Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, con el fin de restablecer el estado de derecho sobre la quema de carbón como fuente para la generación de energía en Puerto Rico; y otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Potencialmente, a quienes buscan una transición energética más rápida hacia fuentes limpias (al adelantar la fecha de eliminación del carbón), aunque la redacción confusa del título puede beneficiar a quienes abogan por mantener o reintroducir el uso de carbón si la interpretación de 'restablecer el estado de derecho' se inclina hacia la continuidad de esa fuente.

Preocupa a:

A quienes dependen de la estabilidad y el costo de la energía generada por combustibles fósiles, si la eliminación acelerada del carbón no se acompaña de alternativas robustas y costo-efectivas. También preocupa a quienes defienden la política de descarbonización gradual y planificada, ante la ambigüedad del texto y la crítica a leyes previas.

Quién paga o decide:

La implementación final y la supervisión recaerían en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Asesoría Energética (AAE), bajo la dirección de la Junta de Control Fiscal y las figuras políticas electas o designadas que componen o supervisan estas entidades. Los costos de operación y la transición energética son financiados por los consumidores de energía eléctrica a través de sus facturas.