Para enmendar el Artículo 1, derogar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 8, y enmendar y reenumerar los Artículos 6 como 2, 7 como 3, 9 como 4, 10 como 5, 11 como 6, 12 como 7 y 13 como 8 de la Ley 235-2014; enmendar el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", con el propósito de disolver a la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5.01; añadir un inciso (j) al Artículo 5.05; enmendar los incisos (a) y (d) del Artículo 5.06; y enmendar el Artículo 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a fin de ampliar los deberes del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles con respecto al inventario oficial de propiedades del Gobierno de Puerto Rico; y autorizar la transferencia de propiedades inmuebles en total desuso a los municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios para ser destinadas exclusivamente al desarrollo de vivienda social y asequible.

La medida busca enmendar la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017) para ampliar las funciones del Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI). Específicamente, autoriza la transferencia de hasta el 25% de propiedades gubernamentales en desuso a municipios, entidades sin fines de lucro o desarrolladores comunitarios, a un precio nominal de $1.00, siempre que se destinen exclusivamente a vivienda social y asequible. Esto afecta directamente al inventario de propiedades públicas y a las entidades que puedan recibir estas propiedades para fines de desarrollo habitacional.

Para enmendar la Ley Núm. 235-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Política Pública sobre el Arrendamiento y Compra de Inmuebles Privados por Agencias de Gobierno, y la Rehabilitación de Propiedades Gubernamentales”, y la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley General de Expropiación Forzosa”, a los fines de establecer un procedimiento para corregir la ocupación gubernamental de inmuebles privados sin título vigente; disponer términos de desalojo, regularización, pago provisional o expropiación; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Arrendamiento y Compra de Inmuebles Privados por Agencias de Gobierno (Ley 235-2014) y la Ley General de Expropiación Forzosa (Ley de 1903) para establecer un procedimiento claro y uniforme. Busca corregir la ocupación gubernamental de propiedades privadas sin un título legal vigente, disponiendo plazos para desalojo, regularización, pago provisional o expropiación. Afecta directamente a agencias gubernamentales que ocupan inmuebles privados y a los propietarios de dichos inmuebles.

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley Núm. 13 de 16 de mayo de 1962, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico”, con el propósito de modificar el término mínimo dispuesto para la realización de auditorías por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1114 enmienda el Artículo 10 de la Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Ley Núm. 13 de 1962). Modifica el requisito de auditoría anual de la Oficina del Contralor, estableciendo un término mínimo de una auditoría cada tres (3) años en lugar de cada año. El objetivo declarado es aliviar la carga fiscal y de recursos de la Oficina del Contralor y de la Administración de Terrenos.