Para enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de modernizar el procedimiento para la reglamentación; establecer el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, e incorporar mecanismos de participación, análisis regulatorio y revisión periódica de reglamentos; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

La ciudadanía y el sector privado se benefician de un acceso más fácil y transparente a la información regulatoria y de la obligación de las agencias de considerar el impacto económico de sus normas. Las agencias se benefician de procesos modernizados y herramientas para la creación de reglamentos.

Preocupa a:

Ciudadanos o entidades que dependan exclusivamente de métodos de notificación tradicionales o que enfrenten barreras tecnológicas podrían verse menos informados si los mecanismos de acceso alternativo no son robustos. Las agencias podrían enfrentar una carga administrativa adicional al preparar las DCE, aunque se especifica que no requieren estudios econométricos complejos.

Quién paga o decide:

El costo de operación y mantenimiento de las plataformas digitales (Boletín, Código) recaerá sobre el Departamento de Estado, que podrá contratar servicios profesionales. Las decisiones finales sobre la adopción de reglamentos siguen recayendo en las agencias y sus respectivos secretarios o jefes.