PS 1193

Para enmendar la Sección 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de aclarar la definición de fin o utilidad pública; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

La medida propone la Sección 2 de la Ley General de de 1903 para aclarar la definición de 'fin o utilidad pública'. Específicamente, prohíbe que la transferencia de propiedad a personas o entidades para desarrollo o uso con fines de lucro sea considerada un fin público. Esto afecta a propietarios y al gobierno en el proceso de expropiación.

Pros

•Fortalece la protección de la propiedad privada al limitar el uso de la , impidiendo que el Estado transfiera bienes a particulares para su beneficio económico o desarrollo con fines de lucro.
•Aclara un concepto legal que, según la exposición de motivos, ha sido interpretado de manera amplia para justificar el desplazamiento de comunidades en favor de intereses privados, alineándose con la opinión disidente del caso Kelo.
•Establece un límite más estricto al poder de , promoviendo que este se ejerza primordialmente para el bien común y no para el enriquecimiento de terceros.
•Proporciona mayor certeza jurídica al definir explícitamente qué no constituye un fin o utilidad pública, reduciendo la discrecionalidad en la aplicación de la ley de .

Contras

•La medida podría limitar la capacidad del gobierno para facilitar proyectos de desarrollo económico que, si bien implican un beneficio privado, también generan empleo y revitalización urbana, al prohibir explícitamente la transferencia de propiedad para fines de lucro.
•Aunque la ley exige una audiencia previa para la declaratoria de utilidad pública, la discrecionalidad del Gobernador o su designado para determinar la 'necesidad para el mejor servicio público y mejor realización con tal fin de la obra de que se trate' podría persistir en casos no directamente ligados a lucro, aunque sí a intereses económicos amplios.

Intereses en juego

Beneficia a:: Los propietarios de bienes inmuebles, al restringir las circunstancias bajo las cuales sus propiedades pueden ser expropiadas para beneficio privado.
Preocupa a:: Potenciales desarrolladores privados y entidades gubernamentales que buscaban utilizar la para facilitar proyectos con componente de lucro, y quienes argumentan que tales proyectos pueden generar un beneficio público indirecto.
Quién paga o decide:: El costo operativo de los procesos de recae en el gobierno. La decisión final sobre la utilidad pública recae en el Gobernador o el funcionario o agencia por él designada, tras una audiencia.

📜 Perspectiva histórica

. Esta medida se inscribe en el debate histórico sobre el uso de la tierra y la vivienda, que ha visto la formación de asentamientos informales y disputas por el uso de la tierra (Fuente 9), así como litigios por desahucios que reflejan el choque entre la propiedad privada y la justicia social (Fuente 10). La medida busca aclarar la definición de "fin o utilidad pública" en la , lo que tiene implicaciones directas para la protección de la propiedad y el desarrollo urbano, temas recurrentes en la historia de Puerto Rico.

En qué va

La medida, Proyecto del Senado 1193, fue el 10 de abril de 2026 y referida a comisión en el Senado de Puerto Rico el 13 de abril de 2026.

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Trámite legislativo

Última acción · 13 de abril de 2026

Referido a Comisión(es)

Para enmendar la Sección 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de aclarar la definición de fin o utilidad pública; y para otros fines relacionados.

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