Para enmendar los Artículos 30, 107, 132, 224, 225, 227, 241, 245, 259, 262 y 285 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 4, derogar el Artículo 5 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 91 de 30 de Agosto de 1970, según enmendada a los fines de mejorar la redacción y modernizar sus disposiciones, especificar varias operaciones registrales, disponer lo relativo a los derechos recaudados por concepto de los nuevos servicios a la ciudadanía; modificar el alcance del Fondo Especial creado para la modernización del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La modificación del Artículo 107, que permite notificar la ausencia de una orden de confirmación de adjudicación o venta en lugar de impedir la inscripción, podría generar incertidumbre jurídica sobre la validez de inscripciones basadas en documentos incompletos si la orden de confirmación nunca se presenta o es desfavorable, creando un riesgo de litigio y fiscalización.
• •La discrecionalidad otorgada al Registrador en el Artículo 262 para calificar la procedencia de exenciones de derechos reclamadas, sin criterios claros o un proceso de apelación explícito en el texto, abre la puerta a posibles inconsistencias o favoritismos en la aplicación de tarifas.
• •La enmienda al Artículo 285 para modificar el término de contratación de Registradores Especiales, sin especificar los nuevos límites temporales o los criterios de selección y renovación, podría ser utilizada para extender o limitar discrecionalmente la permanencia de personal clave, afectando la continuidad y potencialmente abriendo la puerta a patronazgo político.
• •La disposición que permite la división y adjudicación de derechos y acciones de bienes gananciales mediante documento judicial o notarial (Art. 30) podría ser susceptible de abuso si no se acompaña de salvaguardas procesales robustas para asegurar la correcta notificación y participación de todas las partes interesadas, especialmente si se presentan conflictos entre cónyuges o copropietarios.