Para enmendar los Artículos 625, 629 y 632 de la Ley 135 del 14 de noviembre de 1933, según enmendada, conocida como “Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico”, a los fines de actualizar y fortalecer el procedimiento de desahucio en casos relacionados con viviendas públicas administradas por la Administración de Vivienda Pública (AVP) y el Departamento de Vivienda Federal (HUD); extender los plazos de apelación para garantizar un debido proceso de ley, especialmente para personas de edad avanzada, con discapacidades o de bajos ingresos; requerir la culminación obligatoria del procedimiento administrativo de "Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento" antes de radicar una demanda de desahucio en tribunales por incumplimientos no relacionados con falta de pago; incorporar explícitamente la reglamentación federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) en todo lo concerniente a desahucios en residenciales públicos; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La extensión del plazo de apelación y la exigencia de completar procedimientos administrativos previos podrían ralentizar significativamente los procesos de desahucio, incluso en casos de incumplimientos graves no relacionados con el pago, lo que podría desincentivar la inversión o el mantenimiento adecuado de las propiedades si la AVP enfrenta demoras prolongadas para desalojar inquilinos problemáticos.
• •La medida delega la interpretación y aplicación de normativas federales del HUD (24 CFR Parte 966, entre otras) a los tribunales y a la AVP sin una clara indicación de cómo se integrarán o priorizarán estas normativas frente a las leyes procesales civiles de Puerto Rico, creando potencial para conflictos interpretativos y litigios sobre la supremacía de leyes.
• •Aunque busca proteger a vulnerables, la medida no establece mecanismos claros de asistencia legal o recursos para los residentes que deben navegar los complejos procedimientos administrativos y judiciales, lo que podría dejar a muchos en una posición de desventaja si no cuentan con representación, a pesar del plazo extendido.
• •La obligatoriedad de completar el procedimiento administrativo de 'Intención de Cancelación de Contrato de Arrendamiento' antes de radicar una demanda judicial por incumplimientos no relacionados con falta de pago, podría ser interpretada de manera restrictiva por la AVP, generando un cuello de botella administrativo y retrasos innecesarios en casos donde la conducta del inquilino pueda afectar la seguridad o el orden del residencial.

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Para enmendar la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico”, añadiendo un nuevo Artículo 15.1 que ordene la creación, aprobación, distribución y actualización periódica de un “Documento Legal de Derechos de los Residentes de Vivienda Pública”; requerir su disponibilidad en múltiples formatos accesibles (incluyendo braille, audio, digital y varios idiomas); y establecer campañas educativas obligatorias en medios de comunicación, plataformas digitales, talleres comunitarios y otros mecanismos para informar a los residentes sobre sus derechos y cómo defenderlos; y para otros fines relacionados.

El Proyecto del Senado 931 propone enmendar la Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública (AVP) para añadir un nuevo Artículo 15.1. Este artículo ordenaría la creación, aprobación, distribución y actualización periódica de un 'Documento Legal de Derechos de los Residentes de Vivienda Pública'. El documento deberá ser accesible en múltiples formatos (braille, audio, digital, varios idiomas) y se requerirán campañas educativas obligatorias para informar a los residentes sobre sus derechos y cómo defenderlos, afectando directamente a los residentes de vivienda pública y a la AVP.