Para crear la “Ley de Subastas Públicas con Inteligencia Artificial y Transparencia Gubernamental de Puerto Rico”; a los fines de centralizar la totalidad de las compras, adquisiciones y subastas públicas bajo la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG), disponer la obligatoriedad de uso de la plataforma JEDI en todas las agencias, departamentos, corporaciones públicas y demás instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; establecer la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en los procesos de adquisición; crear un Registro Público de Algoritmos; fijar los deberes de la ASG, de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) y de las agencias; establecer sanciones por incumplimiento; y derogar disposiciones legales en conflicto.

Intereses en juego

Beneficia a:

La Administración de Servicios Generales (ASG) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) ganan autoridad y control centralizado sobre todos los procesos de adquisición pública. Los proveedores que se adapten a los nuevos sistemas y plataformas podrían beneficiarse de un proceso más estandarizado, aunque también enfrentan nuevos requisitos.

Preocupa a:

Las agencias, departamentos y corporaciones públicas pierden autonomía en sus procesos de compra. El erario público y la ciudadanía enfrentan el riesgo de ineficiencias, errores algorítmicos, vulnerabilidades de seguridad y posible discrecionalidad si la implementación no se maneja adecuadamente.

Quién paga o decide:

El costo de operación y la implementación de la plataforma JEDI y los sistemas de IA/LLM recaerá sobre el presupuesto de ASG y PRITS, y por ende, sobre fondos públicos. La implementación final y la supervisión recaerán en los directores de ASG y PRITS, y en última instancia, en el Gobernador y la Legislatura que aprueban los presupuestos y nombran a estos funcionarios.