Para enmendar el Artículo 1.6 y añadir un nuevo Artículo 1.20 a la Ley 17-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, con el fin de establecer como uno de los objetivos iniciales de dicha política pública el fomento y desarrollo de proyectos de Energía Renovable Comunitaria, y disponer los mecanismos institucionales para su promoción, integración y financiamiento.; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico” para atemperar los objetivos de política pública energética a la realidad; garantizar el cumplimiento con las metas establecidas para el 2050; disponer sobre el cumplimiento con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 270 propone enmendar la Ley 17-2019 y la Ley 82-2010 para eliminar las metas intermedias de energía renovable (40% para 2025 y 60% para 2040), difiere la eliminación del carbón hasta 2030 (con posibilidad de aplazamiento adicional), y elimina la meta de 30% de eficiencia energética para 2040. Mantiene la meta final del 100% de energía renovable para 2050. Afecta la política pública energética, el Negociado de Energía y los proveedores de energía.

“Para enmendar la Ley Núm. 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, a los fines de establecer metas regionales de generación con fuentes de energía renovable a ser cumplidas por LUMA Energy, Genera PR y cualquier otra entidad contratada; facultar al Negociado de Energía de Puerto Rico para su fiscalización; y para otros fines relacionados.”

Esta medida, el P. del S. 600, enmienda la Ley Núm. 17-2019 para establecer metas regionales de generación de energía renovable. Obliga a LUMA Energy, Genera PR y otras entidades contratadas a cumplir estos objetivos, que serán definidos y fiscalizados por el Negociado de Energía de Puerto Rico. La ley establece plazos para la adopción de estas metas (2027, 2030, 2040, 2050) y exige transparencia en los reportes de las compañías. El Negociado tiene 180 días para promulgar el reglamento y 12 meses para establecer las metas regionales específicas.

Para enmendar el Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y los Artículos 2.3 y 2.13 de la Ley Núm. 82-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico” para atemperar los objetivos de política pública energética a la urgente y precaria realidad de la emergencia energética de Puerto Rico; garantizar el cumplimiento con las metas establecidas para el 2050 en particular la urgente necesidad de atender la confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico; disponer sobre el cumplimiento con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Política Pública Energética (17-2019) y la Ley de Diversificación Energética (82-2010) para flexibilizar el cumplimiento de metas energéticas. Extiende la fecha límite para eliminar el carbón de generación de energía hasta el 1 de enero de 2030, permitiendo aplazamientos adicionales de cinco años bajo ciertas condiciones. También ajusta la meta de energía renovable para el 2040 y elimina metas intermedias específicas para 2025 y 2040, manteniendo el objetivo del 100% renovable para 2050. Afecta principalmente al Negociado de Energía, a los consumidores de electricidad y a la planificación del sistema eléctrico de Puerto Rico.