“Para enmendar la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, a los fines de establecer metas regionales de generación con fuentes de energía renovable a ser cumplidas por LUMA Energy, Genera PR y cualquier otra entidad contratada; facultar al Negociado de Energía de Puerto Rico para su fiscalización; y para otros fines relacionados.”

Intereses en juego

Beneficia a:

La ciudadanía en general, al promover una distribución más equitativa de los beneficios de la energía renovable y una planificación energética con mayor justicia territorial. También beneficia al Negociado de Energía al otorgarle facultades claras de fiscalización y establecimiento de metas.

Preocupa a:

A LUMA Energy y Genera PR, quienes ahora estarán legalmente obligados a cumplir metas regionales específicas y a someterse a un escrutinio más detallado de sus operaciones, con el riesgo de multas administrativas en caso de incumplimiento.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación del Negociado de Energía se financia con fondos públicos. La implementación final de las metas y la redacción del reglamento recaen en el Negociado de Energía, bajo la supervisión del Gobernador y la Asamblea Legislativa.