Para enmendar la Sección 3.19 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico,” a los fines de aclarar la aplicabilidad de los procedimientos y términos dispuestos para los procesos de licitación pública de dicha Sección, cuando no le sean aplicables las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como, “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019.

Pros

• •Aclara la aplicabilidad de las garantías procesales de la Ley 38-2017 a las licitaciones de servicios profesionales, promoviendo mayor transparencia y uniformidad en estos procesos de contratación que antes no estaban claramente cubiertos.
• •Establece plazos específicos para la revisión administrativa de adjudicaciones de licitaciones públicas de servicios profesionales, incluyendo un término de 10 días para presentar la solicitud, 10 días para que la Junta Revisora decida si la acoge, y 30 días adicionales (con una posible extensión de 15 días) para adjudicarla si se acoge.
• •Reconoce la necesidad de procesos transparentes en la contratación de servicios profesionales, alineándose con políticas públicas previas como la Orden Ejecutiva OE-2021-029 y requisitos federales para el desembolso de fondos.
• •Distingue claramente entre licitaciones de bienes/obras/servicios no profesionales (regidas principalmente por Ley 73-2019) y las de servicios profesionales que, al ser licitadas, se sujetan a los procedimientos de revisión de la Ley 38-2017.