Para crear la “Ley de la Carta de Derechos del Pescador de Puerto Rico”, a los fines de reconocer y garantizar los derechos básicos de los pescadores de Puerto Rico; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico a favor de su orientación, asistencia, acceso a información, coordinación interagencial, capacitación, servicios regionales y trato administrativo justo; disponer deberes específicos para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura y demás entidades con competencia relacionada; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 278 de 29 de noviembre de 1998, según enmendada, conocida como la "Ley de Pesquerías de Puerto Rico", a los fines de añadir nuevos incisos (u), (v), (w) y (x) que definan términos relacionados con el Registro Unificado de Pescadores; añadir un nuevo Artículo 9A que cree el Registro Unificado de Pescadores en Puerto Rico, integrando a todos los pescadores comerciales, recreativos y de subsistencia, estableciendo requisitos de inscripción obligatoria, administración por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fines de conservación, recopilación de estadísticas pesqueras, seguridad y manejo sostenible de los recursos marinos; enmendar el Artículo 4 del Reglamento de Pesca de Puerto Rico (Reglamento Núm. 7949 de 2010) para añadir nuevos incisos 4.95, 4.96, 4.97 y 4.98 que definan términos relacionados; y para otros fines relacionados.

El P. del S. 952 propone crear el Registro Unificado de Pescadores en Puerto Rico, administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Este registro integrará obligatoriamente a pescadores comerciales, recreativos y de subsistencia mayores de 16 años, exigiendo inscripción, prueba de residencia, y reportes periódicos de capturas. La medida busca mejorar la gestión sostenible de los recursos marinos, generar estadísticas pesqueras precisas y facilitar la emisión de licencias, con reglamentación a cargo del DRNA en un plazo de 180 días.

Para crear la “Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para promover la capacitación técnica, ocupacional, empresarial y práctica de pescadores y de personas vinculadas a la cadena de valor pesquera; disponer para la creación, coordinación y fortalecimiento de programas de formación en manejo postcaptura, fileteo, empaque, conservación, inocuidad, trazabilidad, documentación, mercadeo, comercialización legal y valor añadido del producto pesquero o acuático; establecer mecanismos de coordinación interagencial e institucional; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico. Establece como política pública del Gobierno el promover la capacitación técnica, ocupacional y empresarial de pescadores y personas en la cadena de valor pesquera. Busca coordinar y fortalecer programas de formación en áreas como manejo postcaptura, inocuidad, trazabilidad, comercialización y valor añadido, afectando directamente a pescadores, procesadores, comerciantes y comunidades costeras.

Para enmendar la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y la Ley 39-2006, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, a los fines de aclarar, fortalecer y uniformar la elegibilidad de los pescadores comerciales a la certificación de Agricultor Bona Fide y a los incentivos y beneficios aplicables; disponer criterios específicos para la evaluación de ingresos en casos de solicitantes casados; establecer parámetros sobre la consideración del ingreso del cónyuge cuando éste no participe en la operación pesquera; ordenar al Departamento de Agricultura la revisión de formularios, criterios y reglamentación aplicables a pescadores comerciales; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1229 propone enmendar la Ley 60-2019 (Código de Incentivos) y la Ley 39-2006 (Carta de Derechos del Agricultor) para clarificar la elegibilidad de pescadores comerciales como Agricultores Bona Fide. Establece criterios específicos para la evaluación de ingresos en solicitantes casados, asegurando que el ingreso del cónyuge no participante no afecte desproporcionadamente la elegibilidad del pescador. Además, ordena al Departamento de Agricultura revisar formularios y reglamentos aplicables a este sector.