PS 1210

Para enmendar el inciso (f)del Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services”, a los…

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Para enmendar el inciso (f)del Artículo 6 de la Ley 75-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Services”, a los fines de incorporar el desarrollo y la implementación de una aplicación tecnológica basada en inteligencia artificial (IA), para el monitoreo eficiente, transparente y automatizado de los procesos de subasta pública en el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

los Artículos 3 y 6 de la Ley 75-2019 para definir inteligencia artificial, irregularidad y la Plataforma de Monitoreo de Subastas Públicas, y asigna a PRITS el componente tecnológico y a la Administración de Servicios Generales las reglas operacionales. La plataforma cubriría las subastas de entidades de la Rama Ejecutiva bajo la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales; las entidades exentas podrían integrarse por acuerdo, sin perder las facultades que les conceden sus leyes orgánicas. Antes de crear un sistema nuevo, PRITS y la Administración de Servicios Generales deben evaluar los existentes y priorizar su integración o ampliación si es técnica y fiscalmente viable; solo se permite una plataforma nueva si aquellos no sirven adecuadamente. Dentro de 180 días de la vigencia, PRITS y las entidades colaboradoras deben presentar un plan con inventario, costos, fuentes de fondos y calendario; este procurará que la plataforma opere dentro de 24 meses desde la presentación, pero PRITS puede certificar una extensión por razones técnicas o fiscales. La ley entra en vigor de inmediato para preparar el plan, pero la contratación, adquisición e implantación quedan condicionadas a que PRITS certifique que hay fondos identificados y disponibles; no disposiciones de la ley base.

Pros

•La revisión obligatoria de J.E.D.I., los sistemas relacionados con el Enterprise Resource Planning y otras plataformas, junto con la prioridad de integrar o ampliar lo existente, puede evitar que las agencias y los contribuyentes paguen por un sistema duplicado. Una plataforma nueva solo se permite si PRITS y la Administración de Servicios Generales determinan que los sistemas existentes no cumplen adecuadamente los propósitos de la ley.
•Protege a licitadores y otras personas afectadas al prohibir que una alerta automatizada, por sí sola, descalifique a alguien, rechace una propuesta, adjudique o cancele una subasta, o la refiera a investigación. Exige que personal autorizado evalúe la situación y que cualquier acción cumpla con el debido proceso de ley.
•El plan de implementación debe detallar costos y fuentes de fondos, y el informe anual a la Asamblea Legislativa debe incluir fondos identificados, obligados y desembolsados, alertas generadas, tasas de falsos positivos y negativos, sesgos e incidentes de seguridad y medidas correctivas. Esto añade información específica para que la Legislatura pueda examinar el gasto y el funcionamiento de la plataforma, más allá del informe anual general que ya exige la Ley 75-2019.

Contras

•La definición de irregularidad abarca cualquier patrón, omisión, inconsistencia, desviación o indicador de riesgo que pueda contradecir incluso principios aplicables, sin fijar umbrales para generar alertas. Aunque una alerta no es una determinación final y no puede producir por sí sola una acción adversa, criterios tan abiertos pueden causar alertas dispares o falsos positivos y someter a licitadores y agencias a escrutinio innecesario.
•La auditoría independiente del sistema por la Oficina del Inspector General es opcional: el texto dice que la Oficina podrá auditar, y el piloto se exige solo cuando resulte viable. Por tanto, la plataforma podría operar sin un piloto y sin una auditoría independiente obligatoria; el informe anual debe incluir resultados de las auditorías realizadas, pero no obliga a que se realicen.
•El plazo de 24 meses no es un límite firme: el calendario debe procurar que la plataforma opere en ese término, y PRITS puede extenderlo al certificar circunstancias técnicas o fiscales. No se establece un máximo para la extensión ni se requiere aprobación legislativa para concederla.

Intereses en juego

Beneficia a:: PRITS obtiene responsabilidad legal sobre el desarrollo, integración, mantenimiento y seguridad tecnológica; la Administración de Servicios Generales valida las reglas operacionales. Los licitadores también reciben la protección de que una decisión adversa no se base exclusivamente en una determinación automatizada.
Preocupa a:: Las agencias y licitadores pueden verse afectados por alertas basadas en una definición amplia de irregularidad. La Oficina del Inspector General recibe una función de colaboración, pero la auditoría de la plataforma queda a su discreción, y las agencias participantes tendrán que coordinar la integración e intercambio de información mediante acuerdos.
Quién paga o decide:: El plan debe identificar fuentes estatales, federales o privadas, pero la medida no fija una cantidad. PRITS y la Administración de Servicios Generales evalúan los sistemas existentes y coordinan el plan; PRITS certifica ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa que los fondos están identificados y disponibles. La Administración de Servicios Generales establece y valida las reglas operacionales, mientras los acuerdos interagenciales distribuyen responsabilidades y accesos.

Perspectiva histórica

Esta medida se inscribe en la larga historia de preocupación por la corrupción en el gobierno de Puerto Rico, que ha afectado a administraciones de ambos partidos principales. La propuesta de un sistema de monitoreo de subastas públicas mediante inteligencia artificial busca abordar una de las áreas recurrentes de vulnerabilidad a la corrupción, como lo demuestran los numerosos casos de funcionarios acusados de irregularidades.

En qué va

El Senado la aprobó con el 5 de octubre de 2026 y la envió a la Cámara. El 13 de octubre tuvo primera lectura en la Cámara y fue referida a comisión; aún no es ley.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

Texto completo Fuente de datos, en inglésDar mi opinión

Trámite legislativo

Última acción · 13 de octubre de 2026

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 19 (68%)En contra: 5 (18%)Abstenido: 1 (4%)Ausente: 3 (11%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Senado · Aprobada

5 de octubre de 2026

19 A favor5 En contra1 Abstenido3 Ausente

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Recorrido

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Resumen de la medida

Qué propone

Pros

•La revisión obligatoria de J.E.D.I., los sistemas relacionados con el Enterprise Resource Planning y otras plataformas, junto con la prioridad de integrar o ampliar lo existente, puede evitar que las agencias y los contribuyentes paguen por un sistema duplicado. Una plataforma nueva solo se permite si PRITS y la Administración de Servicios Generales determinan que los sistemas existentes no cumplen adecuadamente los propósitos de la ley.
•Protege a licitadores y otras personas afectadas al prohibir que una alerta automatizada, por sí sola, descalifique a alguien, rechace una propuesta, adjudique o cancele una subasta, o la refiera a investigación. Exige que personal autorizado evalúe la situación y que cualquier acción cumpla con el debido proceso de ley.
•El plan de implementación debe detallar costos y fuentes de fondos, y el informe anual a la Asamblea Legislativa debe incluir fondos identificados, obligados y desembolsados, alertas generadas, tasas de falsos positivos y negativos, sesgos e incidentes de seguridad y medidas correctivas. Esto añade información específica para que la Legislatura pueda examinar el gasto y el funcionamiento de la plataforma, más allá del informe anual general que ya exige la Ley 75-2019.

Contras

•La definición de irregularidad abarca cualquier patrón, omisión, inconsistencia, desviación o indicador de riesgo que pueda contradecir incluso principios aplicables, sin fijar umbrales para generar alertas. Aunque una alerta no es una determinación final y no puede producir por sí sola una acción adversa, criterios tan abiertos pueden causar alertas dispares o falsos positivos y someter a licitadores y agencias a escrutinio innecesario.
•La auditoría independiente del sistema por la Oficina del Inspector General es opcional: el texto dice que la Oficina podrá auditar, y el piloto se exige solo cuando resulte viable. Por tanto, la plataforma podría operar sin un piloto y sin una auditoría independiente obligatoria; el informe anual debe incluir resultados de las auditorías realizadas, pero no obliga a que se realicen.
•El plazo de 24 meses no es un límite firme: el calendario debe procurar que la plataforma opere en ese término, y PRITS puede extenderlo al certificar circunstancias técnicas o fiscales. No se establece un máximo para la extensión ni se requiere aprobación legislativa para concederla.

Intereses en juego

Beneficia a:: PRITS obtiene responsabilidad legal sobre el desarrollo, integración, mantenimiento y seguridad tecnológica; la Administración de Servicios Generales valida las reglas operacionales. Los licitadores también reciben la protección de que una decisión adversa no se base exclusivamente en una determinación automatizada.
Preocupa a:: Las agencias y licitadores pueden verse afectados por alertas basadas en una definición amplia de irregularidad. La Oficina del Inspector General recibe una función de colaboración, pero la auditoría de la plataforma queda a su discreción, y las agencias participantes tendrán que coordinar la integración e intercambio de información mediante acuerdos.
Quién paga o decide:: El plan debe identificar fuentes estatales, federales o privadas, pero la medida no fija una cantidad. PRITS y la Administración de Servicios Generales evalúan los sistemas existentes y coordinan el plan; PRITS certifica ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa que los fondos están identificados y disponibles. La Administración de Servicios Generales establece y valida las reglas operacionales, mientras los acuerdos interagenciales distribuyen responsabilidades y accesos.

Perspectiva histórica

En qué va

El Senado la aprobó con el 5 de octubre de 2026 y la envió a la Cámara. El 13 de octubre tuvo primera lectura en la Cámara y fue referida a comisión; aún no es ley.

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