Para enmendar las Secciones 2.1, 2.4, 2.8 y añadir una nueva Sección 2.21 en la Ley 38-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; a fin de establecer términos razonables para la redacción y aprobación de reglas y reglamentos por parte de las agencias; disponer que la ausencia de reglas o reglamentos no será ni podrá interpretarse como un obstáculo para la total y cabal implementación de las leyes; y establecer las responsabilidades de los directivos de agencias en caso de no cumplir a tiempo las disposiciones de esta ley, entre otras cosas.

Para añadir un nuevo subinciso (E) al inciso (a) de la Sección 3.1 y enmendar las secciones 3.2 y 3.3 de la Ley 38–2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”; con el fin de garantizar una mayor transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida P. de la C. 256 propone enmendar la Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, para añadir un nuevo subinciso (E) a la Sección 3.1 y modificar las Secciones 3.2 y 3.3. El objetivo es mejorar la transparencia e imparcialidad en los procedimientos administrativos. Específicamente, se detalla un proceso para las determinaciones del Secretario de Hacienda relativas a las leyes de rentas internas, que incluirá una determinación preliminar por un funcionario y una vista informal ante un funcionario distinto para el contribuyente inconforme. También se clarifican ciertos procedimientos como informales y no cuasijudiciales, aunque con excepciones.

Para enmendar la Sección 2.13 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de establecer disposiciones relativas a la adopción, vigencia y readopción de reglamentos de emergencia por parte de las agencias administrativas del Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Sección 2.13 de la Ley 38-2017 (Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme) para establecer un marco legal más detallado sobre reglamentos de emergencia. Busca definir plazos máximos de vigencia para estos reglamentos, especificar mecanismos de divulgación pública y notificación, y regular el procedimiento para su posible readopción si la emergencia persiste. Afecta directamente a las agencias administrativas del Poder Ejecutivo, al Gobernador (quien certifica la emergencia) y a la ciudadanía al clarificar los procesos para la adopción y duración de normativas de carácter excepcional.

Para enmendar la Sección 2.13 de la Ley 38-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de disponer que luego de que una agencia administrativa promulgue un reglamento de emergencia, ésta tendrá un término de noventa (90) días, contados a partir de la presentación del reglamento, para comenzar el trámite ordinario dispuesto en la ley para la presentación de un reglamento legislativo; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Sección 2.13 de la Ley 38-2018, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Establece un plazo de noventa (90) días, a partir de la presentación de un reglamento de emergencia ante el Departamento de Estado, para que la agencia administrativa inicie el trámite ordinario para su adopción permanente. Afecta directamente a las agencias administrativas que promulgan reglamentos de emergencia y a la ciudadanía que interactúa con dichos reglamentos.