Qué propone
El P. del S. 1290 crea la Ley de Validez Laboral de Certificaciones Ocupacionales Correccionales. Esta medida dispone que las certificaciones, cursos o adiestramientos ocupacionales completados por personas en el sistema correccional deben ser reconocidos externamente por patronos, agencias y entidades educativas. Prohíbe que estas credenciales sean únicamente por haber sido obtenidas durante el confinamiento, salvaguardando siempre los requisitos legales y reglamentarios aplicables para ejercer una profesión o empleo.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La medida P. del S. 1290 fue el 27 de mayo de 2026 y referida a comisión tras su primera lectura en el Senado el 28 de mayo de 2026.
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Última acción · 28 de mayo de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley de Emprendimiento para Personas Próximas a Reinsertarse”; establecer un programa de capacitación empresarial, mentoría, asistencia técnica y acompañamiento post-excarcelación para miembros de la población correccional a quienes les resten doce (12) meses o menos para extinguir su pena; disponer la coordinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y entidades colaboradoras; establecer criterios de elegibilidad, salvaguardas, mecanismos de seguimiento e informes; disponer que su implantación se realizará mediante recursos existentes, acuerdos colaborativos, fondos federales permisibles y alianzas voluntarias; y para otros fines relacionados.
La Ley de Emprendimiento para Personas Próximas a Reinsertarse crea un programa adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El programa ofrecerá capacitación empresarial, mentoría y asistencia técnica a personas en la población correccional que les resten 12 meses o menos para extinguir su pena. Su implementación se basará en recursos existentes, acuerdos colaborativos y fondos federales, sin crear nuevas estructuras administrativas ni obligaciones de financiamiento directo.
Para añadir un nuevo Artículo 10-C y enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, a los fines de crear el Sistema Transparente de Créditos Rehabilitadores; disponer el registro, certificación, notificación y revisión de actividades rehabilitadoras de la población correccional; y para otros fines relacionados.
El P. del S. 1280 propone añadir un Artículo 10-C y enmendar el Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011 para crear el Sistema Transparente de Créditos Rehabilitadores. Este sistema registrará, certificará y notificará las actividades de rehabilitación (trabajo, estudio, tratamiento, etc.) de la población correccional. Afecta directamente a las personas en custodia, al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a la Junta de Libertad Bajo Palabra, buscando mejorar la trazabilidad del progreso individual.
Para añadir un nuevo Artículo 9-A al Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de establecer la Carta de Dignidad Correccional para Mujeres bajo custodia; disponer garantías mínimas sobre higiene menstrual, salud ginecológica, embarazo, parto, posparto, lactancia, atención informada por trauma, vínculos familiares y uso excepcional de medios de sujeción; y para otros fines relacionados.
Esta medida añade un nuevo Artículo 9-A al Plan de Reorganización Núm. 2-2011 del Departamento de Corrección y Rehabilitación para establecer una Carta de Dignidad Correccional para Mujeres. Busca garantizar derechos mínimos en higiene menstrual, salud ginecológica, embarazo, parto, posparto, lactancia, atención informada por trauma y vínculos familiares. Afecta directamente a mujeres bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Para crear la “Ley de Artículos Esenciales para la Población Correccional”, a los fines de establecer un catálogo mínimo de artículos esenciales que deberán estar disponibles en las instituciones correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación; disponer normas sobre inventario mínimo, suplido continuo, sustitución equivalente, acceso a artículos básicos de higiene, salud, comunicación mínima y cuidado personal; crear un mecanismo de kit básico institucional para personas confinadas indigentes o sin recursos suficientes; requerir planes de suplido, continuidad operacional y reservas institucionales ante emergencias; ordenar la adopción de reglamentación; y para otros fines relacionados.
La creación de la Ley de Artículos Esenciales para la Población Correccional, que establece un catálogo mínimo de artículos básicos (higiene, salud, comunicación, cuidado personal) que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) debe asegurar su disponibilidad en las instituciones. Impone requisitos de inventario mínimo, suplido continuo, planes de emergencia y un kit básico para confinados sin recursos, afectando directamente a las personas bajo custodia y la administración del DCR.
Para establecer la “Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales” con el propósito de establecer una política pública con parámetros uniformes para la evaluación de otorgación de licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales, implementar un proceso de calificación previa que le permita a las personas con antecedentes penales conocer con anterioridad si las circunstancias particulares de su caso son un impedimento para la obtención de la licencia ocupacional a la que aspiran solicitar.
La medida creaba la "Ley para Uniformar la Evaluación de Solicitudes de Licencias Ocupacionales por Personas con Antecedentes Penales". Establecería una política pública y parámetros uniformes para que las Juntas Examinadoras evalúen a personas con antecedentes penales al solicitar licencias ocupacionales. Incluiría un proceso de calificación previa vinculante para que los solicitantes conozcan de antemano si sus antecedentes son un impedimento, y limitaría la denegatoria de licencias a casos donde los antecedentes estén directa y específicamente relacionados con los deberes de la ocupación, imponiendo la carga de la prueba a la Junta Examinadora.
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