Para enmendar la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y la Ley 39-2006, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, a los fines de aclarar, fortalecer y uniformar la elegibilidad de los pescadores comerciales a la certificación de Agricultor Bona Fide y a los incentivos y beneficios aplicables; disponer criterios específicos para la evaluación de ingresos en casos de solicitantes casados; establecer parámetros sobre la consideración del ingreso del cónyuge cuando éste no participe en la operación pesquera; ordenar al Departamento de Agricultura la revisión de formularios, criterios y reglamentación aplicables a pescadores comerciales; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Esta medida la Ley 39-2006 (Carta de Derechos y Deberes del Agricultor) y la Ley 61-1990 (Industria Pesquera) para alinear las definiciones y criterios de elegibilidad de pescadores comerciales como 'Agricultor Bona Fide' con la Ley 60-2019 (Código de Incentivos). Busca clarificar el acceso de pescadores comerciales a certificaciones e incentivos, y establece que el Departamento de Agricultura orientará sobre estos procesos. También ordena al Departamento de Agricultura revisar formularios y aplicable a pescadores comerciales.
Pros
Contras
Intereses en juego
Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la historia de los incentivos agrícolas en Puerto Rico, que se remonta a programas como el Subsidio Salarial Agrícola bajo la Ley 46 de 1989, y que fue integrado al Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 de 2019). La medida busca extender y clarificar estos incentivos a los pescadores comerciales, reconociendo la importancia de apoyar a los productores locales frente a los altos costos operacionales y la dependencia alimentaria.
En qué va
Esta medida legislativa, presentada el 5 de mayo de 2026, fue el 3 de septiembre de 2026 y está actualmente en trámite en la Cámara de Representantes. Fue por la representante Roxanna I. Soto Aguilú (PNP).
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Última acción · 10 de septiembre de 2026
Referido a Comisión(es)
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En contra (1)
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Para enmendar las Secciones 1020.08, 2082.02, 2082.03, 2082.04, 2082.05 y 2083.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", con el fin de aclarar las disposiciones relacionadas a los agricultores bonn fide a quienes le aplicarán los beneficios de los incentivos, simplificar los requisitos de cumplimiento; y para otros fines relacionados.
Enmienda la Ley 60-2019. Añade que la Certificación de Agricultor Bona Fide requiere que al menos el 51% del ingreso bruto, o el 51% del valor de la producción y/o inversión agroindustrial, corresponda al negocio cualificado, y ordena al Secretario de Agricultura expedirla cada cuatro años luego de validar el cumplimiento. Permite que agricultores con esa certificación, además de quienes tengan un Decreto, soliciten exenciones sobre propiedad usada al menos en un 35% en la actividad, patentes municipales, IVU y arbitrios; también dispone que los accionistas o socios tributen sobre distribuciones de beneficios. Autoriza solicitar la certificación al Secretario de Agricultura y establece que sus beneficios comienzan el 1 de enero del año contributivo para el cual se expida.
Para crear la “Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para promover la capacitación técnica, ocupacional, empresarial y práctica de pescadores y de personas vinculadas a la cadena de valor pesquera; disponer para la creación, coordinación y fortalecimiento de programas de formación en manejo postcaptura, fileteo, empaque, conservación, inocuidad, trazabilidad, documentación, mercadeo, comercialización legal y valor añadido del producto pesquero o acuático; establecer mecanismos de coordinación interagencial e institucional; y para otros fines relacionados.
La medida crea la "Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico". Establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico promover la capacitación técnica, ocupacional y empresarial de pescadores y personas vinculadas a la cadena de valor pesquera. Dispone para la creación y coordinación de un programa de formación en manejo postcaptura, procesamiento, comercialización legal y valor añadido, coordinado por el Departamento de Agricultura en colaboración con otras agencias públicas y entidades privadas. Afecta directamente a pescadores, procesadores, comerciantes y otros actores de la cadena de valor pesquera, buscando mejorar sus destrezas y la competitividad del sector.
Para añadir el apartado (d) a la Sección 2083.01 en el Subcapítulo C del Capítulo 8 de la Ley Núm. 60 de 1 de julio de 2019, según enmendada, conocida como "Código de Incentivos de Puerto Rico", a los fines de disponer que el Permiso de Operación SMDF de cumplimiento ambiental que expide el DRNA conforme a la reglamentación vigente, le sea requerido a las empresas pecuarias para la obtención y renovación de la Certificación de Agricultor Bona Fide; y para otros fines relacionados.
Esta medida añade un nuevo requisito a la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico. Específicamente, enmienda la Sección 2083.01 para exigir que toda empresa pecuaria que solicite o renueve la Certificación de Agricultor Bona Fide presente evidencia de tener un Permiso de Operación para Sistemas de Manejo de Desperdicios Fecales de Animales (SMDF) vigente, emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), o una certificación de exención. Esto aplica a negocios que buscan acceder a incentivos económicos bajo el Código de Incentivos.
Para crear el “Código de Pesca de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco jurídico integrado, uniforme y sistemático para regular la pesca comercial, recreativa, deportiva, turística, científica y cualesquiera otras modalidades de pesca en Puerto Rico; disponer sobre la conservación, ordenación, manejo, aprovechamiento sostenible, licenciamiento, permisos, registros, embarcaciones, operadores autorizados, trazabilidad, desembarque, transporte, acopio, procesamiento, comercialización, inspección, fiscalización y sanción de las actividades relacionadas con los recursos pesqueros y acuáticos; regular la acuicultura, maricultura, repoblamiento y manejo controlado de organismos acuáticos; definir las facultades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de otras entidades con competencia relacionada; armonizar la normativa local con la reglamentación federal aplicable; derogar o enmendar disposiciones incompatibles; y para otros fines relacionados.
El Proyecto del Senado 1232 propone la creación del "Código de Pesca de Puerto Rico", un marco jurídico unificado para regular todas las modalidades de pesca (comercial, recreativa, deportiva, turística, científica) y actividades acuícolas. Establece un sistema integrado de licenciamiento, permisos, registros, conservación, fiscalización y sanciones. Busca armonizar la normativa local con la federal, definir las facultades del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras entidades, y reemplazar la actual regulación fragmentada por un estatuto rector único. Afecta directamente a pescadores, operadores turísticos, comerciantes, acuicultores y entidades gubernamentales con competencia en el sector pesquero.
“Para enmendar los incisos A, B, C, D, E, F y G del Artículos 6; añadir un nuevo inciso E al Artículo 7; y enmendar los incisos A, B y C del Artículo 9 de la Ley 278-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Pesquerías de Puerto Rico”, a los fines de simplificar y hacer menos burocrático el proceso de otorgamiento, renovación y validación de licencias de pesca en sus distintas categorías comerciales y recreativas; disponer la digitalización integral de trámites; consolidar permisos asociados en un comprobante único verificable; optimizar la rendición de estadísticas por medios electrónicos; y para otros fines relacionados.”
Esta medida enmienda la Ley 278-1998, conocida como "Ley de Pesquerías de Puerto Rico", para modernizar y digitalizar los procesos de otorgamiento, renovación y validación de licencias de pesca comerciales y recreativas. Introduce un sistema unificado digital para trámites, consolidación de permisos en un comprobante único verificable y optimiza la rendición de estadísticas por medios electrónicos. Afecta a pescadores comerciales, recreativos, dueños de botes de alquiler y entidades que trafican con recursos pesqueros en Puerto Rico.
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