PS 929

Para enmendar los Artículos 625, 629 y 632 de la Ley 135 del 14 de noviembre de 1933, según enmendada, conocida como “Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto…

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Para enmendar los Artículos 625, 629 y 632 de la Ley 135 del 14 de noviembre de 1933, según enmendada, conocida como “Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico”, a los fines de actualizar y fortalecer el procedimiento de desahucio en casos relacionados con viviendas públicas administradas por la Administración de Vivienda Pública (AVP) y el Departamento de Vivienda Federal (HUD); extender los plazos de apelación para garantizar un debido proceso de ley, especialmente para personas de edad avanzada, con discapacidades o de bajos ingresos; requerir la culminación obligatoria del procedimiento administrativo de "Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento" antes de radicar una demanda de desahucio en tribunales por incumplimientos no relacionados con falta de pago; incorporar explícitamente la reglamentación federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) en todo lo concerniente a desahucios en residenciales públicos; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

La medida los Artículos 625 y 629 de la Ley Núm. 135 de 1933 (Código de Enjuiciamiento Civil) para actualizar y fortalecer el procedimiento de desahucio en viviendas públicas administradas por la Administración de Vivienda Pública (AVP) y el Departamento de Vivienda Federal (HUD). Extiende el plazo de apelación a veinte (20) días. Requiere la culminación del procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de una demanda de desahucio por incumplimientos no relacionados con falta de pago. Incorpora explícitamente la federal del HUD en desahucios de residenciales públicos. Además, ordena al tribunal notificar a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos cuando el demandado sea adulto mayor, con discapacidades o litigante de forma pauperis.

Pros

•Extiende el plazo para interponer una apelación en casos de desahucio de viviendas públicas de 5 días (según se infiere del contexto de la Exposición de Motivos y la ley base previa) a 20 días. Esto otorga un tiempo significativamente mayor a los residentes, especialmente a aquellos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidades, de bajos ingresos), para preparar su defensa y ejercer su derecho al debido proceso de ley.
•Exige la culminación del procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de iniciar un proceso judicial de desahucio por incumplimientos no relacionados con falta de pago. Esto previene acciones judiciales prematuras y asegura que se agoten las vías administrativas y de notificación, ofreciendo una oportunidad adicional al inquilino para resolver la situación antes de enfrentar un litigio.
•Incorpora explícitamente la federal del HUD en los desahucios de residenciales públicos. Esto busca asegurar que los procedimientos de desahucio en Puerto Rico se alineen con los estándares federales de equidad y derechos humanos, evitando inconsistencias y decisiones judiciales que ignoren requisitos federales de debido proceso y protecciones contra discriminación.
•Establece que en casos de desahucio donde el demandado sea un adulto mayor, con discapacidades o litigante de forma pauperis, el tribunal notificará inmediatamente a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Esto garantiza que estas poblaciones vulnerables reciban apoyo legal y asistencia adecuada durante el proceso de desahucio.

Contras

•La medida extiende el plazo de apelación a 20 días, pero la Exposición de Motivos menciona que el plazo anterior era de 5 días, mientras que el texto aprobado por el Senado el Artículo 629 para fijarlo en 'veinte (20) días'. Si bien el aumento es sustancial, la ley base previa (Ley 135 de 1933, Art. 629) podría haber tenido un plazo diferente que no se reproduce explícitamente en el texto de la enmienda. La medida no aclara si el plazo de 5 días mencionado en la Exposición de Motivos era el o si se refiere a un plazo anterior, y el texto aprobado fija 20 días sin indicar qué plazo específico se está modificando de la ley base, lo que podría generar confusión sobre el punto de partida exacto del cambio.
•El requisito de culminar el procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de una demanda de desahucio por incumplimientos no relacionados con falta de pago, aunque busca proteger al inquilino, podría ser utilizado por inquilinos para dilatar el proceso de desahucio, especialmente si el procedimiento administrativo es prolongado o si la AVP o HUD no cuentan con mecanismos ágiles para su conclusión, creando un riesgo de demora excesiva en la recuperación de la propiedad para la administración.
•La medida incorpora la federal del HUD, pero no detalla cómo se integrará o verificará su cumplimiento en la práctica judicial puertorriqueña. Existe el riesgo de que la aplicación de normativas federales complejas, como las citadas (24 C.F.R. Parte 966), genere inconsistencias o dificultades de interpretación para los tribunales locales si no se acompaña de guías claras o capacitación específica para los operadores de justicia, lo que podría minar la uniformidad y eficacia del proceso.
•Si bien se ordena la notificación a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la medida no especifica si estas oficinas cuentan con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para atender de manera efectiva todos los casos que se les notifiquen, especialmente en un contexto de alta demanda de servicios legales para poblaciones vulnerables. Esto podría resultar en una notificación que no se traduce en un apoyo real y oportuno para los demandados.

Intereses en juego

Beneficia a:: Residentes de viviendas públicas administradas por la AVP y/o subsidiadas por HUD, particularmente adultos mayores, personas con discapacidades y de bajos ingresos, al extender plazos de apelación, requerir procedimientos administrativos previos y asegurar notificación a oficinas de apoyo.
Preocupa a:: Administradores de viviendas públicas (AVP, HUD) y el sistema judicial, quienes podrían enfrentar demoras en los procesos de desahucio por incumplimientos no relacionados con pago, y potenciales complejidades en la aplicación de federal.
Quién paga o decide:: La implementación y el costo de los procedimientos administrativos y judiciales recaen sobre la AVP y el Departamento de Vivienda Federal (HUD) en su rol de administradores y financiadores de las viviendas públicas. Las decisiones judiciales finales recaen en los tribunales de Puerto Rico. La notificación a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos implica una carga adicional para estas agencias, cuyos fondos provienen del erario público.

Perspectiva histórica

Esta medida se inscribe en la historia de las disputas por el uso de la tierra y la vivienda en Puerto Rico, que incluye el desarrollo de asentamientos informales y la amenaza de desahucio para poblaciones de bajos recursos. La medida busca proteger a los residentes de vivienda pública, especialmente a los más vulnerables, al fortalecer el debido proceso en los desahucios, un tema que históricamente ha reflejado el choque entre la propiedad privada y la justicia social.

En qué va

Esta medida, P. del S. 929, fue el 22 de junio de 2026, tras ser el 13 de enero de 2026 y referida a comisión. Posteriormente, fue enviada a la Cámara de Representantes el 22 de junio de 2026, donde apareció en Primera Lectura el 24 de junio de 2026 y fue referida a comisión.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 24 de junio de 2026

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 16 (57%)En contra: 3 (11%)Abstenido: 7 (25%)Ausente: 2 (7%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

22 de junio de 2026

16 A favor3 En contra7 Abstenido2 Ausente

Ver cómo votó cada quien

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•Extiende el plazo para interponer una apelación en casos de desahucio de viviendas públicas de 5 días (según se infiere del contexto de la Exposición de Motivos y la ley base previa) a 20 días. Esto otorga un tiempo significativamente mayor a los residentes, especialmente a aquellos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidades, de bajos ingresos), para preparar su defensa y ejercer su derecho al debido proceso de ley.
•Exige la culminación del procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de iniciar un proceso judicial de desahucio por incumplimientos no relacionados con falta de pago. Esto previene acciones judiciales prematuras y asegura que se agoten las vías administrativas y de notificación, ofreciendo una oportunidad adicional al inquilino para resolver la situación antes de enfrentar un litigio.
•Incorpora explícitamente la federal del HUD en los desahucios de residenciales públicos. Esto busca asegurar que los procedimientos de desahucio en Puerto Rico se alineen con los estándares federales de equidad y derechos humanos, evitando inconsistencias y decisiones judiciales que ignoren requisitos federales de debido proceso y protecciones contra discriminación.
•Establece que en casos de desahucio donde el demandado sea un adulto mayor, con discapacidades o litigante de forma pauperis, el tribunal notificará inmediatamente a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Esto garantiza que estas poblaciones vulnerables reciban apoyo legal y asistencia adecuada durante el proceso de desahucio.

Contras

•La medida extiende el plazo de apelación a 20 días, pero la Exposición de Motivos menciona que el plazo anterior era de 5 días, mientras que el texto aprobado por el Senado el Artículo 629 para fijarlo en 'veinte (20) días'. Si bien el aumento es sustancial, la ley base previa (Ley 135 de 1933, Art. 629) podría haber tenido un plazo diferente que no se reproduce explícitamente en el texto de la enmienda. La medida no aclara si el plazo de 5 días mencionado en la Exposición de Motivos era el o si se refiere a un plazo anterior, y el texto aprobado fija 20 días sin indicar qué plazo específico se está modificando de la ley base, lo que podría generar confusión sobre el punto de partida exacto del cambio.
•El requisito de culminar el procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de una demanda de desahucio por incumplimientos no relacionados con falta de pago, aunque busca proteger al inquilino, podría ser utilizado por inquilinos para dilatar el proceso de desahucio, especialmente si el procedimiento administrativo es prolongado o si la AVP o HUD no cuentan con mecanismos ágiles para su conclusión, creando un riesgo de demora excesiva en la recuperación de la propiedad para la administración.
•La medida incorpora la federal del HUD, pero no detalla cómo se integrará o verificará su cumplimiento en la práctica judicial puertorriqueña. Existe el riesgo de que la aplicación de normativas federales complejas, como las citadas (24 C.F.R. Parte 966), genere inconsistencias o dificultades de interpretación para los tribunales locales si no se acompaña de guías claras o capacitación específica para los operadores de justicia, lo que podría minar la uniformidad y eficacia del proceso.
•Si bien se ordena la notificación a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la medida no especifica si estas oficinas cuentan con los recursos humanos y presupuestarios necesarios para atender de manera efectiva todos los casos que se les notifiquen, especialmente en un contexto de alta demanda de servicios legales para poblaciones vulnerables. Esto podría resultar en una notificación que no se traduce en un apoyo real y oportuno para los demandados.

Intereses en juego

Beneficia a:: Residentes de viviendas públicas administradas por la AVP y/o subsidiadas por HUD, particularmente adultos mayores, personas con discapacidades y de bajos ingresos, al extender plazos de apelación, requerir procedimientos administrativos previos y asegurar notificación a oficinas de apoyo.
Preocupa a:: Administradores de viviendas públicas (AVP, HUD) y el sistema judicial, quienes podrían enfrentar demoras en los procesos de desahucio por incumplimientos no relacionados con pago, y potenciales complejidades en la aplicación de federal.
Quién paga o decide:: La implementación y el costo de los procedimientos administrativos y judiciales recaen sobre la AVP y el Departamento de Vivienda Federal (HUD) en su rol de administradores y financiadores de las viviendas públicas. Las decisiones judiciales finales recaen en los tribunales de Puerto Rico. La notificación a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y a la Defensoría de las Personas con Impedimentos implica una carga adicional para estas agencias, cuyos fondos provienen del erario público.

Perspectiva histórica

En qué va

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