Para enmendar la Ley Núm. 235-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública sobre el Arrendamiento y Compra de Inmuebles Privados por Agencias de Gobierno, y la Rehabilitación de Propiedades Gubernamentales”, y la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de establecer un procedimiento para corregir la ocupación gubernamental de inmuebles privados sin título vigente; disponer términos de desalojo, regularización, pago provisional o expropiación; y para otros fines relacionados.

“Para crear la “Ley Especial para Uniformar el Proceso de Titularidad de los Bienes Inmuebles del Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de establecer un procedimiento especial mediante el cual se dispone que, cuando no se identifique al titular de un bien inmueble que pertenece a la Rama Ejecutiva, o cuando la entidad gubernamental que se presume titular del bien inmueble en cuestión no puede presentar documentación fehaciente que le acredite como titular, el Departamento de Transportación y Obras Públicas certificará que el bien inmueble pertenece al Gobierno de Puerto Rico y lo representará como custodio de las propiedades estaduales en todo proceso de disposición de dicho bien inmueble ante el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, instituido en virtud del Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, y enmendar el Artículo 133 del “Código Político de Puerto Rico” de 1902, según enmendado, a los fines de atemperar dichas leyes con la presente; disponer que esta Ley no estará supeditada para entrar en vigor a la promulgación de un reglamento o a enmiendas a reglamentos vigentes; y para otros fines relacionados.”

Esta medida crea la "Ley Especial para Uniformar el Proceso de Titularidad de los Bienes Inmuebles del Gobierno de Puerto Rico". Establece un procedimiento especial donde el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) certificará la titularidad gubernamental y actuará como custodio de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva si el titular original no se identifica o carece de documentación fehaciente. Esto facilitará la disposición de dichas propiedades a través del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). La ley enmienda la Ley Núm. 12 de 1975 y el Código Político de 1902 para atemperarlos a esta nueva disposición y entra en vigor sin necesidad de reglamento.

Para enmendar el Artículo 1814 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, a los fines de atemperar los términos de usucapión aplicables a bienes inmuebles, de manera que los términos que se encuentren en curso al momento de la vigencia de dicho Código se rijan por el término establecido en la legislación vigente, acreditando el tiempo ya transcurrido; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 1814 del Código Civil de Puerto Rico de 2020 para ajustar los términos de usucapión (adquisición de propiedad por posesión prolongada) aplicables a bienes inmuebles. Específicamente, establece que los términos de usucapión que estuvieran corriendo al momento de la vigencia del Código Civil de 2020 continuarán rigiéndose por la ley anterior, pero se acreditará el tiempo ya transcurrido bajo ese marco legal. Esto afecta a personas que buscan adquirir la propiedad de bienes inmuebles mediante el paso del tiempo y la posesión continuada.

Para enmendar el Artículo 1, derogar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 8, y enmendar y reenumerar los Artículos 6 como 2, 7 como 3, 9 como 4, 10 como 5, 11 como 6, 12 como 7 y 13 como 8 de la Ley 235-2014; enmendar el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el propósito de disolver a la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados.

La medida disuelve la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y reasigna sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles. Enmienda y reestructura varios artículos de la Ley 235-2014 y el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal). Afecta directamente a las agencias gubernamentales encargadas de la gestión y disposición de bienes inmuebles del Estado Libre Asociado.