Ley 194-2000), la Ley de Administración de Seguros de Salud (Ley 72-1993) y el Código de Seguros (Ley 77-1957). Garantiza que toda mujer bajo un plan de salud pueda seleccionar y recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra, además de su médico primario, hasta un año después del parto. Las aseguradoras deberán permitir que el obstetra diagnostique, maneje y trate condiciones relacionadas con el embarazo y el posparto sin necesidad de referido o autorización previa del médico primario.

Para proclamar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos; establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos a causa de violencia obstétrica; y para decretar otras disposiciones complementarias.

El Proyecto de la Cámara 459 busca establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos. Crea una causa de acción civil especial que permitiría a las pacientes demandar por daños sufridos debido a maltrato, deshumanización o coerción por parte del personal de salud durante el embarazo, parto o puerperio, con indemnizaciones que podrían duplicar los daños causados. También impone requisitos sobre acompañantes y prohíbe intervenciones médicas innecesarias en partos de bajo riesgo.

Para enmendar la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de requerir a todas las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud organizadas conforme a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, y en virtud de la Ley 194–2011, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico, a cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico y a las entidades excluidas a tenor con el Artículo 1.070 de dicha Ley, así como a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que provean, como parte de su cubierta básica y beneficios mínimos, servicios de maternidad, incluyendo la utilización y administración de anestesia epidural durante el parto; y para decretar otras disposiciones complementarias.

El Proyecto de la Cámara 551 propone enmendar la Ley 72-1993 para requerir que todas las aseguradoras, organizaciones de servicios de salud, planes médicos y entidades que ofrezcan beneficios de salud en Puerto Rico, incluyendo la Administración de Seguros de Salud (ASES) y sus contratistas, incluyan obligatoriamente la anestesia epidural durante el parto como parte de su cubierta básica y beneficios mínimos en servicios de maternidad. Esto afectaría a todas las entidades que proveen seguros y servicios de salud, así como a las mujeres embarazadas que buscan manejo del dolor durante el parto.