“Para enmendar las secciones 1020.08 y 2083.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de…

Contras

• •El Artículo 2086.01(a) establece un plazo de treinta (30) días hábiles para solicitar la transferencia de la certificación tras el deceso, y treinta (30) días adicionales para completar la documentación. Si bien se otorga una prórroga condicionada de cuarenta y cinco (45) días hábiles en casos de no cumplimiento inicial, la rigidez de estos plazos iniciales podría dificultar la gestión de la transferencia para cónyuges en duelo o ante la complejidad de trámites sucesorales y administrativos, especialmente si el Secretario de Agricultura no agiliza la emisión de los formularios o la revisión de expedientes.
• •La medida establece que la transferencia de la Certificación estará subordinada a las disposiciones del derecho sucesoral y no constituye una adjudicación de derechos hereditarios ni una transferencia de titularidad sobre bienes agrícolas. Esto podría generar incertidumbre sobre la propiedad y control definitivo del negocio agrícola, ya que la certificación transferida solo permite mantener la operación temporalmente, sin resolver la adjudicación de activos o la continuidad a largo plazo más allá del término de vigencia de la certificación, dejando la resolución final a los procesos sucesorales y a la discreción del Secretario.
• •El requisito de que el Agricultor Bona Fide haya rendido planillas en conjunto con su cónyuge supérstite por los cinco (5) años contributivos previos al fallecimiento (Artículo 2086.01(b)) podría excluir a cónyuges que, por diversas razones (ej. separación de hecho, acuerdos privados no formalizados, o roles no reflejados en planillas conjuntas), no cumplieron con este requisito, a pesar de haber participado activamente en la operación agrícola. Esto limita la aplicación del beneficio a un subconjunto específico de familias agrícolas.
• •La medida otorga al Secretario de Agricultura amplia discrecionalidad para evaluar cada caso, requerir evidencia fehaciente y condicionar la transferencia (Artículo 2086.01(f) y (g)). Si bien esto permite flexibilidad, la falta de criterios objetivos y detallados en la ley para la evaluación de la 'participación inherente en el negocio agrícola' o la 'evidencia fehaciente' podría dar lugar a interpretaciones inconsistentes o a demoras administrativas, dependiendo de la interpretación y los recursos del funcionario a cargo.