Para añadir un nuevo subinciso (E) al inciso (a) de la Sección 3.1 y enmendar las secciones 3.2 y 3.3 de la Ley 38–2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; con el fin de garantizar una mayor transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de modernizar el procedimiento para la reglamentación; establecer el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, e incorporar mecanismos de participación, análisis regulatorio y revisión periódica de reglamentos; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para modernizar el proceso de creación y publicación de reglamentos gubernamentales. Crea el Boletín de Reglamentos de Puerto Rico, una plataforma digital oficial para publicar, consultar y comentar propuestas regulatorias, y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, una compilación actualizada de todas las normas vigentes. Introduce nuevos estándares de redacción, análisis de impacto y participación ciudadana, incluyendo la reglamentación negociada, afectando a agencias gubernamentales, ciudadanos y empresas que interactúan con el marco regulatorio.

Para enmendar las Secciones 3.13, 3.14 y 3.18 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de regular la adopción total o parcial de informes preparados por oficiales examinadores, jueces administrativos o funcionarios que presidan vistas adjudicativas; establecer requisitos mínimos para su incorporación por referencia en órdenes o resoluciones finales; disponer su inclusión en el expediente oficial; aclarar el deber adjudicativo final de la agencia; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para regular cómo las agencias administrativas pueden adoptar total o parcialmente informes preparados por oficiales examinadores, jueces administrativos o funcionarios que presiden vistas. Establece requisitos mínimos para la incorporación por referencia de estos informes en órdenes o resoluciones finales, asegurando su inclusión en el expediente oficial y aclarando que la agencia mantiene el deber adjudicativo final. Afecta a las agencias administrativas que realizan vistas adjudicativas y a los ciudadanos que participan en dichos procesos.

“Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 32 y 53 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; a los fines de establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación emitidas en procesos de licitación pública, incluyendo subastas formales, subastas informales, solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas, requerimientos de propuestas, solicitudes de cualificaciones, requerimientos de cualificaciones y procedimientos análogos; requerir advertencias claras sobre los términos y foros disponibles para solicitar revisión administrativa, reconsideración o revisión judicial, según corresponda; disponer el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos jurisdiccionales; ordenar la preparación y adopción de modelos uniformes de notificación; establecer deberes de reglamentación y coordinación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) y la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73-2019) para establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación en todos los procesos de licitación pública del gobierno. Exige que estas notificaciones sean escritas, fundamentadas, claras y suficientes, detallando los fundamentos de la decisión, los licitadores participantes, los criterios de evaluación, y las advertencias sobre los recursos administrativos o judiciales disponibles, sus términos, foros y efectos. Busca asegurar que los términos jurisdiccionales para impugnar una adjudicación solo comiencen a contar una vez se emita una notificación correcta y completa, afectando a todas las agencias y entidades gubernamentales que realicen compras y contrataciones públicas.