“Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”, con el fin de restablecer el estado de derecho sobre la quema de carbón como fuente para la generación de energía en Puerto Rico; y otros fines relacionados.”

Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico” para atemperar los objetivos de política pública energética a la urgente y precaria realidad de la emergencia energética de Puerto Rico; garantizar el cumplimiento con las metas establecidas para el 2050 en particular la urgente necesidad de atender la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico; disponer sobre el cumplimiento con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Política Pública Energética (17-2019) y la Ley de Diversificación Energética (82-2010) para flexibilizar el cumplimiento de metas energéticas. Extiende la fecha límite para eliminar el carbón de generación de energía hasta el 1 de enero de 2030, permitiendo aplazamientos adicionales de cinco años bajo ciertas condiciones. También ajusta la meta de energía renovable para el 2040 y elimina metas intermedias específicas para 2025 y 2040, manteniendo el objetivo del 100% renovable para 2050. Afecta principalmente al Negociado de Energía, a los consumidores de electricidad y a la planificación del sistema eléctrico de Puerto Rico.

“Para enmendar la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, a los fines de establecer metas regionales de generación con fuentes de energía renovable a ser cumplidas por LUMA Energy, Genera PR y cualquier otra entidad contratada; facultar al Negociado de Energía de Puerto Rico para su fiscalización; y para otros fines relacionados.”

El P. del S. 586 enmienda la Ley 17-2019 para obligar al Negociado de Energía a establecer metas mínimas de generación de energía renovable por región eléctrica. Estas metas deberán ser cumplidas por LUMA Energy, Genera PR y cualquier otro operador contratado. El Negociado tiene 12 meses para adoptar metas progresivas para 2027, 2030, 2040 y 2050, publicar informes anuales de cumplimiento, imponer multas por incumplimiento y ajustar el Plan Integrado de Recursos. LUMA y Genera PR deberán desglosar su generación renovable por región trimestralmente.

“Para crear la “Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, con el fin de establecer la nueva política sobre el control y manejo de los activos, facultades, operaciones y contrataciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); enmendar los artículos 1.3, 1.7, 1.8, 1.9 y 1.16 de la Ley Núm. 17-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” con el fin de que el Pueblo de Puerto Rico retome el control sobre la AEE; enmendar el artículo 6.6 y 6.35 de la Ley Núm. 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico” con el fin de evitar monopolios de compañías privadas en la industria energética de Puerto Rico y evitar situaciones de conflicto de intereses en el Negociado de Energía; enmendar las Secciones 4, 4A, 5, 6, 7 y 19 y añadir las Secciones 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 a la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” con el fin de reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico para asegurar una gobernanza participativa, transparente y totalmente independiente de la política partidista e intereses ajenos al bien común; establecer prohibiciones y obligaciones, la imposición de penas y, las reglas para la elección de los representantes de los consumidores en la Junta de Gobierno para que ésta sea efectiva, transparente, democrática y sobre todo, más representativa de la sociedad puertorriqueña e incluir el principio del mérito en el proceso de reclutamiento, selección y administración de recursos humanos; derogar la Ley Núm. 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”

La medida propone crear la 'Ley para el Rescate Público del Sistema Eléctrico de Puerto Rico' para revertir la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Busca enmendar leyes energéticas clave (Ley 17-2019, Ley 57-2014, Ley 83-1941) para que el pueblo retome el control de la AEE, evitar monopolios privados y conflictos de interés en el Negociado de Energía. Se reestructuraría la Junta de Gobierno de la AEE para asegurar gobernanza participativa, transparente y basada en mérito, derogando la Ley 120-2018. Afecta directamente a la AEE, sus operaciones, contratos, personal, y a los consumidores de energía eléctrica en Puerto Rico.