Para crear “la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico”, crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y establecer sus deberes; crear el Consejo de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico y establecer sus deberes; ordenar al Puerto Rico Innovations and Technology Services (PRITS) crear y desarrollar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en relación con la implementación de la Inteligencia Artificial a través de las agencias e instrumentalidades gubernamentales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar un abarcador y minucioso estudio sobre la posibilidad y los beneficios de utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta adicional para optimizar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión efectiva y control de gastos, entre otros; identificar plataformas dirigidas a esos propósitos y hacer recomendaciones a las agencias fiscalizadoras; y para otros fines relacionados.

La Resolución Conjunta de la Cámara 68 ordena al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) realizar un estudio exhaustivo sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) para optimizar procesos gubernamentales clave como investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión y control de gastos. El estudio debe identificar plataformas y proponer recomendaciones a agencias fiscalizadoras, afectando la forma en que estas agencias podrían operar en el futuro.

Para crear la “Ley sobre el uso ético de la inteligencia artificial en instituciones educativas de Puerto Rico”; requerir que el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico, así como toda institución educativa privada, establezca políticas que incorporen normas éticas sobre el uso de la inteligencia artificial; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley sobre el uso ético de la inteligencia artificial en instituciones educativas de Puerto Rico. Requiere que el Departamento de Educación y todas las instituciones educativas privadas desarrollen e implementen políticas sobre el uso ético de la inteligencia artificial, basadas en principios como seguridad, autonomía, privacidad, transparencia, diversidad y responsabilidad. Se establece un plazo de 180 días para la implementación de estas políticas, e incluye la obligación de orientar y capacitar a estudiantes y personal.

Para crear la “Ley de Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo e instruccional para estudiantes y maestros en el Departamento de Educación de Puerto Rico” y establecer el marco legal; para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo de Puerto Rico, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza; personalizar el aprendizaje y preparar a los estudiantes para un futuro impulsado por la IA; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley de Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo e instruccional para estudiantes y maestros en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Establece un marco legal para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema educativo, con el fin de mejorar la enseñanza, personalizar el aprendizaje y preparar a los estudiantes para un futuro impulsado por la IA. Afecta directamente a estudiantes, maestros, administradores y al Departamento de Educación.

“Para crear la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”, a los fines de requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico que informen a los ciudadanos cuando estén interactuando con sistemas automatizados o inteligencia artificial y garantizar el derecho a solicitar la intervención de un ser humano en la prestación de servicios públicos; y para otros fines relacionados.”

La medida crea la "Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por IA". Requiere que las agencias, corporaciones públicas y contratistas del Gobierno de Puerto Rico informen claramente a los ciudadanos cuando interactúen con sistemas automatizados o inteligencia artificial, antes de que comience la interacción. Además, garantiza el derecho de toda persona a solicitar la intervención de un ser humano en cualquier gestión, consulta o servicio ofrecido por estos sistemas, asegurando una opción accesible para escalar la interacción. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), tendrán 120 días para establecer el reglamento de implementación.