Para añadir un nuevo subinciso (E) al inciso (a) de la Sección 3.1 y enmendar las secciones 3.2 y 3.3 de la Ley 38–2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; con el fin de garantizar una mayor transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos; y para decretar otras disposiciones complementarias.

“Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 32 y 53 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; a los fines de establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación emitidas en procesos de licitación pública, incluyendo subastas formales, subastas informales, solicitudes de propuestas, solicitudes de propuestas selladas, requerimientos de propuestas, solicitudes de cualificaciones, requerimientos de cualificaciones y procedimientos análogos; requerir advertencias claras sobre los términos y foros disponibles para solicitar revisión administrativa, reconsideración o revisión judicial, según corresponda; disponer el efecto jurídico de una notificación defectuosa sobre el inicio de los términos jurisdiccionales; ordenar la preparación y adopción de modelos uniformes de notificación; establecer deberes de reglamentación y coordinación interagencial; y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) y la Ley de la Administración de Servicios Generales (Ley 73-2019) para establecer requisitos uniformes y obligatorios para las notificaciones de adjudicación en todos los procesos de licitación pública del gobierno. Exige que estas notificaciones sean escritas, fundamentadas, claras y suficientes, detallando los fundamentos de la decisión, los licitadores participantes, los criterios de evaluación, y las advertencias sobre los recursos administrativos o judiciales disponibles, sus términos, foros y efectos. Busca asegurar que los términos jurisdiccionales para impugnar una adjudicación solo comiencen a contar una vez se emita una notificación correcta y completa, afectando a todas las agencias y entidades gubernamentales que realicen compras y contrataciones públicas.

Para añadir la Sección 3.2-A a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines disponer que las querellas, peticiones o solicitudes, así como las notificaciones en los procedimientos adjudicativos, podrán realizarse por correo electrónico o cualquier otro medio electrónico accesible a la ciudadanía, considerándose como documentos certificados por la agencia que los reciba o emite, respectivamente; requerir a las agencias a tomar las medidas pertinentes para viabilizar la implementación de los mecanismos necesarios para el uso de la tecnología en los procesos adjudicativos; y para otros fines relacionados.

La medida añade la Sección 3.2-A a la Ley 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) para permitir que querellas, peticiones, solicitudes y notificaciones en procedimientos adjudicativos se realicen por correo electrónico u otros medios electrónicos accesibles. Requiere que las agencias gubernamentales implementen los mecanismos tecnológicos necesarios para estos fines, considerando estos documentos como certificados por la agencia receptora o emisora. Afecta a todos los ciudadanos que interactúan con agencias en procesos adjudicativos y a las propias agencias.

Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,” a los fines de aclarar la aplicabilidad de los procedimientos y términos dispuestos para los procesos de licitación pública de dicha Sección, cuando no le sean aplicables las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como, “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019.

Esta medida enmienda la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) para clarificar que los procedimientos y términos de revisión administrativa para adjudicaciones de licitaciones públicas aplican a los procesos de contratación de servicios profesionales cuando estos se realicen mediante licitación pública, y no les sean aplicables las disposiciones de la Ley 73-2019 (Ley de Centralización de Compras). Afecta a las agencias gubernamentales que realicen licitaciones de servicios profesionales y a las partes afectadas por dichas adjudicaciones.