Qué propone
Esta medida varios artículos de la Ley 210-2015, conocida como la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, para mejorar la redacción, modernizar disposiciones y especificar operaciones registrales. Los cambios afectan principalmente a notarios, abogados, registradores y al público que realiza transacciones inmobiliarias, clarificando procesos como la división de bienes gananciales, la inscripción de ventas judiciales, la expedición de certificaciones y planos, y los procedimientos de recalificación y recursos gubernativos.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en el tema de la informalidad en la titularidad de las viviendas y la necesidad de un registro de la propiedad robusto, un problema histórico en Puerto Rico que ha afectado la asistencia en emergencias, como se vio con FEMA tras los huracanes Irma y María. La modernización de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria busca precisamente fortalecer la certeza jurídica y facilitar las transacciones, lo que podría mitigar la vulnerabilidad de las familias frente a futuros desastres y mejorar el acceso a ayudas.
En qué va
Esta medida, PS 102, fue aprobada por ambas cámaras legislativas en marzo de 2026 y , pero fue devuelta a la Fortaleza para su consideración posterior. Actualmente se encuentra en el proceso de conferencia entre ambas cámaras.
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Última acción · 26 de marzo de 2026
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Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los Artículos 30, 107, 132, 224, 225, 227, 241, 245, 259, 262 y 285 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 4, derogar el Artículo 5 y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 91 de 30 de Agosto de 1970, según enmendada a los fines de mejorar la redacción y modernizar sus disposiciones, especificar varias operaciones registrales, disponer lo relativo a los derechos recaudados por concepto de los nuevos servicios a la ciudadanía; modificar el alcance del Fondo Especial creado para la modernización del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y la Ley del Arancel de Derechos (Ley 91-1970). Introduce cambios en la inscripción de bienes gananciales, el proceso de subastas judiciales, la expedición de certificaciones y planos, y la gestión de documentos y derechos. También modifica el alcance y nombre del Fondo Especial para la modernización del Registro de la Propiedad. Afecta principalmente a ciudadanos, profesionales del derecho (notarios, abogados), entidades bancarias, y al propio Registro de la Propiedad.
Para enmendar los Artículos 40, 58, 59, 60, 105, 106, 129, 131, y 209 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado”, a los fines de realizar varias enmiendas para armonizar el estatuto al ordenamiento jurídico vigente; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda varios artículos (40, 58, 59, 60, 105, 106, 209) de la Ley 210-2015, Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria. Busca armonizarla con el nuevo Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020), actualizando referencias a derechos como el usufructo legal del cónyuge viudo y clarificando reglas sobre hipotecas y subastas. Afecta a propietarios, deudores, acreedores hipotecarios y funcionarios relacionados con el Registro de la Propiedad.
Para enmendar los Artículos 185 y 188 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el requisito de aprobación de segregación en expedientes de dominio; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda los Artículos 185 y 188 de la Ley 210-2015 (Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria) para aclarar cuándo se requiere la aprobación de segregación de terrenos por agencias gubernamentales en los expedientes de dominio. Busca facilitar la inscripción de propiedades poseídas por décadas pero sin título formal, al eximir dicho requisito bajo circunstancias específicas determinadas por un tribunal, afectando a personas que buscan inmatricular fincas y a los tribunales que procesan estos expedientes.
“Para enmendar el apartado (A)(2) del Artículo 23 y la cláusula (b) del inciso (i) del apartado (1) del Artículo 185 de la Ley Núm. 210 de 17 de diciembre de 2015, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de disponer taxativamente que resulta improcedente que el Tribunal de Primera Instancia exija Certificación Jurada de Mensura expedida por agrimensor licenciado cuando el promovente de un expediente de dominio alegue carencia de título y presente mensura que cumpla con los requisitos de cabida y colindancias en sistema métrico decimal y para otros fines relacionados.”
Esta medida enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) para eliminar el requisito de presentar una Certificación Jurada de Mensura expedida por un agrimensor licenciado en expedientes de dominio cuando el promovente alega no tener título y presenta una mensura que cumple con los requisitos de cabida y colindancias. Afecta directamente a personas que buscan inmatricular o regularizar la propiedad de terrenos en Puerto Rico, especialmente aquellas con posesión ancestral sin título formal.
Para enmendar los Artículos 11 y 280 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la "Ley de Registro de la Propiedad lmnobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", y enmendar la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, a los fines de facilitar el tráfico jurídico y minimizar los costos de las transacciones jurídicas a la ciudadanía; actualizar los requisitos de un abogado(a) para ser nombrado(a) Registrador de la Propiedad; y para otros fines relacionados.
Esta ley enmienda la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Ley 210-2015) y las Reglas de Procedimiento Civil para agilizar transacciones inmobiliarias. Específicamente, excluye sentencias de tribunales federales de EE.UU. del proceso de exequátur y permite que sentencias de tribunales estatales de EE.UU. se usen como prueba del estado civil de los comparecientes en ciertos casos ante el Registro de la Propiedad sin necesidad de exequátur. También reduce de diez (10) a cinco (5) años la experiencia mínima requerida para ser nombrado Registrador de la Propiedad.
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