PS 1266

“Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 32 y 53 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; a los fines de establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación emitidas en procesos de licitación pública, incluyendo subastas formales, subastas informales, solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas, requerimientos de propuestas, solicitudes de cualificaciones, requerimientos de cualificaciones y procedimientos análogos; requerir advertencias claras sobre los términos y foros disponibles para solicitar revisión administrativa, reconsideración o revisión judicial, según corresponda; disponer el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos jurisdiccionales; ordenar la preparación y adopción de modelos uniformes de notificación; establecer deberes de reglamentación y coordinación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El P. del S. 1266 la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) y la Ley de Compras del Gobierno (Ley 73-2019) para establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación en procesos de licitación pública. Busca asegurar que estas notificaciones incluyan advertencias claras sobre los recursos disponibles, plazos y foros para impugnar, y define el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos para revisión administrativa o judicial. Afecta a todas las agencias gubernamentales, juntas de subastas, entidades exentas y licitadores/proponentes en procesos de contratación pública.

Pros

•Establece un contenido mínimo obligatorio para las notificaciones de adjudicación en procesos de licitación pública, incluyendo detalles sobre el proceso, criterios de evaluación, fundamentos de la decisión, y específicamente, los remedios disponibles (revisión administrativa, , revisión judicial), el foro exacto, el término aplicable, la fecha de inicio del término y el efecto de la presentación de un recurso. Esto clarifica el proceso para los licitadores afectados y reduce la incertidumbre.
•Define explícitamente que una notificación de adjudicación defectuosa (que omita, contradiga o exprese incorrectamente el término, foro, disponibilidad de recursos, o efecto de un recurso) no activará los términos jurisdiccionales de revisión hasta que se emita y notifique una notificación corregida. Esto protege el derecho a la revisión y el debido proceso al evitar que términos procesales comiencen a correr por errores de notificación.
•Ordena a la Administración de Servicios Generales (ASG), en coordinación con el Departamento de Justicia, a preparar y publicar modelos uniformes de notificación de adjudicación para diversos tipos de procesos de licitación pública dentro de 90 días. Esto promueve la uniformidad y estandarización en la comunicación de resultados de licitaciones a nivel gubernamental.
•Requiere que la ASG enmiende su Uniforme de Compras y Subastas dentro de 120 días para incorporar los requisitos de notificación uniforme, asegurando que las normativas internas se alineen con los cambios legislativos y refuercen la aplicación de los nuevos estándares.

Contras

•La medida establece un término de diez (10) días calendario para que la Junta Revisora de Subastas determine si acoge una solicitud de revisión administrativa, y treinta (30) días adicionales (con una posible extensión de quince) para adjudicarla. Si la Junta no actúa, se entiende rechazado de plano. Si bien esto busca agilizar, un término tan corto para la Junta Revisora, que debe analizar la viabilidad de una impugnación, podría llevar a decisiones apresuradas o a rechazos de plano sin una evaluación adecuada, especialmente si la Junta carece de personal o recursos suficientes.
•El articulado de la Ley 38-2017 (Sección 3.19) que se , en su versión provista, no contiene disposiciones sobre plazos, notificación de adjudicación, o procedimientos de revisión administrativa/judicial en procesos de licitación pública. La medida actual añade estos elementos de forma extensa. Sin embargo, la Ley 73-2019 (Artículos 32 y 53) sí menciona la notificación de adjudicación y la revisión por la Junta Revisora, pero de manera menos detallada que el cambio propuesto. La medida crea un vacío al no especificar claramente cómo interactúan los nuevos requisitos detallados de notificación con los procedimientos ya existentes en la Ley 73-2019, particularmente en cuanto a la obligatoriedad de ciertos elementos en la notificación que antes no eran explícitamente requeridos.
•La medida establece que una notificación defectuosa no activará los términos jurisdiccionales hasta que se emita una notificación corregida, y que la entidad adjudicadora debe emitir esta notificación corregida dentro de un término razonable, no mayor de diez (10) días laborables. Sin embargo, no se especifican las consecuencias o penalidades para la entidad adjudicadora si incumple con este plazo para emitir la notificación corregida, lo que podría dejar a las partes afectadas en un limbo procesal prolongado sin un mecanismo claro de exigencia.
•La disposición que indica que una notificación defectuosa no activará términos jurisdiccionales hasta una notificación corregida, y que esta debe emitirse en un término de 10 días laborables, podría ser interpretada por algunas agencias como una forma de extender discrecionalmente el proceso de notificación y, por ende, el inicio de los términos de impugnación, si no se maneja con diligencia. La falta de penalidades claras para el incumplimiento de este plazo de corrección podría incentivar la dilación por parte de las agencias.

Intereses en juego

Beneficia a:: Licitadores, proponentes y oferentes en procesos de contratación pública, al garantizarles notificaciones más claras y completas sobre los resultados de las licitaciones y los recursos disponibles para impugnar, protegiendo así su derecho a la revisión y al debido proceso. También beneficia a las agencias al estandarizar el proceso de notificación, buscando reducir litigios innecesarios.
Preocupa a:: Las agencias gubernamentales y juntas de subastas, que deben implementar nuevos procedimientos y modelos de notificación, lo que podría requerir ajustes administrativos y capacitación. También preocupa a las partes que buscan impugnar adjudicaciones si las agencias no cumplen con los plazos para notificaciones corregidas, lo que podría generar incertidumbre y retrasos adicionales.
Quién paga o decide:: El costo de implementación recae en las agencias gubernamentales y la Administración de Servicios Generales (ASG) para la creación de modelos y de . La decisión final sobre la adopción e implementación recae en la ASG, el Departamento de Justicia y las agencias sujetas a las leyes enmendadas, bajo la supervisión de la Asamblea Legislativa.

En qué va

La medida, P. del S. 1266, fue el Senado de Puerto Rico el 14 de mayo de 2026 y referida a comisión. No ha habido ni votos en contra hasta la fecha, lo que sugiere un consenso inicial o que aún no ha sido sometida a votación.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Última acción · 14 de mayo de 2026

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