Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, a los fines de disponer expresamente que no procederá imponer al obrero o empleado querellante fianza de no residente, caución, depósito, garantía económica o requisito análogo como condición para presentar, iniciar, continuar, mantener o adjudicar una reclamación laboral tramitada al amparo de dicha Ley; aclarar que la residencia del obrero o empleado querellante fuera de Puerto Rico no constituirá fundamento para paralizar los procedimientos, suspender términos, impedir la anotación de rebeldía cuando proceda o retrasar la adjudicación expedita de la reclamación; reafirmar el carácter sumario, protector y expedito del procedimiento laboral; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales”, a los fines de aclarar la intención legislativa y política pública que rige el procedimiento sumario ante los Tribunales de Puerto Rico; aclarar y establecer que solamente podrán presentarse bajo este procedimiento las reclamaciones de salarios dejados de devengar, licencias adeudadas, bono de navidad, tiempo extra o cualquier otra compensación salarial adeudada al empleado, reclamaciones de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada; excluir del proceso sumario las reclamaciones de discrimen, represalia, daños, hostigamiento sexual, acoso laboral y cualquier otra reclamación laboral que no esté incluida en el listado previamente establecido; establecer las circunstancias en las que se puede conceder una prórroga; y establecer los procedimientos ante la presentación de una moción de desestimación.

El Proyecto de la Cámara 494 buscaba enmendar la Ley Núm. 2 de 1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. La medida pretendía limitar las reclamaciones elegibles para el procedimiento sumario a salarios adeudados, licencias, bono de navidad, tiempo extra y despido injustificado bajo la Ley 80. Excluiría reclamaciones de discrimen, represalia, daños, hostigamiento sexual o acoso laboral. También buscaba establecer reglas sobre prórrogas y mociones de desestimación.

Para enmendar los Artículos 10 y 12 de la Ley 90-2020, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”, a los fines de eliminar el requisito de acudir al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos de la Rama Judicial previo a la presentación de una reclamación civil al amparo de esta ley, aclarar el término para presentar la acción civil; y para otros fines relacionados.

La medida PS 1026 propone enmendar la Ley 90-2020, conocida como la Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico. Elimina el requisito de que las víctimas de acoso laboral acudan primero al Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos de la Rama Judicial antes de presentar una demanda civil. También ajusta el plazo para presentar dicha demanda civil de un (1) año a ciento veinte (120) días, contados a partir de la notificación de la determinación final sobre la querella interna del empleado. Afecta a todos los empleados del sector público y privado que presenten reclamaciones de acoso laboral.

Para enmendar el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 6.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de restituir plenamente y mejorar el acceso ciudadano a los tribunales y procesos administrativos, eliminar barreras económicas irrazonables al acceso a remedios judiciales y reafirmar la protección estricta del suelo rústico especialmente protegido y de las áreas naturales de Puerto Rico; y para decretar otras disposiciones complementarias.

La medida busca enmendar la Ley 161-2009 (Reforma de Permisos) y el Código Municipal (Ley 107-2020) para restablecer y mejorar el acceso ciudadano a los tribunales y procesos administrativos. Elimina barreras económicas, como una fianza del 10% del valor del proyecto, que se impuso previamente a solicitudes de paralización de obras. También busca reafirmar la protección del suelo rústico especialmente protegido y áreas naturales, revirtiendo disposiciones de la Ley 82-2026 que se alega debilitaban estas protecciones.