PS 221

Para enmendar los artículos 1 y 2, suprimir los artículos 3 y 4, reenumerar los artículos 5 y 6, como los artículos 3 y 4, y a su vez enmendarlos, suprimir los…

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Para enmendar los artículos 1 y 2, suprimir los artículos 3 y 4, reenumerar los artículos 5 y 6, como los artículos 3 y 4, y a su vez enmendarlos, suprimir los artículos 7 y 8, reenumerar el Artículo 9, como Artículo 5, y a su vez enmendarlo, suprimir los artículos 10, 11 y 12, reenumerar el Artículo 13, como Artículo 6, y a su vez enmendarlo, añadir unos nuevos artículos 7, 8 y 9, suprimir los artículos 14, 15, 16 y 17, y reenumerar el Artículo 18, como Artículo 10, en la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, mediante la cual se autorizó al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a vender, permutar o gravar los terrenos propiedad del Gobierno de Puerto Rico, así como los edificios gubernamentales que dejaron de ser de utilidad pública, a los fines de consolidar en la figura del antes mencionado funcionario, toda gestión encaminada a disponer de la propiedad perteneciente al Estado; flexibilizar los procesos establecidos para disponer de la propiedad pública o el arrendamiento de esta, si dichas transacciones tienen el efecto de reactivar el mercado de bienes raíces en Puerto Rico; crear un denominado “Inventario Digital de Propiedades Públicas”, que contendrá información detallada sobre los terrenos y las estructuras e inmuebles custodiados o pertenecientes y administrados por el Gobierno de Puerto Rico, que permita manejar la información y el acceso rápido a los datos, el cual servirá como herramienta de trabajo para la toma de decisiones relacionadas con la administración y disposición de los bienes públicos; y proveer los recursos económicos necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; derogar la Ley 235-2014, mediante la cual se creó la “Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, por ser esta Ley una inoficiosa; suprimir el Capítulo 5, y reenumerar los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, como los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, y reenumerar los artículos del 6.01 al 10.06, como los artículos del 5.01 al 9.06, respectivamente, en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, con el propósito de atemperar la misma, con las disposiciones de la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

El PS 221 la Ley 12-1975 para concentrar en el Secretario del DTOP la venta, el arrendamiento y otras gestiones sobre inmuebles públicos, y permitirle diseñar el procedimiento de venta. Autorizaría vender por debajo de tasación cuando el Secretario determine que beneficia el interés público y reactiva el mercado; asignaría al DTOP el 10% de los ingresos por ventas y arrendamientos y el 90% al . También crearía un inventario digital público con datos como titularidad, gravámenes, tasaciones y planos, y eliminaría el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, además de por completo la Ley 235-2014. En la Ley 12, sustituiría avisos por periódico y correo certificado por publicación en portales durante al menos dos semanas, y suprimiría varios derechos preferentes, controles de venta y límites a los arrendamientos.

Pros

•Crearía para propiedades del Gobierno un inventario digital accesible en la página del DTOP, con información detallada que incluye ubicación, fotos, titularidad, gravámenes, tasación y planos; lo desarrollaría en coordinación con la Junta de Planificación. La Ley 235-2014 requería un inventario oficial, pero no establecía en el texto provisto que fuera público en línea ni detallaba esos campos.
•Apartaría el 10% de lo recaudado por ventas y arrendamientos para que el DTOP sufrague los gastos de ejecutar la ley, y enviaría el 90% restante al . La ley no asigna esos porcentajes.
•Eliminaría las aprobaciones previas del Gobernador y de los secretarios de Hacienda y Justicia, así como la aprobación legislativa para ciertas ventas de $500,000 o más. Esto reduce los pasos de autorización y deja la decisión de disposición en manos del Secretario del DTOP, sujeto al interés público y a los procedimientos que establezca.
•Permitiría vender por debajo de la tasación cuando la transacción beneficie el interés público y reactive el mercado de bienes raíces. La ley fija el precio a partir del valor de mercado y no contiene esa autorización expresa para rebajarlo.

Contras

•La total de la Ley 235-2014 eliminaría la preferencia legal por usar inmuebles públicos antes de arrendar o comprar inmuebles privados y el requisito de autorización de la OGP para esas operaciones, incluida la certificación de que no se identificó un inmueble público disponible. También desaparecerían las funciones que esa ley asigna al CEDBI y a la OGP, entre ellas evaluar solicitudes, emitir decisiones y acudir al tribunal para exigir cumplimiento, además del deber de crear un plan de desarrollo y rehabilitación de estructuras públicas.
•La Ley 12 dejaría de reconocer la prioridad de segundo orden a quienes ocupan legalmente una propiedad por más de cinco años como única residencia, y las prioridades posteriores de ciertos herederos y colindantes. Aunque conservaría la preferencia general del antiguo dueño para readquirir, quitaría la reversión gratuita expresamente garantizada a quienes donaron propiedades al Gobierno y el plazo de 15 años para ejercer esa acción. Además, suprimiría la compensación que el artículo 3 contempla por destruir o remover estructuras y siembras para obras públicas, con sus requisitos de aprobación según el monto.
•Se eliminarían controles sobre el precio y la duración de las transacciones: el DTOP tasaría en lugar del Departamento de Hacienda y ya no habría revisión de Hacienda dentro de 30 días; el Secretario podría autorizar ventas bajo tasación con criterios amplios, sin las aprobaciones actuales. También desaparecerían el precio especial de 80% para ciertos remanentes vendidos a colindantes, el límite de arrendamiento de 10 años más una renovación de hasta 10 años y la revisión obligatoria del canon cada tres años; se mantiene el canon del 8% del valor de mercado.
•Se perderían garantías de aviso y rendición de cuentas: la publicación en periódico y el envío certificado al municipio y a antiguos dueños serían sustituidos por avisos en portales, y desaparecerían el plazo de 30 días durante el cual no se podía vender, la subasta pública obligatoria con precio mínimo aprobado por Hacienda y el informe anual a la Asamblea Legislativa sobre las transacciones. La ley nueva tampoco reproduce varios datos que la resolución de venta debía documentar, como quién era el antiguo dueño y la evidencia de notificación al municipio.

Intereses en juego

Beneficia a:: El DTOP recibiría el 10% de los ingresos para gastos de implementación y su Secretario concentraría las decisiones sobre disposiciones y procedimientos. Los compradores podrían beneficiarse de ventas por debajo de tasación si se cumplen los criterios que determine el Secretario; las agencias también perderían el requisito de autorización de la OGP para arrendar o comprar inmuebles privados.
Preocupa a:: A las agencias que necesiten arrendar o comprar inmuebles privados, por la eliminación de la preferencia por bienes públicos y del control previo de la OGP; a antiguos dueños, residentes ocupantes, herederos y donantes que perderían prioridades o derechos expresos; y a la Asamblea Legislativa y al público, por la eliminación de informes y controles de aviso, subasta y aprobación.
Quién paga o decide:: El 10% de los ingresos de ventas y arrendamientos financiaría los gastos del DTOP y el 90% iría al . El Secretario del DTOP diseñaría el procedimiento y decidiría las disposiciones, sin las aprobaciones previas del Gobernador, Hacienda, Justicia o la Asamblea que elimina el proyecto; la seguiría sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

En qué va

Fue el 10 de enero de 2025 y referido a comisión el 16 de enero; la comisión rindió informe con el 23 de junio de 2025. Fue derrotado a viva voz en el Senado el 21 de agosto de 2025, por lo que sus cambios no entraron en vigor.

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Trámite legislativo

Última acción · 21 de agosto de 2025

Derrotado a viva voz

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