Para enmendar la Sección 2.13 de la Ley 38-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” a los fines de disponer que luego de que una agencia administrativa promulgue un reglamento de emergencia, ésta tendrá un término de noventa (90) días, contados a partir de la presentación del reglamento, para comenzar el trámite ordinario dispuesto en la ley para la presentación de un reglamento legislativo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de modernizar el procedimiento para la reglamentación; establecer el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, e incorporar mecanismos de participación, análisis regulatorio y revisión periódica de reglamentos; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para modernizar el proceso de creación y publicación de reglamentos gubernamentales. Crea el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico como plataformas digitales centralizadas para avisos y compilación de normas. Introduce la Declaración de Costos Estimados (DCE) para evaluar el impacto económico de nuevas regulaciones y fomenta la reglamentación negociada. Afecta a todas las agencias públicas que crean reglamentos, así como al sector privado, organizaciones sin fines de lucro y a la ciudadanía en general que interactúan con o son afectados por dichas normas.

Para enmendar las Secciones 2.1, 2.2, 2.9, 3.14 y 7.1 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU), a los fines de modernizar el proceso de reglamentación y procedimientos adjudicativos mediante la incorporación prioritaria de herramientas tecnológicas (notificaciones electrónicas, vistas virtuales y publicación digital); uniformar términos y plazos con avances actuales; aumentar multas administrativas para disuadir incumplimientos; y para otros fines relacionados.

La medida PS 964 enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para priorizar el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de reglamentación y adjudicación. Introduce notificaciones electrónicas, vistas virtuales y publicación digital como norma, y establece un plazo fijo de 30 días para comentarios públicos, prorrogable solo por causa justificada. También reduce el plazo para resoluciones finales de 90 a 60 días y aumenta las multas administrativas por violaciones a reglamentos de un máximo de $5,000 a $10,000, destinando los fondos recaudados a la modernización tecnológica de las agencias. Afecta a todas las agencias gubernamentales y a los ciudadanos que interactúan con ellas.

Para enmendar las Secciones 3.13, 3.14 y 3.18 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de regular la adopción total o parcial de informes preparados por oficiales examinadores, jueces administrativos o funcionarios que presidan vistas adjudicativas; establecer requisitos mínimos para su incorporación por referencia en órdenes o resoluciones finales; disponer su inclusión en el expediente oficial; aclarar el deber adjudicativo final de la agencia; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017) para regular cómo las agencias administrativas pueden adoptar total o parcialmente informes preparados por oficiales examinadores, jueces administrativos o funcionarios que presiden vistas. Establece requisitos mínimos para la incorporación por referencia de estos informes en órdenes o resoluciones finales, asegurando su inclusión en el expediente oficial y aclarando que la agencia mantiene el deber adjudicativo final. Afecta a las agencias administrativas que realizan vistas adjudicativas y a los ciudadanos que participan en dichos procesos.