“Para crear la “Ley para la Regulación Integral de la Terapia Intravenosa Nutricional (Sueroterapia) en Puerto Rico”; establecer una política pública clara que diferencie la sueroterapia nutricional de la hidratación intravenosa estándar, garantizando así la máxima seguridad para los pacientes; definir los requisitos de formación obligatorios para los profesionales autorizados a prescribir, supervisar y administrar esta terapia, reconociendo la formación doctoral de los Doctores en Medicina Naturopática (NDs) y estableciendo un estándar mínimo de competencia técnica de dieciséis (16) horas para todos los profesionales; enmendar la Ley de Farmacia (Ley 247-2004) para incluir a los Doctores en Medicina Naturopática y a los Centros de Terapia Intravenosa como establecimientos sujetos a licenciamiento y fiscalización por el Departamento de Salud; ordenar a las respectivas Juntas Examinadoras la revisión y el atempero de sus reglamentos para garantizar la salud pública y la fiscalización de sus profesionales; y para otros fines relacionados.”

Intereses en juego

Beneficia a:

Doctores en Medicina Naturopática (NDs) al reconocer su formación doctoral y capacidad para prescribir y supervisar sueroterapia nutricional. Profesionales de la salud que deseen ofrecer estos servicios y centros dedicados a ello, al obtener un marco legal claro y la posibilidad de operar bajo licenciamiento. Pacientes, al esperar mayor seguridad y calidad en los tratamientos recibidos.

Preocupa a:

Profesionales de la salud que no cuenten con la formación específica requerida o que no cumplan con los nuevos estándares de competencia. Podría generar costos de cumplimiento para establecimientos y profesionales que deban adaptarse a las nuevas regulaciones y requisitos de formación.

Quién paga o decide:

El Departamento de Salud será responsable de la reglamentación, fiscalización y licenciamiento, lo que implicará costos operativos y de nómina. Las Juntas Examinadoras deberán revisar y atemperar sus reglamentos. La implementación y supervisión final recaen en el Departamento de Salud y las Juntas Examinadoras, bajo la dirección política del Gobernador y el Secretario de Salud.